Cuando se produjo el terrible atentado, World Trade Center Montevideo estaba funcionado con una de las Torres Gemelas proyectadas y la Galería sobre la Av. Dr. Luis Alberto de Herrera.
Hoy, 11 de setiembre de 2013, tenemos 5 torres, un moderno y funcional auditorium, una zona franca única en su género por su dimensión internacional, tres galerías y una Plaza de Esculturas. Albergamos más de 500 empresas de Uruguay y de numerosos países del mundo. La marca World Trade Center se ha impuesto. Es símbolo de excelencia, internacionalidad y pujanza, al tiempo que da trabajo y perspectivas de futuro a numerosas personas dentro y fuera de nuestro complejo edilicio. Somos respetados porque estamos cumpliendo con lo prometido.
Esa es la gran diferencia entre quienes se congregan para destruir, usar la violencia y sembrar el miedo y la desconfianza, y todos los otros, que somos inmensa mayoría en el mundo, que trabajamos día a día, que luchamos por ser mejores, que respetamos los valores de la convivencia y el respeto, y que bregamos no sólo por alcanzar los grandes objetivos, empresariales y profesionales, sino que servimos con orgullo a las comunidades de los países donde vivimos.
En este nuevo aniversario, rendimos homenaje a las víctimas de la agresión terrorista, a sus familias y amigos, y renovamos nuestro compromiso de seguir creciendo y mejorando día a día la gran misión del World Trade Center. En Uruguay seguiremos cumpliendo con este compromiso, que lo proclamamos el 4 de abril de 1994, fecha en que colocamos la piedra fundamental donde hoy se yerguen nuestros edificios, en presencia entonces del fundador y presidente emérito de la World Trade Centers Association, Guy F. Tozzoli, quien ya no está físicamente con nosotros, pero nos sigue inspirando desde la eternidad.
Prof. Nelson Pilosof
Presidente
World Trade Center Montevideo
Minería (I)
Sr. Director:
Aratirí. Como ciudadano común, y gracias al acceso a esta sección de cartas de los lectores, voy a dar mi opinión sobre un asunto que puede ser muy importante para el futuro del Uruguay. Un proyecto de megaminería como el que se propone es, en realidad, dar satisfacción a la voracidad insaciable de un mundo consumista que no tiene límites. Al poder económico que domina el mundo comercial nada lo detiene. Para el Uruguay, país de relativamente poca superficie, ese proyecto significa la destrucción para siempre de miles de hectáreas de nuestro suelo a cambio de tal vez 20 o 30 años de trabajo para unos centenares de personas. Este tiempo es el de una o poco más generación que pasa como un suspiro y al final quedará un terrible agujero en nuestros campos.
Uno se imagina la ansiedad de algunos (no todos) propietarios de campos afectados por embolsar muy buenos dólares, la de bastante gente por obtener un trabajo más o menos bien remunerado y la de muchos políticos por creer ingenuamente que estos ingresos aparentemente fuertes vayan a solucionar al menos en parte lo que se puede solucionar con dinero.
Creemos que todo esto es satisfacción momentánea; o sea, pan para hoy y desastre ecológico para mañana.
Dicen que al socavón resultante le harán no sé qué tratamiento para que quede algo prolijo. No creo en esto para nada.
Dicen que una inversión tan importante le dará al país la posibilidad de obtener fuertes recursos económicos para proyectos varios de futuro. Menos lo creo todavía porque no creo en la mayoría de los políticos. Estamos demasiado acostumbrados a que se destinen los recursos a pagar deudas a darle plata fácil a muchos (no todos) que no gustan de trabajar y a pagar un montón de sueldos inútiles.
Al inversor extranjero poco o nada le importa el Uruguay. Porque cuando exprima nuestra riqueza natural, se marchará a otro lugar a repetir lo mismo.
