Se me dirá, entonces, por qué me refiero a esta cuestión si, en definitiva, no me considero autorizado a juzgar a los jueces chilenos por su comportamiento omiso durante los ominosos años de la dictadura de Pinochet. Ocurre sin embargo, que el hecho tuvo una repercusión —en nuestro país— digna de ser comentada, que es lo que haré.
En efecto, tras la difusión de la noticia referida, la prensa también difundió, acto seguido, la reacción que el acto de contrición de los jueces chilenos ocasionó en algunos de sus pares uruguayos. En efecto, desde la Asociación de Magistrados, surgieron voces que marcaron el diferente comportamiento de los magistrados compatriotas, en tiempos —de triste recuerdo— también dictatoriales, que durante once años tuvimos que soportar los uruguayos.
La diferencia radica, según los voceros de la Asociación de Magistrados, en que los jueces de esta tierra no tienen nada de que arrepentirse ni motivos para pedir perdón por su actuación durante el mal llamado gobierno “cívico-militar”, que clausuró el Parlamento, archivó la Constitución, pisoteó las libertades públicas y violó gravemente los derechos humanos de miles de compatriotas.
En líneas generales, comparto ese juicio. Pero hubo excepciones. Así el Dr. Enrique Tarigo, encumbrado y brillante luchador contra el gobierno de facto, así como el Prof. Luis Hierro López, fueron procesados por jueces penales del Poder Judicial. No por la Justicia militar —que no era justicia— a la cual se la había facultado inconstitucionalmente a juzgar a los civiles por la Ley de Seguridad del Estado, sancionada en abril de 1972.
Tal transferencia indebida de la competencia de la Justicia penal ordinaria para juzgar a los civiles a quienes la dictadura imputaba imaginarios delitos, es el hecho que impidió que los jueces penales, entre 1973 y 1984, tuvieran que juzgar a los civiles. De allí que se diga, con razón, que los magistrados uruguayos no tienen por qué pedir perdón por una sumisión que no exhibieron ante los detentadores del poder en aquellos tiempos del desprecio, al decir de André Malraux.
Pero ojo, como suele decirse. El hecho de que se les haya privado de tal competencia, ajeno a su voluntad, no habilita a suponer que si así no hubiere sido todos ellos no se hubieran igualmente prosternado ante los detentadores del poder. A la vista está, en el caso de Tarigo y Hierro López, quienes por su valiente prédica en pro del restablecimiento de nuestra abolida democracia, sufrieron dicho procesamiento por delitos inexistentes, dispuesto por dos jueces a quienes sería de mal gusto nombrar.
Descontamos que lo hicieron porque en caso contrario, hubieran sido destituidos por el ministro de Justicia. Dr. Fernando Bayardo Bengoa, quien pasó a la historia como el más que arbitrario titular de dicho cargo y no como el destacado profesor de Derecho Penal, que supo ser desde que, a edad temprana, se graduó de abogado.
Pero ello, si bien aminora la culpa de los dos jueces que, so pretexto de lo actuado por Tarigo y Hierro López desde las páginas del recordado semanario “Opinar”, no suprime su responsabilidad por haberlos privado transitoriamente de su libertad. No los nombramos porque sería de mal gusto hacerlo. Uno de ellos, recientemente jubilado, es por demás conocido.
Por otra parte, jueces hubo que se encaramaron en la entonces llamada Corte de Justicia, porque fueron genuflexos ante los que ocupaban el poder y estaban dispuestos a recibir órdenes de ellos. Y que, para lograrlo, cometieron la indignidad, antes de asumir sus cargos, de jurar respetar la Constitución archivada desde el 27 de junio de 1973, ante los Oficiales Generales, quienes, junto a los Consejeros de Estado, integraban el olvidado Consejo de la Nación. Todo ello, de acuerdo al Acto Institucional Nº 8 que, al crear el Ministerio de Justicia, suprimió la independencia del Poder Judicial.
Una decena de jueces —más o menos—, además de una juez se sometieron a tal indignidad para llegar a la Corte. Entre ellos, no olvidamos a los Dres. Gatto de Souza y López Rivas, porque fueron los más sumisos ante los detentadores del poder. En defensa de la verdad histórica, que conste así.
