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    Cerca de 100 policías son procesados cada año por la Justicia

    En la mañana del 9 de febrero, una mujer estaba en su casa con sus hijos cuando llegó un equipo policial de la seccional 17ª y, tras exhibirle una orden judicial, allanó su casa y se la llevó detenida. Cuando la dejaron en libertad porque no encontraron nada, dos efectivos le dijeron que el día siguiente debía llevar $ 100.000, si no, la iban a “embagayar” con cualquier otro delito a ella y a su marido.

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    Su esposo juntó $ 70.000 como pudo, pero decidió igual denunciar el caso ante la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. En acuerdo con la Justicia, Asuntos Internos montó un operativo que terminó con la detención de un subcomisario y un cabo, quienes fueron procesados con prisión por la jueza Fanny Canessa por el delito de abuso de autoridad.

    Esos son tan solo dos de los 13 procesamientos de policías que se registraron en los primeros meses del año. Aunque las autoridades del Ministerio esperan que sean muchos más, dado que en el 2014 hubo 98 efectivos procesados y 96 en 2015, según datos a los que accedió Búsqueda.

    Si bien el promedio de procesados ronda los 100 policías al año —la mayoría con penas de prisión—, la cantidad de ceses dispuestos por las autoridades del Ministerio es mucho mayor: al año casi 300 funcionarios de la secretaría de Estado pierden su trabajo por decisión administrativa.

    A nivel del Poder Judicial, la cantidad de policías involucrados en delitos es objeto de preocupación porque se trata de los principales auxiliares de la Justicia en la mayoría de las indagatorias, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.

    “El aumento de los procesamientos se explica en que venimos desarrollando una lucha frontal contra la corrupción, una decisión conjunta de las autoridades policiales y políticas del Ministerio”, declaró el director general de Secretaría, Charles Carrera.

    Desde sobornos a “salvajadas”.

    Desde que asumieron en 2010 las nuevas autoridades, el Ministerio del Interior creó un sistema de auditorías que ha tenido mucho trabajo. En particular, después de que cambió el sistema especial de vigilancia, denominado 222, y se mejoraron los controles sobre su administración.

    Por irregularidades en el 222 fueron procesados al menos una decena de policías en los últimos dos años. De ellos, dos eran oficiales de alto rango que cobraban como si hubieran prestado el servicio de vigilancia, pero en realidad no lo hacían.

    El servicio de auditoría también detectó irregularidades en el sistema especial de vigilancia de Bomberos, denominado 272. En ese caso, el Ministerio presentó a comienzos de abril una denuncia en la Justicia especializada en Crimen Organizado (Búsqueda Nº 1.859).

    Los procesamientos alcanzan a funcionarios de casi todas las jerarquías e incluyen a efectivos que ingresaron tanto en las administraciones pasadas como en la actual, según las fuentes consultadas. Los delitos “más comunes” cometidos por los policías son “cohecho” (recibir un soborno), “concusión” (cuando un funcionario usa su cargo para exigir una retribución), “falsificación ideológica” (alteración de facturas como en el caso del 222), entre otros.

    También se dieron casos por delitos más graves, como cuando en diciembre del 2015 el juez Nelson dos Santos procesó a cuatro efectivos de la Guardia Republicana por “abuso de la autoridad”. Según la resolución del magistrado, los policías cometieron una “salvajada” cuando golpearon a unos adolescentes infractores recluidos en una dependencia del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

    En los últimos años varios policías mataron a sus parejas, en algunos casos usando su arma reglamentaria.

    El último procesamiento registrado, no obstante, fue distinto a los habituales. El 5 de abril, el juez de 2º turno de Salto, Javier Arias, procesó con prisión a un funcionario policial “por delitos vinculados a la omisión de asistencia y privación de libertad en perjuicio de su padre, de 68 años de edad”.

    Días antes, la Policía departamental recibió la denuncia de que algo andaba mal en la casa del efectivo. La investigación posterior permitió detectar que en el fondo de la casa había “una pieza precaria cercada por alambre y con un candado que se encontraba abierta”. En el interior se encontraba el padre del policía “en un claro estado de abandono (físico y de higiene), dejadez y delgadez”. El procesado, según la resolución judicial, “además de impedir la libertad de su padre recluyéndolo en condiciones de habitabilidad e higiene extremadamente precarias, habría incurrido en el delito de omisión de asistencia al ser el curador judicialmente designado de su padre, quien padece trastornos en virtud de su patología”.

    Cambio en sanciones.

    Además de desarrollar ese “combate” a la corrupción policial, el Ministerio modificó el sistema de sanciones. El año pasado el Parlamento aprobó la nueva Ley Orgánica Policial y en enero del 2016 el Poder Ejecutivo sancionó el decreto que fija el Reglamento General de Disciplina.

    Uno de los principales cambios habilita al Ministerio a disponer la “suspensión temporaria en el empleo” de un funcionario que sea procesado. En ese caso, además, la secretaría de Estado podrá retener todo el salario del funcionario. Antes de la aprobación de esa norma, cuando se trataba de un procesamiento sin prisión, el funcionario era sumariado y se le retenía la mitad del sueldo.

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    2016-04-28T00:00:00