Por todo esto, me uno a esos habitantes de nuestra campaña que se manifiestan contra tales proyectos porque aman esa tierra en la cual habitan. Tierra que aunque no sea de primer nivel en cuanto a productividad, siempre será posible utilizarla de acuerdo a nuestros esquemas productivos. Con la minería se destrozan para siempre. Si hay bajo ese suelo riqueza mineral codiciada, que duerma allí tranquila. Creo que por ahora no es para nada oportuno extraerla. La empresa extranjera que satisfaga sus insaciables deseos en otra parte.
Los beneficios que dicen que podrían dejar a la larga serán puro verso.
Si se quiere que el Uruguay sea un país de primera, mucho antes que resolver lo económico hay que ocuparse de lo cultural, lo cual, por supuesto y siempre y cuando haya voluntad en los políticos y en la gente, lleva mucho tiempo.
Antonio J. Nicodemo
CI 847.253-8
Minería (II)
Sr. Director:
Espero que les sea de interés la carta abierta al presidente de la República, que le estoy enviando.
Saludos,
Raúl E. Viñas
Sr. Presidente.
Me dirijo a Ud. como ciudadano para solicitarle que no acepte y devuelva Ud. al Parlamento el proyecto de ley para regular la minería de gran porte.
Motiva la presente que tal como fue aprobado, el texto de la ley incluye disposiciones que son contrarias a los intereses de nuestro país.
Específicamente:
— La definición limitada y especial para la minería de gran porte de los “conjuntos económicos” del artículo 10, favorece la defraudación fiscal.
— La potestad de hacer minería de gran porte en todo el suelo “rural” (artículo 7) va en contra del ordenamiento territorial al no reconocer la división entre suelos rurales productivos y naturales del artículo 31 de la ley 18.308 (Ley de Ordenamiento Territorial).
— La ley dispone que la información para justificar la racionalidad de la explotación solo se presentará al Estado al momento de la firma del contrato (artículo 25).
— La ley no incluye ningún mecanismo de control para la calidad del material que se exporte, lo que hace inefectiva la fijación de precios de referencia para la liquidación de impuestos del artículo 108 que se agrega al título 4 del Texto Ordenado de 1996 por el artículo 42 de esta ley.
— En el texto aprobado, el Estado por omisión renuncia a su derecho y obligación de regular la extracción de minerales, permitiendo así la explotación depredadora que llevará al rápido agotamiento de recursos finitos no renovables, para exportarlos sin valor agregado nacional.
Hago propicia la oportunidad para sugerirle solicite a sus asesores una revisión de las proyecciones económicas, ya que de manera alguna es posible que el Estado reciba por los impuestos previstos en este proyecto de ley, sumas siquiera parecidas a las de 500 millones de dólares en los primeros años y hasta 1.000 millones en los años siguientes, como ha sido ampliamente difundido.
Aclaro que no formo parte de ningún grupo ambientalista, no tengo campos en las zonas potencialmente afectadas ni intereses económicos particulares en la actividad agropecuaria.
Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes por cualquier aclaración o ampliación, lo saluda atentamente,
Raúl E. Viñas
CC BUB 27810
Meteorólogo MSc
Otro robo
Sr. Director:
Profundamente agradecidos. Hace cuatro meses cambiamos nuestro auto. Cuando estaba por cumplir tres meses en nuestro poder, lamentablemente nos lo robaron.
Si bien esto nos acarreó todo tipo de inconvenientes y perjuicios, de los cuales no es el mayor, seguir sin auto un mes después, dado que no sufrimos ningún daño físico, el consenso general nos remite al título.
Ana Gebelin
CI 967.165-8
¿Apoyo a un abusador?
