Chantaje y sumisión, los precios del poder

Chantaje y sumisión, los precios del poder

La columna de Raúl Ronzoni

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Nº 2263 - 8 al 14 de Febrero de 2024

La asociación de ideas no deja de sorprenderme. Me ocurrió cuando se informó sobre el estrepitoso fracaso del presidente español Pedro Sánchez al pretender imponer en el Congreso de los Diputados una ley de amnistía para los independentistas golpistas catalanes.

Asocié a Sánchez con la imagen del boxeador campeón mundial Mike Tyson en 1990, arrastrándose humillado sobre el ring en busca de su protector bucal y con la mirada errática, tras ser vapuleado por Buster Douglas, un rival menor. Tyson estaba seguro de ganar.

Sánchez sufrió el KO cuando le negó sus votos el pequeño grupo independentista catalán Junts per Catalunya al tratar una ley de amnistía. Se había comprometido con los independentistas a esa ley a cambio de que le votaran una nueva presidencia ya que había sido derrotado por el Partido Popular en las elecciones de julio de 2023.

Pero en España al presidente lo eligen los diputados y Sánchez canjeó los votos independentistas a cambio de una promesa que los dejara libres de los delitos por los que habían sido condenados por el Poder Judicial. Creyó que los había comprado a todos.

Pero el pequeño Junts (siete diputados) y su conductor, Carles Puigdemont, rechazaron el proyecto. Pese a haber pactado respaldarlo le reclaman ahora un explícito perdón específico para determinados delitos, al margen de lo que opine la Justicia.

Sánchez se había hincado frente a los golpistas y alcanzó la presidencia, pero Junts le exige cambios y una amnistía específica para todos. La ley rechazada establecía genéricamente que los beneficiados por la amnistía verían extinguida su responsabilidad penal, administrativa y contable sobre los actos sometidos a juicio por los hechos derivados de octubre de 2017.

Recapitulemos: ese año un referéndum que el Tribunal Constitucional había considerado ilegal apoyó la independencia catalana y el gobierno de esa comunidad publicó en el Diario Oficial lo que denominó “norma superior” hasta que se aprobara la Constitución de esa presunta nueva República. Implícitamente declaraba abolida la monarquía constitucional del país. Todo con dinero del Estado.

Como puede deducir cualquier estudiante de primer año de abogacía, fue un golpe de Estado y así lo entendió la Justicia: por esa decisión y otras arbitrariedades se les imputaron diferentes delitos y varios fueron encarcelados. Otros se fugaron al exterior. Puigdemont se refugió en Bélgica donde vive prófugo a cuerpo de Rey desde hace seis años.

No cabe ninguna duda de los delitos. Lo recuerda la semana pasada el director del diario español La Razón, Francisco Marhuenda, profesor universitario de Derecho: “De la lectura de la sentencia (de condena a los golpistas) se extrae la evidencia de que el gobierno de Cataluña preparó y ejecutó, sobre la moqueta y el asfalto, un golpe a la democracia. Hubo violencia: ‘La Sala da por probada la existencia de violencia’. Hubo un armazón legal construido para erigir la nueva república: ‘Los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas’. Hubo hasta una declaración de independencia. Hubo un golpe”.

Maruhenda no es el único, varios opinan lo mismo, incluso notorios socialistas que discrepan con Sánchez, como el expresidente Felipe González.

Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, sentenció: “En cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un gobierno (...) Sánchez ha sido humillado públicamente, pisoteado con una ley de amnistía que vendían como impecable, mientras todos sus socios insultan a los jueces”.

A diferencia de Tyson, el presidente Sánchez recuperó el protector bucal, se levantó y se dispuso a dar pelea para alcanzar 176 votos en el Congreso de los Diputados que representan la mitad más una de las 350 bancas. Cómo lo hará sin los votos de Junts, y una fuerte oposición, es una incógnita.

Lo sorprendente es que el resto de los grupos independentistas catalanes apoyaron la amnistía. Junts se negó porque “nuestro apoyo habría invalidado el compromiso de una amnistía integral, completa, sin exclusiones, que acordamos para la investidura del presidente Sánchez”, argumentó Puigdemont.

Es que un juez sostiene que cometieron terrorismo, pero la Fiscalía rechaza aplicar ese delito. De cualquier manera, ante el riesgo Junts se quiere curar en salud.

En España todo es posible en materia política, incluso darle la espalda a las instituciones a la ética y la moral. Por eso no hay que descartar que finalmente se logre un acuerdo y que Junts decida darle los votos a esta ley de amnistía.

Pero ello no permite olvidar que Sánchez se sometió conscientemente al chantaje de violadores de la ley condenados por la Justicia y con él sus aliados al gobierno que votaron la ley. Lo que parece indudable es que esta maniobra de Puigdemont no será la última y que el resto del gobierno de Sánchez –si es que lo completa– vivirá azotado por los siete votos de Junts que parece llevar las de ganar.

Como bien razonó un periodista, ahora o en el futuro, Puigdemont no tiene nada que perder y en cambio tiene todo para ganar hostigando al gobierno.