Sin embargo, frente al comportamiento deshonroso de dichos jueces, más que justo es recordar a quienes enaltecieron sus impolutas togas de magistrados con valientes actos de independencia frente a los crímenes y salvajadas cometidos por unas decenas de torturadores en los cuarteles, por órdenes de los jefes del Ejército y la Marina.
A tal efecto, recurrieron a un reportaje al eminente profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho, Dr. Jorge Gamarra, quien, cuando se perpetró el golpe de Estado, ocupaba desde hacía años el cargo de Secretario Letrado de la Corte, que siguió desempeñando unos pocos años más, por cuya causa vivió de muy cerca los hechos que narra en el antedicho reportaje.
El mismo, cuya lectura recomiendo, se publicó en el hermoso libro que la Suprema Corte editó en el año 2007, con motivo de cumplirse el centenario de su creación por la Ley Nº 3.246, de 28 de octubre de 1907. Narra el Dr. Gamarra, en ese reportaje que no tiene desperdicio, ciertos hechos ignorados que enaltecen la ejecutoria sin máculas de un puñado de ministros de la Suprema Corte y de algún otro valiente juez. Reproducimos las palabras de este notable civilista, porque no queremos correr el riesgo de alterar su relato. Dijo, por ejemplo, el reporteado:
“En la década del 70 llegó la dictadura y en la Suprema Corte estaban Edenes Alberto Mallo, Alberto Sánchez Rogé y Carlos Dubra”. Nombra solo a estos tres integrantes de la Corte porque fueron quienes dieron el ejemplo en defensa de la independencia del Poder Judicial y del ejercicio cabal del control de la constitucionalidad de las leyes.
En este último sentido, expresó el Dr. Gamarra: “En la predictadura, cuando los primeros estudiantes fueron asesinados en las calles de Montevideo, la Corte tuvo que pronunciarse sobre la excarcelación del policía que dio muerte a Líber Arce. No cito los nombres de los ministros que la otorgaron, en cambio, importan los magistrados discordes Mallo y Sánchez Rogé”.
“La Ley de Seguridad del Estado también ingresó a la Corte, impugnada de inconstitucionalidad cuya tramitación dio motivo a un memorable informe in voce del inolvidable Dr. Carlos Moreno, quien en un espléndido alegato demostró la burda inconstitucionalidad de aquella ley nefasta. Sin embargo —prosigue Gamarra—, “fue una batalla perdida, el recurso de inconstitucionalidad se rechazó por mayoría, a partir de ese momento los militares podían juzgar a los civiles y la toga cedía ante las armas. Otro honor siguió en pie; en la Corte, dos jueces, Mallo y Dubra, votaron discordes la sentencia Nº 65, del 5 de abril de 1974”.
Luego recuerdo lo actuado por el valiente Juez Letrado de Rocha, Dr. Hugo Forni Bell, quien fue uno de los primeros magistrados destituidos. En los comienzos de la pesadilla, el 4 de setiembre de 1973, los familiares del estudiante De los Santos recibieron el cadáver de su hijo, detenido militar, con el cuerpo destrozado por la tortura. Presentada la denuncia, el magistrado asume jurisdicción de urgencia, durante la cual es labrada un acta describiendo las lesiones mortales (que fueron fotografiadas) en presencia de once testigos invitados (médicos, escribanos, abogados y el Juez de Paz de la 1ª sección). La autopsia fue realizada por el médico del Servicio Público Departamental y el forense de Montevideo. De inmediato, un juez militar planteó contienda de competencia y el expediente fue elevado a la Corte”.
¿Qué ocurrió en ella? Lo narra así el Dr. Gamarra: “Existía el riesgo de que esta prueba primigenia pudiera desaparecer si el expediente era derivado a la Justicia militar como luego ocurrió. Para evitarlo hablé con Mallo y resolvimos invertir el orden de las firmas de la sentencia, porque los miembros militares —o sea los conjueces— que actuaban en último término, no habrían admitido la transcripción completa del expediente que realizó Mallo al redactar su voto discorde. Pensamos que los militares posiblemente no iban a advertir que faltaba Mallo y así sucedió. Mediante este artificio la prueba de una muerte por torturas pasó a formar parte de una sentencia de la Suprema Corte incorporada al decreto (Nº 203), del 22 de julio de 1974”.
