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En el transcurso de 40 días, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) intercambiaron cinco cartas, que tenían como tema central el análisis de los números rojos del instituto paraestatal y la necesidad de encontrar soluciones urgentes. Previo a esas misivas formales —a las que accedió Búsqueda—, hubo una reunión entre las autoridades de esa caja y de la secretaría de Estado; y el 2 de julio, el ministro Pablo Mieres solicitó por escrito una proyección financiera del flujo financiero hasta 2026 y que se propongan medidas “concretas y fundamentadas con efecto inmediato” para enfrentar el déficit.
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Pero las respuestas que la CJPPU entregó —a través de dos notas, el 16 y el 30 de julio— no conformaron a los jerarcas del MTSS. “No ha sido proporcionada información oficial adecuada y cuantificada sobre lo solicitado”, dice la última carta enviada desde el ministerio al instituto, fechada el martes 10. Explica que por esa razón no es posible “brindar información suficiente” a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), el grupo asesor que estudia recomendaciones para una reforma del sistema previsional en su conjunto.
En la primera respuesta, la CJPPU propuso que las “posibles soluciones” a su crisis implican “gestionar un préstamo ‘puente’” con el Estado para atender “los déficits operativos” hasta que se cubra el desfasaje; la “incorporación” al instituto de los profesionales que ejercen su profesión como dependientes; y que el importe del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que el Estado recauda por afiliados de la caja se destine a este instituto.
Luego, en una carta del 30 de julio en la que amplió la información, los directores aseguraron que el préstamo serviría para “atender por lo menos parte del déficit operativo”. “Lo imaginamos de entidad suficiente” como para incrementar un patrimonio financiero que se ha “deteriorado”, explicaron, y expresaron como una posibilidad que la CJPPU pueda ofrecer préstamos “de carácter social con tasas que resulten atractivas”.
Esa carta no tuvo el respaldo de los representantes del Poder Ejecutivo en el órgano de dirección de la caja. Los firmantes aseguraron que es “poco apropiado” que los profesionales dependientes tributen en el Banco de Previsión Social (BPS). Y piden un “trato similar” al que tuvo la Caja Bancaria, cuando en su última reforma sumó otros colectivos como afiliados —de las financieras y las redes de pagos—, en el entendido de que ello “tiene un fundamento más que razonable y justificado”.
En una carta anterior había planteado —aunque luego no insistió con eso— que se considere establecer una “prestación” pecuniaria “a favor de la caja” a cargo de sus pasivos y que se aumente la tasa de aportes directos, entre otras cosas.
También solicitaron un grupo de trabajo para generar un “espacio de intercambio fluido” con el MTSS. A esta propuesta Mieres respondió que corresponde “dar participación” a la CESS.
En la nota que la CJPPU envió el 30 de julio también asegura que su directorio acordó de forma unánime “emprender acciones para llevar adelante”, entre las que menciona una campaña de captación de afiliados con declaración de no ejercicio; el tratamiento “urgente” del “paquete de morosidad existente”; una campaña publicitaria ofreciendo préstamos sociales e hipotecarios; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que “encare acciones tendientes a consagrar la no acumulación del monto imponible para el IRPF de aquel que tiene ejercicio independiente del ejercicio dependiente”. Para Mieres, este planteo de la CJPPU implica trasladarle “al Estado y a la sociedad” el déficit a través de “asistencia y préstamos” (Búsqueda N° 2.134).
Esa nota del 30 de julio enviada por la caja —firmada por el presidente Gonzalo Deleón y el secretario Walter Corbo— cierra con una referencia al pedido de estimaciones de las medidas proyectadas por el instituto. “Créanos —le dirigen a Mieres— que por el respeto que nos merece su persona y su investidura, no podemos aventurarnos en este terreno sin pecar de poco sensatos o tal vez de irresponsables por apresurados”. Afirman que los planteos son “serios y razonables” y que no “transitan por el manido expediente de lesionar derechos”. Pero admiten que la caja debe encarar un “rediseño funcional que deberá concretarse más pronto que tarde”.