Sr. Director:
Del abuso sexual infantil a la avioneta de Ancap pasando por la Casita del Parque. ¿Qué hacía Raúl Gómez Cincunegui en la cordillera de los Andes? ¿Andaba detrás de las Momias de Llullaillaco o de los Niños del Volcán, como se conocen los tristemente célebres cuerpos de aquellos tres niños incaicos que, víctimas de la cultura de sus mayores, fueran hallados en la cima del volcán que lleva ese nombre? ¡Qué extraña historia la de este uruguayo! Porque muchas cosas quedan aún por saberse. Aunque una parece estar clara, y es que el ingreso de Gómez Cincunegui a la cordillera de los Andes, su permanencia en ella y su aparición entre las nieves eternas, nada tienen que ver con la aventura de un idealista que se perdió en la montaña. De más está decir que nada de lo de Gómez Cincunegui tampoco se debe asociar con los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, ni con alguna otra causa quijotesca que emprende a veces el hombre y que se ve interrumpida por lo imprevisible (o por lo no tanto). Porque, más que a turismo aventura, todo lo de Gómez Cincunegui “huele” a huida, mientras no se demuestre lo contrario. De ahí que a la mayor brevedad se debiera dar respuesta a las siguientes dos preguntas:
Primera: ¿existe relación entre la aparición de Gómez Cincunegui en la cordillera y el abuso sexual infantil sobre el que dicho señor parecería tener una causa abierta en Chile? Porque, si tal delito existió, la prioridad debería estar puesta en velar por la suerte del niño y en colaborar para que se haga justicia, antes que convertirlo en una pobre víctima.
Segunda: ¿qué tiene que hacer la aeronave de Ancap puesta a disposición de los familiares de Raúl Gómez Cincunegui para viajar a Chile a encontrarse con él? Realmente insólito, incomprensible, y digno de que, sin dilación alguna, se den las explicaciones del caso. Porque la ética, de la que tanto se habla en estos días, no es sólo cosa de lo que deben hacer los demás. Más aún la ética pública, de la que debería poder extraerse ejemplo para todos los ciudadanos.
Es noticia de todos los días que el FNR tiene grandes restricciones para facilitar medicamentos a personas que padecen graves patologías. ¿Cómo se entiende entonces que Ancap pueda poner su avión, recientemente adquirido, para dar apoyo a un presunto prófugo uruguayo requerido por la Justicia chilena? ¿Qué motivos existieron para que se tomara tal decisión y quién se habrá de hacer cargo de la erogación que eso supone? Raro Llanero Solitario parecería haberse vuelto nuestro enmascarado Ancap que, en vez de salir a la caza de los “malvados”, se preocupa por dar apoyo logístico, no a los aliados de la justicia, sino a los del prófugo. Paradoja.
Si todo esto no se aclara, quedará como una más de las tantas tristes postulaciones al Guinness que estamos teniendo los uruguayos en estos días. Como podría ser la escena —más propia de “Avda. Brasil” que de un informativo central de televisión— que muestra a Horacio de los Santos, ex secretario de la Intendencia de Paysandú, acusado y luego procesado, entre otras cosas por involucramiento en actividades sexuales con menores, saliendo del juzgado a los besitos (sic) con su esposa, mientras su hija procura taparle el rostro con una campera para evitar que las cámaras lo enfoquen. Triste y de novela. Y nuevamente, ¡oh paradoja!, los varones no estamos solos a la hora de imponer culturas machistas. Tampoco las mujeres de Gómez Cincunegui quisieron dejarlo solo y contaron para ello con Ancap. No nos parece mal lo de atender al enfermo. Pero, ¿ni una sola palabra sobre lo que piensan todas esas personas sobre el hecho de que haya existido un abuso sexual infantil, y sobre su disposición a colaborar con la Justicia? Porque de ser cierto, con lo que estaríamos de acuerdo sería con que se lo fuese a visitar a la cárcel.
Lic. Alejandro Bonasso
CI 807.357-8
Automóvil Club del Uruguay
Sr. Director:
Como socio de dicha entidad quiero destacar un hecho puntual que generó una actitud del ACU que es para destacar. El día 14 del mes pasado pedí un auxilio para trasladar desde una dirección hasta otra donde iban a efectuar una reparación a un auto de mi propiedad. Al bajarlo el conductor comete un error que ocasionó un daño en la parte trasera del mismo, por lo cual ante la queja mía por el daño ocasionado el chofer dio parte a un supervisor quien denunció el hecho ante las autoridades responsables y el asunto en cuestión fue reparado muy bien y rápidamente.
