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En los meses recientes media decena de fábricas metalúrgicas de distinto porte cerraron a raíz de problemas comerciales y de competitividad. Pero en ese sector industrial, que en octubre pasado atravesó un duro conflicto sindical, se llevan perdidos unos 1.400 puestos de trabajo, sobre todo por la reducción de la plantilla de algunas empresas que se transformaron en importadores y otras que enviaron personal al “seguro de paro” aduciendo bajo nivel de actividad y altos costos, declaró a Búsqueda el presidente de la Cámara Metalúrgica, Miguel Oliveros.
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Con desazón, el empresario señaló que las perspectivas de esta industria son de “mayor decrecimiento” y “más pérdida de empleos” por los problemas de competitividad y limitaciones para participar en algunos negocios a nivel local, entre otras causas.
Desde los últimos meses del año pasado a la fecha el sector perdió entre 12% y 15% de los empleos, indicó. De eso surge que actualmente cuenta con cerca de 11.000 trabajadores.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que en el primer trimestre del año la actividad de la división “Metálicas básicas” aumentó 5% frente a igual período de 2011, lo que se dio con menos personal ocupado (–5%) y de las horas trabajadas (–7%).
La situación es “preocupante” porque desde febrero varias empresas —como Julio Berkes, CIR, Turboflow y Asuan— enviaron una importante cantidad de trabajadores al seguro de paro, dijo a Búsqueda el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines Gustavo Rosa. Entre las razones que esgrimen las firmas está la “crisis económica” internacional que afecta la actividad del sector, pero opinó que “también hay secuelas de la huelga” general que se suscitó el año pasado por la negociación de un nuevo convenio colectivo.
El sindicalista reclamó que los empresarios participen con “voluntad política” en los ámbitos tripartitos que funcionan en el Ministerio de Industria y que asuman “compromisos”, como “no seguir despidiendo” personal, aplicar un seguro de desempleo rotatorio, apostar a la capacitación y que “no cierren más” fábricas.
Cierre.
Oliveros dijo que media docena de fábricas discontinuaron la producción desde fines de 2011. Dos eran de capitales extranjeros: una fue la colombiana Forsa, cuya planta ubicada en Canelones se dedicaba a hacer bloques de aluminio para inyectarles hormigón con destino a la construcción. Otra fue la filial de la multinacional GKN Driveline, que en sus instalaciones de Punta de Rieles empleaba a 80 operarios en la fabricación de rulemanes y otras piezas para automóviles para la exportación.
También dejó de funcionar Virumetal, que fabricaba esponjas de aluminio. Y la firma Distrito, que hacía muebles metálicos, pasó solamente a comercializar dichos productos.
Estos cierres significaron la supresión de unos 200 empleos, informó Oliveros. Agregó que otros 1.000 puestos se perdieron por la caída de actividad, dada la paralización, tiempo atrás, de las obras en la planta de refinación de petróleo de Ancap y por la reducción de personal de parte de las empresas de montaje debido al incremento de los salarios vigente, que motivaron conflictos en el sector. Además, dijo, algunas metalúrgicas redujeron otros 200 empleos porque resolvieron abocarse “más a la parte comercial” que industrial.
La Cámara Metalúrgica nuclea a cerca de 90 empresas, pero existen otras —principalmente pequeños talleres— en esa actividad.
Este mes, el presidente José Mujica inauguró en San José la planta de fabricación de airbags de la japonesa Takata, que emplea unos 60 operarios, en su mayoría mujeres.
Competitividad.
Oliveros indicó que “sigue siendo más rentable importar” de Estados Unidos, Europa, India y China que fabricar artículos de metal en Uruguay. Alegó que cuando se solicita una cotización para importar se observa que los precios suben entre 1% y 2% de un año al otro, mientras que para el fabricante local solo los salarios se han incrementado en torno a 15%.
El convenio laboral para el sector firmado en enero fijó un ajuste de 7,88% para el primer semestre, informó.
Esta situación, que combina problemas de competitividad en el sector frente a los productos importados, sumado a la falta de productividad y problemas de ausentismo laboral, entre otros, fue transmitida a jerarcas de los ministerios de Industria y de Trabajo por los 16 directivos de la Cámara Metalúrgica. “Lo que pedimos es que no nos agraven más la situación de lo que ya la tenemos”, señaló el presidente de la gremial.
Los industriales plantearon que no pueden participar de las “megainversiones” como la fábrica de pasta de celulosa que construye Montes del Plata en Colonia, porque —entre otras cosas— la conflictividad no permite comprometer el cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos, relató Oliveros. Transmitieron que el sector sufre de “subfacturaciones y dumping”, por ejemplo en la importación de galpones prefabricados que ingresan al mercado uruguayo “a un precio inferior al de la materia prima”, dijo. Y que están ingresando estructuras de aluminio y vidrio para la construcción de torres cuyos certificados de origen “no se controlan” debidamente, resaltó.
Oliveros se quejó por la poca participación que logran las empresas metalúrgicas en las licitaciones públicas y las limitaciones para proveer algún equipo accesorio en la instalación de los parques de energía eólica, por ejemplo. “Tenemos una política de compras públicas que cada día parece favorecer menos a la industria nacional”, afirmó.
También se refirió a un decreto del 27 de diciembre que permite el ingreso al país de “equipos, máquinas y/o elementos de trabajo en régimen de admisión temporaria, para la ejecución de obras públicas contratadas” por un plazo de permanencia de dichos bienes de “hasta 90 días contados a partir de la finalización de las obras”. “Si podíamos ser proveedores de algo, (ese decreto) nos quita del medio”, señaló. Y agregó que dicha medida “desnaturaliza el instrumento de admisión temporaria” creado para importar insumos libre de impuestos, transformarlos y luego exportar.
Otra medida criticada por la Cámara Metalúrgica es la resolución del Ministerio de Transporte de suspender desde mediados de abril y por 60 días el registro de nuevos camiones de transporte profesional de carga.
En ese sentido, Oliveros señaló que eso perjudica a empresas del sector que se dedican a reacondicionar las cajas de esos rodados, incorporarles barandas y otros elementos con el fin de prepararlos para prestar determinados servicios.