Finalmente, una anécdota personal, que en parte me servirá para saldar una deuda que contraje con el Dr. Carlos Dubra en el año 1980. En diciembre de 1980 fui procesado por la Justicia penal por el supuesto delito de “atentado a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”. Y, tras de cuernos palos, el Supremo Tribunal Militar remitió a la Corte mi expediente, con el pedido de que esta me suspendiera en el ejercicio profesional, lo que era mucho más grave que el dicho procesamiento.
Yo no me quedé de brazos cruzados. Pedí una audiencia a los cinco miembros de la Corte, de la que Dubra era el único que había ingresado a ella con arreglo a la Constitución. Todos me la concedieron, pero Gatto de Souza y López Rivas me maltrataron, como si yo les hubiera planteado una pretensión disparatada. Es que no estaban dispuestos a malquistarse con el Supremo Tribunal Militar.
El Dr. Dubra, por el contrario, me recibió cortésmente y me aseguró que mientras él estuviera en la Corte —le faltaban dos años para cesar por cumplir diez años en el cargo— yo seguiría ejerciendo mi profesión. Y así fue. ¿Cómo lo logró? Muy simple: cada vez que el expediente llegaba a la Corte, en el acuerdo Dubra pedía, como medida para mejor proveer que el expediente volviera al Supremo Tribunal a fin de requerirle cierta información, previo paso por el Ministerio de Justicia, Así lo hizo varias veces. En cada una de ellas, transcurrían varios meses mientras el expediente “viajaba” desde la Corte al Supremo Tribunal y, luego, desde este a la Corte. Pero, al cesar el Dr. Dubra en esta, en poco menos de un mes, la Corte me inhabilitó para ejercer mi profesión, lo que me ocasionó un grave daño moral y económico.
Ello ocurrió en 1982 y tal situación perduró hasta 1984, en que el general Raimúndez, quien me conocía de mi concurrencia a la Comaspo como delegado del glorioso triunvirato del Partido Nacional en las negociaciones que en 1981 condujeron a la sanción de la ley que habilitó a los partidos tradicionales a celebrar (las elecciones internas) en noviembre de 1982, prácticamente ordenó al Supremo Tribunal que me sobreseyera y archivara mi causa, lo que este hizo de inmediato. Y así terminó mi “vía crucis”.
Gonzalo Aguirre Ramírez
Ex vicepresidente de la República
Pueblo Garzón
Sr. Director:
Los vecinos de Pueblo Garzón nos dirigimos a Ud. para informarle que está en proceso un movimiento de oposición al proyecto de ensanchamiento de Pueblo Garzón que fuera destacado en la publicación del día sábado 7 de setiembre en el diario “El País”.
Además de adjuntarle lo resuelto hasta el momento por la Justicia a instancias del Fiscal de 3er. Turno Dr. Enrique Viana, queremos destacar que la Intendencia de Maldonado ha convocado para el día 20 de setiembre una segunda Audiencia Pública a pesar de que en la primera, realizada el 30 de julio, se constató claramente que la iniciativa no contaba en absoluto con el apoyo mayoritario que impone la ley para la implantación de un emprendimiento de estas características.
Entonces, cabe preguntar, ¿por qué la IDM insiste con una segunda Audiencia si ya se realizó una, tal cual estipula la ley, y el resultado incuestionable fue contundentemente negativo?
También ponemos en vuestro conocimiento que se han presentado oposiciones formales, con el debido fundamento legal y, a la fecha, la IDM no ha dado ninguna respuesta.
Los vecinos de Pueblo Garzón somos actores directamente afectados por el impacto que este emprendimiento tendría en nuestras vidas, fundamentado en el informe técnico preliminar que hemos recabado.
Es necesario partir del obvio logro reciente de que Pueblo Garzón es uno de los pocos casos en Uruguay de pequeño pueblo cuyo proceso de degradación y de decrecimiento se detuvo y mitigó gracias a un sensible manejo, reinversión y reconversión del mismo. Para ello coadyuvaron las acciones de diversos operadores privados, entre ellos la acción pionera y desencadenante del establecimiento de Malmann. Es así como Pueblo Garzón se ha constituido en un “pueblo campo”, con una marca internacional en la materia.
Surge del estudio de la documentación del proyecto, que se trata de una actuación urbanística que incorpora dos grandes polígonos con un total de 38 hectáreas, al este y al oeste de Garzón.