Al agradecer dicha actitud expreso mi agradecimiento a los señores Raúl Espiñera y a Gonzalo Viña, gerente uno y encargado el segundo de los talleres de ACU.
Saluda atentamente.
Jorge Pavoni
Socio Nº 856.472
Educación y trabajo
Sr. Director:
La vida de las personas, y la vida de los pueblos, se basan en un constante tomar decisiones y buscar soluciones.
Los distintos problemas se nos presentan día a día, desde el más pequeño hasta el más importante en nuestras vidas, y constantemente nos vemos obligados a tomar decisiones para solucionarlos de forma definitiva o momentánea, para retomarlos luego.
También es parte de nuestro constante decidir el organizar nuestros problemas en distintas prioridades y así poder solucionar desde lo más importante en primer lugar, hasta lo más pequeño.
Mirando un poco la realidad de nuestro país y la educación que hoy tenemos para brindarles a nuestros niños y jóvenes, demuestra claramente que en los últimos 20 años para ninguno de los gobiernos la educación fue un problema prioritario, y digo problema y no tema, porque en eso se ha convertido, no en un tema a tratar de cómo mejorar lo que tenemos, porque consideramos que estamos en el buen camino, sino que hoy es un problema que aparenta haber tocado fondo, siendo en 2013 el país de toda Latinoamérica con mayor deserción en educación, de todos los estratos sociales.
Esto último demuestra claramente que no es un problema económico y tampoco político partidario, sino que claramente es un problema cultural. Esto quiere decir que está incorporado en la cultura uruguaya que el estudiar, prepárase y superarse como ser humano, no sirve para salir adelante en la vida, sino que se han instaurado en la mentalidad de los jóvenes otras culturas como la del empleo público como solución a nuestras vidas, por lo que todo ello implica que si no hacés nada y no tenés nada, el Estado te va a ayudar y tu vida sigue sin problemas.
Recuerdo un comentario del gremialista Richard Read donde él decía que recordaba cómo su padre era un gran trabajador, que salía desde muy temprano a cumplir con sus tareas, para darle lo mejor a su familia, y así él fue criado en la cultura del trabajo, para hoy ser un buen laburante como se dice en la jerga popular, y esta cultura se está perdiendo y no de a poco.
Lamentablemente este país, gracias a las malas decisiones de quienes nos gobiernan, está perdiendo cultura en todos sus ámbitos y está perdiendo valor como sociedad.
No es novedoso decir que con menor educación hay mayor inseguridad, porque la gente se cría sin cultura, tomando malas decisiones por no poder discernir entre lo bueno y lo malo, y muchas veces terminar en la delincuencia. Hay menor salud porque la gente no tiene educación en cómo cuidarse y prevenir y por lo tanto más gasto para la Salud Pública, hay menos puestos de trabajo porque no hay gente calificada para cubrirlos, pero sí hay mayor inversión en tecnología para suplir esos puestos y, por supuesto, la sociedad como tal pierde valor en sí misma.
Las preguntas que muchos nos hacemos son: ¿no se buscan soluciones para cambiar esta realidad porque se cree que no estamos tan mal o porque los intereses políticos lo impiden? ¿Será una sociedad inculta más fácil de manipular para esos intereses? Muchos creemos que sí, y no importa cuál va a ser la situación a largo plazo; no se ve mas allá que la próxima campaña.
Lamentablemente las decisiones políticas de un gobierno no se toman en función del interés social; se toman simplemente midiendo costos políticos.
Patricio Vázquez
CI 3.090.408-6
Achar (Tacuarembó)
Impuesto a los jubilados
Sr. Director:
La Constitución, los derechos humanos y el IASS. En la Constitución existe un artículo exclusivo y especial para “las asignaciones de jubilación y pensión”: el 67. No cumple una función decorativa. Integra la sección Derechos, Deberes y Garantías y reconoce uno de los derechos humanos fundamentales para quienes por edad o por disposición legal, deben abandonar su vida activa: el derecho a un retiro adecuado. Sin embargo la Ley 18.314 creó un impuesto groseramente violatorio de ese artículo 67: el IASS.
