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    Claro intensifica sus críticas al precio de la subasta 5G que considera infundado y la Dinatel le recomienda “poner más antenas”

    El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la subasta del espectro 5G confirmó el recelo que ya se venía gestando desde antes de su aprobación entre las multinacionales del sector con actividad en la plaza local. Esa norma, firmada el 27 de diciembre, estableció que el precio base para los 100 MHz en la banda de 3,5 GHz será de US$ 28 millones. Pese a los cuestionamientos recibidos y mientras aguarda que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) termine de definir el pliego de bases y condiciones para el proceso competitivo, el gobierno espera que tanto Claro —la más crítica— como Movistar participen de la convocatoria.

    Las inquietudes no son las mismas en los dos casos. En Claro, el primer cuestionamiento gira en torno al precio base. Según un análisis realizado por ellos con base en lo ocurrido en Brasil cuando se subastó esta banda de espectro a fines de 2021, el valor no debería superar los US$ 8 millones, dijo a Búsqueda su director de Asuntos Regulatorios en Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga.

    Para el cálculo tomaron en cuenta poblaciones, PIB (Producto Interno Bruto) per cápita, extensiones geográficas, proyecciones de crecimiento y necesarios despliegues de infraestructura. “El valor de US$ 28 millones de dólares no está fundado en nada”, expresó el ejecutivo, quien agregó que el uso del 5G en este país será casi completamente para la telefonía celular y no industrial.

    El valor fijado en el decreto es casi un 30% más de lo que había calculado el equipo técnico de la Ursec para un período de adjudicación de 25 años —aproximadamente US$ 22 millones— pero algo más de la mitad de lo que el gobierno había estimado al inicio del análisis, alrededor de US$ 50 millones.

    Movistar, si bien entiende que el precio base de la subasta es una de las condiciones centrales para tomar definiciones, también considera fundamental saber si existirá la posibilidad de acceder a una “oferta mayorista” por parte del operador dominante. Traducido, esto significa saber si habrá posibilidad de arrendarle infraestructura a la estatal Antel. Así lo entiende desde el Poder Ejecutivo el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; así lo señaló en su momento la directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Movistar Uruguay, Leticia Lago.

    En Movistar —parte de Telefónica, una multinacional de origen español que en Uruguay cuenta con el 31% del mercado de la telefonía celular— calificaron al decreto como “muy genérico”, según dijeron a Búsqueda fuentes de esa compañía. En tal sentido esperan conocer el pliego final, sobre todo en los aspectos técnicos y regulatorios, para definir su participación. Se están evaluando “diferentes escenarios”, agregaron sin más detalles.

    El pliego de bases y condiciones tiene que ser enviado a fines de este mes por la Ursec para que el Poder Ejecutivo le dé el visto bueno. Una vez otorgado, la subasta tendrá lugar en los 30 días siguientes.

    Contrapunto

    Quiroga señaló a Búsqueda que Claro —la mayor telefónica del continente, propiedad de la mexicana América Móvil, que en Uruguay tiene el 21% del mercado— le ha transmitido al gobierno su interés de participar en el despliegue nacional, pero se siente “en la obligación de decir que el precio no es razonable y que eso será negativo al final del día en los consumidores”. Según dijo, “en todo el mundo”, a la hora de poner una cifra, se prioriza más “el despliegue que tienen que hacer las empresas que la recaudación” por la subasta.

    El despliegue de la tecnología 5G exige una inversión en antenas entre cinco y seis veces mayor que la generación anterior, explicaron fuentes del sector.

    Claro también cuestiona que se haya reservado el bloque 3.600-3.700 MHz para Antel, uno de los tres a subastar. “Esta reserva le permite ser el único operador que ya puede comprar equipamiento, traerlo a Uruguay y montarlo sobre la red. Esto le da varios meses de ventaja, no es la misma bandera de largada para todos. Nosotros en cambio no sabemos si vamos a acceder a un bloque y cuál sería”, indicó Quiroga. Los otros bloques a subastar son los de 3.300-3.400 y 3.700-3.800.

    También señaló que, al considerarse una subasta “abierta”, debería haber más segmentos en caso de que quiera participar “un nuevo operador”, en referencia a la uruguaya Dedicado, que ya había manifestado su interés en participar (Búsqueda 2.204).

    El titular de la Dinatel dijo que se puede “entender” las molestias de las multinacionales, aunque las reservas para Antel, hoy con el 48% del mercado de la telefonía celular en Uruguay, se han hecho “desde siempre”.

    “Incluso cuando se hizo la subasta de 2019 (la del 4G), Antel ya había elegido antes el segmento que más le convenía”, contó Acosta y Lara.

    Sobre el precio base, indicó que en este país, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, “donde el 95% del valor era en obligaciones”, no es necesario “tanto despliegue” de infraestructura.

    Las autoridades de Antel, que no expresaron ninguna sorpresa por el decreto, han señalado en varias oportunidades que esperan la subasta para comenzar a desarrollar la tecnología. El gobierno ha expresado su visto bueno a que la estatal considere el arriendo de su infraestructura como una nueva unidad de negocios, algo rechazado por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel).

    Acosta y Lara no ocultó su molestia hacia alguno de los cuestionamientos, sobre todo el que apunta a la “falta de diálogo” con el gobierno que expresó en su momento el ejecutivo de Claro. “Nosotros hemos hablado con ellos en muchas oportunidades (…). Lo que ellos no pueden hacer es imponer un precio. Yo creo que la mejor respuesta que se le puede dar es que tendrían que preocuparse en poner más antenas”, concluyó.