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En una de sus pocas intervenciones públicas, al cerrar en diciembre de 2020 las Jornadas Tributarias de la Dirección General Impositiva (DGI) su directora, Margarita Faral, mencionó las “líneas estratégicas” del organismo para el actual período de gobierno y comentó varios retos por delante. Esa enunciación se plasmó luego en un Plan Estratégico 2020-2024 que está enfocado en cinco aspectos: “mejorar la experiencia de los contribuyentes, atender sus necesidades y alcanzar sus expectativas”; “modernizar” las actuación de la Impositiva “aumentando su eficiencia y eficacia”; “prevenir y combatir el fraude fiscal”; “contar con personal altamente calificado”; y “explotar en todo su potencial la tecnología y la información” disponible.
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Primero y desde el punto de vista organizacional, menciona el reto que supone contar con una plantilla de 47 años y tres meses de edad promedio. Dado que “gran parte de los funcionarios de la DGI se encuentra en condiciones de jubilarse” y que “la próxima generación —con 30 años o menos— representa cerca del 10%”, la “planificación de la sucesión y la transferencia de conocimiento son fundamentales (…) para asegurar la efectividad y continuidad de los procesos”. Adicionalmente, el organismo tendrá que ser capaz de “atraer, desarrollar y retener personal con competencias técnicas avanzadas” para “operar en un mundo cada vez más digitalizado”.
Inversión tecnológica
El segundo “desafío” está relacionado con eso: “acompañar el cambio tecnológico con seguridad”. El Plan señala al respecto que “a medida que la DGI expande sus servicios digitales también se acrecienta su responsabilidad por la información sensible que dispone” al mismo tiempo que año a año crecen los ataques e incidentes cibernéticos. Así, “la protección de este activo requerirá mayores inversiones para permitir un acceso y uso seguro”.
Calidad de servicio
De cara al contribuyente, un tercer “desafío” es “alcanzar” sus “expectativas” de recibir un “servicio de alta calidad”. En esa dirección, la ampliación de los servicios digitales “permitirá reducir la cantidad de interacciones simples o informativas por vía telefónica o presencial. Esto nos permitirá disponer de recursos adicionales para atender a los contribuyentes que tengan necesidades (…) más complejas así como reducir los costos de cumplimiento”.
Riesgo de evasión
Un cuarto desafío identificado por la DGI es la “gestión del riesgo de cumplimiento” tributario. “El gran objetivo de la administración tributaria moderna no es descubrir mucho fraude fiscal, sino que cada vez haya menos fraude fiscal” ayudando a que los contribuyentes cumplan cada vez mejor con sus obligaciones tributarias de forma “voluntaria”. En esta línea surge la aplicación de la Gestión de Riesgo de Cumplimiento, entendida como un proceso para que las oficinas recaudadoras puedan elegir la herramienta más adecuada para estimular el pago voluntario y prevenir los incumplimientos, teniendo en cuenta el comportamiento de los contribuyentes y sus causas, así como la propia capacidad de acción de la administración. Desarrollar este proceso requiere información de calidad y análisis riguroso para decidir en cada caso cómo se debe actuar, explica.
Economía digital
El quinto reto refiere a los “nuevos modelos de negocio” que tuvieron en años recientes una “explosiva penetración en el país”, como plataformas vinculadas al transporte, al alojamiento, la reproducción de producciones audiovisuales o musicales vía streaming y el comercio digital. Para hacer frente a esa “economía digital” la DGI “deberá tomar un rol activo en la modernización de todas sus herramientas”, ya sean internas o aquellas destinadas para el uso de los contribuyentes. Y “será necesario gestionar grandes volúmenes de la información, mejorando su calidad, para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de procesos automatizados y canales electrónicos, integrando a su vez los servicios tecnológicos con otras instituciones”.
Relacionado con esa cuestión, al inicio del documento la DGI consigna como parte del “contexto general” que “muchas de las causas de la evasión tributaria están directamente vinculadas a la globalización de las actividades económicas y a las nuevas formas de hacer negocios de la economía digital. La respuesta para luchar contra ese tipo de fraude es necesariamente la cooperación internacional”.
Cambios tributarios
Por fuera de esos “desafíos” destacados, el Plan Estratégico menciona otro aspecto que, desde el punto de vista jurídico-tributario, durante este período de gobierno “requerirá especial atención y acción por parte de la DGI”: la “implantación de las disposiciones normativas adoptadas con el objetivo de mejorar la competitividad e incrementar la tasa de inversión”. Entre estas medidas destaca las “mejoras tributarias para el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas”; los cambios en la ley de vivienda de “interés social” para el “desarrollo de la construcción”; los “cambios en la residencia fiscal”; y los “incentivos tributarios que se otorguen para dinamizar la actividad económica”.