Esta área urbanizable es más de dos veces la actual planta urbana, de tan solo 18 hectáreas. Por tanto, esto supondría una fuerte transformación de su carácter, vinculado al cambio de escala del nuevo conjunto, dada su gran extensión relativa. Seguramente se pasará del actual carácter de “pueblo campo”, casi una aldea, a un centro urbano mayor, de carácter aún incierto.
En términos urbanísticos, se podría hablar de una mutación urbanística, un cambio sustantivo del carácter de pequeño pueblo de baja ocupación que flota en un paisaje rural, un impacto que ha sido soslayado en la valoración presentada.
La integración de la intervención nueva y de la vieja, también es incierta. Solo se presentan los perímetros de actuación y una muy mínima regulación arquitectónica, sin el trazado concreto de manzanas y parcelas, sin un “proyecto urbanístico de detalle” acorde al valor patrimonial del conjunto, como un “pueblo campo” que es.
Si bien la regulación urbanística prevé predios de 4.000 m2, se habilita el fraccionamiento hasta solares de 1.000 m2, con un factor de ocupación del suelo de un 50%.
Además, la altura máxima de edificación propuesta, de 9 metros (tres pisos), es totalmente incompatible con el entorno. No se trata de Montevideo, más considerando que no se exigirían retiros frontales.
Está claro que en los documentos del proyecto analizados se soslayan, permanentemente, los riesgos derivados de alterar el actual carácter de “pueblo campo” de Pueblo Garzón, y el indudable impacto negativo que tendrá.
Se está frente a una propuesta de extensión urbana que vulnerará y cambiará el actual carácter de “pueblo campo”, que se levanta en una más amplia vecindad rural “vacía”, a modo de comarca, con su singularidad paisajística. Este tipo de transformaciones y cambios de escala, son de los retos políticos y de gestión más delicada en las áreas turísticas, como bien se evidencia en Maldonado, Rocha y Colonia, lo cual es de especial cuidado a nivel internacional.
Además, se pone en riesgo al actual conjunto, pudiendo “caer” Pueblo Garzón como uno de los productos turísticos emblemáticos de Maldonado.
Existen también otras irregularidades en el proceso, y solo a modo de ejemplo, señalamos que no se cumplió con lo establecido en el Artículo 45 del Decreto Departamental N° 3866/2010, el cual establece claramente que para el desarrollo de una Audiencia Pública “se invitará a participar de la Audiencia Pública al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como a los Ministerios y demás dependencias del Estado y los entes y servicios descentralizados, que tengan competencia o incidencia en el área territorial que se trate”.
Ante dicha omisión, hemos solicitado formalmente por escrito a la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, que tome posición al respecto y aún no hemos tenido respuesta alguna.
Saludamos al Sr. Director con nuestra más alta estima.
Ma. Teresa Hernández (CI 4.075.684-5), Lautaro Núñez (CI 4.170.223-7), Claudia Barrios (CI 4.621.111-2), Washington Lema (CI 2.808.597-3), Marisa Bentancor (CI 3.879.347-5), Julio Souza (CI 2.876.071-1), Sylvia Núñez (CI 2.670.326-8), Enrique Conde (CI 3.478.865-0), Alba Marta (CI 4.474.414-9), Oscar Conde (CI 5.617.850-6), Jonhathan Núñez (CI 4.688.201-2), Olga Techera Nievas (CI 3.499.098-4), Lauriano Núñez (CI 3.135.342-8), Mariano Piñeyrúa (CI 4.190.299-6), Ricardo Segundo (CI 1.468.197-7), Gustavo Posse (CI 4.998.186-9), Javier Gentile (CI 5.383.648-7), Marcos Danticq (CI 5.953.807-2), Silvina Tocchetti (CI 2.674.204-0), Juan Pablo Clericci (CI 1.555.206-2), Fanny Morere (11CP16777, Francia), Romain Dussaulx (10CY81051, Francia), Alessandra Sly (92.900.265, Reino Unido), Ricardo Sly (DNI 11.266.086, Argentina), Patricia Luteral (DNI 12.205.917, Argentina), Daniel Goldberg (DNI 10.889.341, Argentina), Bruno Varela (CI 3.529.649-6), Hannah Sandling (509174830, Reino Unido), Eva Claessens (EI013838, Bélgica), Elizabeth Maconochie (094591917, Reino Unido), Carmen Gomensoro (CI 1.700.377-8) y Kenneth Prevett (CI 1.649.046-3)
Documentos analizados
Arq. Real & Asociados (setiembre 2012). Pai fraccionamientos en pueblo Garzón Maldonado. Síntesis actualizada de propuesta
Grupo Gesta - Latchinian, Aramis (julio 2012). Informe de evaluación ambiental estratégica del programa de actuación integrada de pueblo Garzón, Maldonado
El asesinato de Ernesto Cajaravilla
Sr. Director:
Sentida pérdida para el deporte uruguayo. El deporte uruguayo y el movimiento olímpico se han visto conmocionados por la abrupta desaparición física de Ernesto Cajaravilla, quien a la fecha y desde 1985, se desempeñaba en forma honoraria como presidente de la Federación Uruguaya de Patín y Hockey.
