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“Ahí tenemos ese problema de los barcos hundidos y semihundidos abandonados y la peligrosa chatarra que aflora o sumergida en aguas de nuestra bahía, un verdadero cementerio de barcos que está reclamando nuestra atención cada día”. Así se refiere el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi a nuestro puerto capitalino en una entrevista que le efectuara Emilio Cazalá para el diario El País el 22 de enero del corriente.
Estamos hablando de un considerable número de restos de barcos, entre 30 o 40, o sea que hay alrededor de tres veces más barcos en esas condiciones de peligro que los que operan a diario en los escasos muelles del puerto montevideano. Sin dudas, la atención que reclama cada día, a la que se refiere el ministro, suponemos en referencia también al Directorio de la ANP, en más de una década no ha dado ningún resultado tangible.
La acumulación de chatarra ha llegado a tal punto que el puerto es un cementerio del cual deberíamos estar avergonzados, motivo más que suficiente para dejar de hablar o mostrar los barcos semihundidos y dado que no se procedió oportunamente a actualizar la legislación o retirarlos para su disposición final, hacerlo a la brevedad.
Razones sobran, del punto de vista del peligro que ofrecen a los buques que maniobran en aguas muy restringidas, el espacio vital que ocupan en un puerto cada vez más abarrotado, el deprimente espectáculo turístico, la flota paraguaya cada tanto fondeada en la dársena entre la chatarra por falta de espacio, etc.
Pero parece que, según dichos del ministro en la misma entrevista: “Los chatarreros se desinteresan porque la recuperación de ese hierro demanda muchísimo trabajo”.
Pues entonces, luego de reflotar esos buques por empresas marítimas especializadas licitación mediante, hay que procurar ideas innovadoras para el posterior desmantelamiento y que hasta podrían contribuir también con un fin en bien de toda la sociedad.
Seguramente existirán otras soluciones, personalmente nuestra propuesta está orientada hacia una población muy compleja y mayoritariamente ociosa, con la cual trabajamos varios años en forma honoraria desde el Patronato de Encarcelados y Liberados.
Entonces, si se quiere desguazar 30 o 40 barcos se requerirá de una muy considerable cantidad de mano de obra no especializada (decenas de trabajadores por buque para manipular la chatarra), además de algún supervisor técnico, varios capataces y cortadores de chapa, que dado el tipo de trabajo en pocas jornadas podrían capacitarse, incluso previamente.
Todo requerirá de un plan de desguace que debe aprobar la Dirección de Marina Mercante y que perfectamente por ser una repartición del Estado se podría hacer para cada barco entre la ANP y esa Dirección, con los propios técnicos, quienes además podrían hacer la supervisión de la ejecución de los trabajos.
El trabajo de desguace en sí, y acá viene el desafío que las empresas privadas de chatarra no estarían interesadas de llevar a cabo según Rossi, bien podría realizarse por personas privadas de libertad dependientes del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) o eventualmente liberados que se reporten a la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado). Estaríamos otorgándoles, en el primer caso, una oportunidad a aquellas personas, que en la etapa final previa a su egreso por finalizar condena, hayan demostrado a través de su conducta suficientes elementos de juicio que permitan esperar su rehabilitación. Esto requeriría de una adecuada selección a cargo de un equipo interdisciplinario de esas reparticiones, según corresponda. Los técnicos están disponibles.
Es un hecho que la mayoría de los privados de libertad en algún momento vuelven a la sociedad y está comprobado que la falta de hábitos de trabajo y carencia del mismo cuando son liberados figuran entre las principales causas de reincidencia.
Está en las autoridades del Ministerio del Interior e inicialmente de quienes podrían ofrecer trabajo y pagar una remuneración, el MTOP a través de la ANP, tener una visión amplia y hacer los esfuerzos que corresponda frente a un problema que también afecta profundamente a toda la sociedad. La oportunidad de contribuir aunque sea en una parte a su solución debería no dejar de considerar una propuesta de esta dimensión.
Por supuesto, se estaría brindando también una solución en tal caso integral a un problema impostergable para el puerto de Montevideo y su bahía: la desaparición del peligroso y triste “cementerio de barcos” y la posterior venta de chatarra a cargo del Estado para los fines que las autoridades consideren pertinentes.