El Estado no puede crear y recaudar arbitrariamente cualquier impuesto. Esa facultad está limitada. La competencia otorgada por la Constitución a la Asamblea General (art. 85 Nº 4) no es absoluta; es limitada por la propia Constitución y en lo que respecta a jubilaciones y pensiones, por su artículo 67.
Desde 1934 en que el Estado uruguayo comenzó a autolimitarse en materia de prestaciones sociales, nuestro ordenamiento constitucional, en el hoy artículo 67, reconoce entre los llamados derechos individuales o derechos humanos, el derecho de los “trabajadores, patronos, empleados y obreros” a que se les garanticen “retiros adecuados…” estableciéndose las garantías para proteger ese derecho.
Cuando en la reforma de 1989, con el apoyo de más del 80% de los habilitados para votar, se le agregaron nuevos incisos, fue para independizar a las jubilaciones y pensiones de cualquier decisión que pueda afectar el valor mínimo que establece la Constitución (“retiros adecuados”), limitándose esa potestad tributaria del Poder Legislativo para obtener recursos para el Estado mediante la congelación de esas prestaciones sociales o aplicándoles algún gravamen que disminuya lo determinado por la norma fundamental.
El artículo 67, inciso 1º, dice: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios”. Es una norma imperativa: obliga al Estado. Dice: “se organizarán” y no “se podrán organizar”. Obligatoriamente se deben “garantizar” “retiros adecuados”. Si las jubilaciones y pensiones no son adecuadas el Estado debe hacer los esfuerzos para garantizar que lo sean. No puede disminuirlas: las haría más inadecuadas. Si son adecuadas no puede hacerlas inadecuadas aplicándoles un impuesto u otro recorte que las disminuya.
El inciso segundo establece: “Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”. Es una norma imperativa pero además prohibitiva. “No podrán ser inferiores”, dice. El Estado no tiene posibilidad de disminuir, por ningún medio, lo que resulte de los ajustes fijados de acuerdo a “la variación del Índice Medio de Salarios”. Si lo hace, el acto legislativo será inconstitucional por ser contrario a una disposición prohibitiva de la Constitución. Basta sustituir la palabra “ley” por “Constitución” para apreciar lo acertado del concepto de Chacón: “Como la ley es fuente de derechos lícitos, siempre que ella decreta una prohibición lo hace con el fin de precaver un fraude o de evitar que produzcan derecho los actos contrarios a la ley o las buenas costumbres”. (Guillot en “Comentarios del Código Civil, TI, pág.162, Sureda Editor, Mont.1928). La Constitución fija un mínimo de ajustes (“no podrán ser inferiores”) que el Estado no puede dejar de aplicar, ni puede permitir que no se cumplan.
En un Estado de derecho, los particulares y el Estado están sometidos, igualmente, a las normas jurídicas que los órganos competentes de ese Estado han dictado para hacer posible la convivencia pacífica y democrática en la sociedad. El habitante del país puede hacer todo lo que no le está prohibido pero el Estado solo puede hacer lo que se le ha cometido, lo que le está permitido. No puede hacer lo que le está prohibido. En el artículo 67 hay normas prohibitivas que no pueden ser modificadas por ley. Solo podrán serlo mediante reforma constitucional.
Además la norma es clara. Un principio general de derecho recogido por el Código Civil y que según Jiménez de Aréchaga es de aplicación a las normas constitucionales porque su autoridad proviene de los actos plebiscitarios de ratificación (La Constitución Nacional, TI, pág. 144, Cámara de Senadores, 1992) dice: “Cuando el sentido de la ley” (en el caso, la Constitución) “es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. No puede desconocerse un texto constitucional claro, imperativo y prohibitivo.