Ernesto Cajaravilla, trabajador jubilado del transporte, dedicaba todo su tiempo libre al desarrollo y promoción del deporte, con entrega y devoción. Fue miembro del Directorio del Comité Olímpico Uruguayo entre 1991 y 2012, ocupando en diferentes etapas los cargos de vocal, protesorero, primer vicepresidente y secretario general, contribuyendo a la difusión de los valores educativos y sociales del olimpismo.
Participó en esos períodos en asambleas y reuniones internacionales, habiendo sido jefe de varias delegaciones olímpicas.
Actualmente, integraba la Comisión Técnica de la Organización Deportiva Suramericana, encargada de la organización de los Juegos Suramericanos de Playa, siendo un dirigente de prestigio y reconocido internacionalmente.
Agradeciendo la difusión que brinden a esta comunicación, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy cordialmente.
Comité Olímpico Uruguayo
Nota de Redacción. Según “El País” de ayer, miércoles 18, el Sr. Cajaravilla fue asesinado el lunes 16 en la entrada de la casa de su hija que había regresado de España ese día, en Lomas de Solymar. Delincuentes que pretendían asaltarlo lo balearon porque Cajaravilla se resistió al robo. Tenía 63 años de edad.
170 años de “The Economist”
Sr. Director:
Hace 170 años, 2 de setiembre de 1843, se fundaba en Londres “The Economist” por James Wilson, para oponerse a los impuestos a la importación de granos a Gran Bretaña, siendo desde esa época un punto de referencia obligado en el periodismo y para el pensamiento liberal-progresista mundial.
En su versión digital, se abrió un blog donde sus editores explican sus principales orientaciones. Una de ellas se titula: “¿Es ‘The Economist’ de izquierda o derecha?”, que en momentos de confusión de ideas es una brillante declaración de principios que echa luz para entender por dónde tendría que ir la visión del mundo.
El artículo hace referencia a otro publicado el año pasado, titulado “El verdadero progresismo”, donde desarrolla las bases sobre las cuales se apoyan sus análisis económicos, políticos y culturales.
En este documento donde repasa el desarrollo de las sociedades modernas, y en especial el comienzo del siglo XX, recuerda la “era progresista” de 1900, donde se construyeron las bases del llamado “Estado del bienestar” que permitieron atender las grandes desigualdades y dramas sociales de la época, reclamando que ahora la “política moderna necesita una similar reinvención para desarrollar vías para mitigar la desigualdad sin castigar el crecimiento económico. Este dilema está ya en el centro del debate, pero produce principalmente calor, no luz”.
“Nosotros apoyamos la libre empresa que tiende a favor de la desregulación y la privatización. Pero también queremos el matrimonio gay, la legalización de la drogas y rechazamos la monarquía. ¿Es este periódico de derecha o izquierda?”, se pregunta.
“En el centro lo que existe es una carencia de ideas. La derecha todavía no está convencida de que la inequidad importa. La izquierda falla en su postura de elevar impuestos a los ricos y aumentando el gasto todavía más, a pesar de que el enlentecimiento del crecimiento económico necesita atraer emprendedores”, agrega.
Detalla luego la necesidad de mejorar la calidad del gasto del gobierno, apoyando realmente a los sectores pobres y jóvenes, fundamentalmente mejorando la educación, como forma de crear realmente oportunidades.
“Mucho más dramático, tenemos que repensar todo: llamamos a esto Verdadero Progresismo”, finaliza.
Cuando en la comarca la “máquina de prometer” se está por poner en funcionamiento sería bueno echar una mirada a lo que escribe “The Economist” y saludar sus 170 años.
Daniel Pírez
CI 1.353.294-5
IMAE cardiológico en el Hospital Militar
Sr. Director:
En el semanario Búsqueda Nº 1.729 de fecha 5 de setiembre del corriente, aparece un artículo titulado “Próxima instalación de IMAE Cardiológico en el Hospital Militar genera controversia en el oficialismo y la academia, y acelera apertura del primero en el interior”
¿Cuál es el verdadero motivo de la disputa en la interna del Frente Amplio?Sin entrar en consideraciones técnicas ya que estas les competen a quien corresponda, quiero decir que la intencionalidad política sigue siendo la misma, atacar a las FF.AA. No importa si esto afecta a más de 200.000 usuarios que posee la Sanidad Militar. Tampoco importa que ya funcione con total éxito un IMAE Hepático multidisciplinario, integrado por médicos del hospital de Clínicas, que seguramente tengan filiación política de todos los partidos.
Con esto no pretendo defender una iniciativa del Partido Comunista, simplemente pretendo que se reconozca la calidad de los profesionales del Hospital Militar así como el compromiso asumido por esta institución en pro de una mejor atención para sus usuarios. La contratación del Dr. Casinelli como la del Dr. Lorier, sobrino del Senador, junto a la instalación del IMAE cardiológico sería fundamental para continuar en la mejora de los servicios.
Detrás de esto no hay un beneficio económico, simplemente es asignar los recursos a quien mejor los puede aprovechar y reconocer a una institución pública, como es el Hospital Militar, bien gestionada y administrada.
Para finalizar quiero aprovechar la oportunidad para relatar algo que me sucedió en el año 1998 cuando fui revascularizado en el Sanatorio Impasa, operación de alto riesgo, paciente diabético e hipertenso donde me realizaron 4 bypass coronarios y hoy a mis 77 años sigo vivo. ¿Quién realizó esa operación que me salvo la vida? Nada más ni nada menos que el Dr. Casinelli y su equipo. Un cirujano de conocida filiación comunista opera y le salva la vida a un conocido militar que los combatió durante los 70, entonces ¿cuál es el problema que el Hospital Militar los contrate?Algunos dentro del Frente Amplio se oponen a esto, aquí no se trata de política partidaria, tanto los profesionales como las instituciones de la salud deben estar por encima de esto y preocuparse por los usuarios, quienes en definitiva son el motivo para el cual se forman los médicos y se financian las instituciones de la salud.
Cnel. (R) Ernesto Ramas
CI 707.695-5
“Diversidad sexual” en las escuelas
Sr. Director:
Violación de la laicidad por parte del Estado. Según consigna Búsqueda del 12 de setiembre ppdo., Enseñanza Primaria decidió impartir talleres sobre “diversidad sexual” y realizar afiches contra la homofobia y transfobia.
El Estado, así como no debe tomar parte a favor de una religión positiva porque ello iría en contra de la laicidad, conforme a la Constitución de la República tampoco puede, sin violar la laicidad, manifestarse a favor de la “ideología de género”, que sostiene en forma totalmente artificial que el sexo atribuido en el momento de la concepción no es relevante —a pesar de la evidencia de los pares de cromosomas, que ninguna cirugía puede mutar—, sino que cada persona puede elegir el género que desee y cambiarlo cuantas veces quiera, por ser el mismo una construcción cultural. Además, viola el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, reconocido también por la Carta Magna.
Ya la “ley de salud sexual y reproductiva” viola la laicidad al pretender la imposición por parte del Estado de una sola visión sobre el sexo: solo la del placer, obligando a los centros de salud a prácticas consiguientes con esa visión, incluso prescindiendo de la patria potestad de los padres cuando de menores se trate.
Esa misma violación la vimos con estupor hace algunos meses, con carteles a favor del aborto colgados en los vidrios de la Facultad de Ciencias Sociales, ante la pasividad de las autoridades.
Esperamos que la oposición reaccione ante otro hecho grave llevado adelante por un organismo del Estado y en este caso con lo más valioso de una sociedad: la educación moral y física de los niños y adolescentes.
Dr. Carlos Álvarez Cozzi
CI 1.595.891-7