Lo expresado no significa que el jubilado o pensionista no deba pagar impuestos: paga IVA, Contribución Inmobiliaria, Fonasa, Impuesto de Primaria, etc. Los ajustes pueden ser superiores a ese monto mínimo establecido por el artículo 67, por lo que podría pensarse en aplicar impuestos sobre el exceso, pero nunca aplicar un impuesto que impida cobrar la totalidad del ajuste. El Estado no puede hacer por vía indirecta lo que está prohibido hacer directamente. No puede aplicar ajustes de las jubilaciones y pensiones “que no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de salarios” y al mismo tiempo desconocerlos, aplicando un descuento y haciendo él mismo una trampa. El jubilado o pensionista tendrá que pagar impuestos, con la limitación que expresamente para él y no para otros, determina el artículo 67, y no uno que recaiga sobre el monto de las jubilaciones y pensiones, en tanto disminuya “los ajustes” que “no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios.” De lo contrario sería lo que la jurisprudencia ha denominado “fraude a la ley”, en este caso “fraude a la Constitución”. “Nos encontramos frente al fraude a la ley cuando se realizan actos, hechos o negocios en sí mismo lícitos, pero que tienden a obtener en forma indirecta un resultado prohibido por la ley” (Conf. Pessano, Olmedo, García Otero, Gatto de Souza). En la ley impugnada por inconstitucional se viola la letra y el fin perseguido por la Constitución.
La ley 18.314, groseramente, determina que “los ajustes” “podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”, violando sin ningún recato la disposición prohibitiva del inciso 2º del art. 67. En una misma operación contable se acredita el monto del ajuste y se debita el del impuesto, por lo que nunca cobrará el ajuste no inferior “a la variación del Índice Medio de Salarios”: el monto total del ajuste nunca ingresará a su patrimonio.
Se aparenta pagar un aumento “no inferior al Índice Medio de salarios” sabiendo que no será así. No solo ese aumento no será real sino que en algunos casos ni siquiera existirá, porque la detracción impositiva fijada por la ley Nº 18.314 será mayor que el ajuste y cobrará menos que lo que cobraba antes del ajuste: será una rebaja en lugar de un aumento. En este caso estamos frente a la confiscación del derecho sujetivo del jubilado o pensionista a percibir el ajuste obligatorio, violando además el artículo 32 de la Constitución: no hay “justa y previa compensación” ni la declaración “de necesidad o utilidad pública”.
Además en el inciso 3º se establece que “las prestaciones” de jubilación y pensión “se financiarán sobre la base de: A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley…” y “B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario”. Como la finalidad del artículo fue garantizar el monto de las pasividades, no se puede pensar que cuando se incorporó este inciso se hubiera querido que quienes reciben las prestaciones se financiaran a sí mismos, con parte o el todo de sus ajustes. El constituyente quiso que se hiciera con los aportes de los activos (“contribuciones obreras y patronales”, dice) como ha ocurrido siempre. En ningún lugar se refiere a contribuciones de los pasivos. La Constitución no autoriza al Estado, que solo puede hacer aquello que le está permitido, a hacer una especie de “calesita”: a los pasivos les pago, les quito y con ello les vuelvo a pagar, pero siempre menos. Si las “contribuciones obreras y patronales” no alcanzan se deberán financiar con “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado”, con sus recursos propios, como siempre, y no con los recursos de quienes deberán recibir las prestaciones.
El artículo 67 es claro: 1) “Garantizar” que los “retiros” sean “adecuados”; 2) No pueden existir “ajustes” “inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”. Su espíritu es también claro: el Cuerpo Electoral (art. 82) aprobó garantizar que los pasivos, luego de haber aportado toda una vida activa para pagar a los pasivos de entonces, tengan retiro digno, asegurando el valor adquisitivo de las prestaciones frente a las tentaciones fiscalistas del Estado.
La Constitución no puede ser modificada por ley. Se requiere para ello una reforma constitucional ratificada por los habilitados para votar.
Javier Barrios Anza
CI 1.815.247
