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La batalla contra la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) es dura. En los últimos años, las empresas de telecomunicaciones privadas denunciaron su accionar frente a la Justicia en diferentes oportunidades. Sin embargo, es en el propio Estado que las compañías quieren encontrar un aliado que atienda sus reclamos y que detenga una situación que ellos consideran ilegal, ya que entienden que el organismo, en lugar de respetar su rol, favorece a la estatal Antel.
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A mediados del año pasado, la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (CTU), que nuclea a empresas como Claro y Movistar, presentó una denuncia contra la Ursec en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas. En el texto —al que accedió Búsqueda—, la gremial denunció que la Ursec, que depende de Presidencia de la República, ha emprendido acciones que implican “prácticas anticompetitivas” y “discriminatorias” que favorecen a Antel.
La CTU indica que la empresa estatal “violó” en “reiterados” actos la ley Nº 18,159, que, entre otras cosas, “prohíbe el abuso de posición dominante”, algo que, dice, hace Antel. La empresa estatal, dice la gremial en su reclamo, ha “empaquetado” servicios sobre los que tiene el monopolio (telefonía fija) con otros que están en competencia (Internet en dispositivos móviles) a un “precio menor” de lo que valdrían separados, algo que, sus competidores —Claro y Movistar—, no están en “condiciones de igualar”. Pese a que la gremial presentó varias denuncias ante la Ursec por esta situación que atenta, según la CTU, contra le ley, Antel mantuvo estas prácticas.
La propia Ursec, ante la primera denuncia de la CTU que cuestionaba esta práctica en 2009, y siguiendo las sugerencias de los servicios técnicos, resolvió actuar en favor de Claro y Movistar. A través de una resolución prohibió a Antel brindar ese servicio, pero luego, la empresa estatal lanzó uno promoción que incurría en la misma irregularidad, lo que fue denunciado nuevamente.
La Ursec impuso sanciones y prohibió a la empresa estatal ofrecer esa promoción. Pero la situación continuó y, en varias oportunidades, el Departamento de Defensa de la Competencia del organismo, que está compuesta por técnicos, ratificó su posición inicial e instó a que Antel cesara con sus servicios anticompetitivos.
En noviembre de 2013, sin embargo, el Directorio de la Ursec dispuso que se reconsidere la sanción impuesta y ordenó a los servicios técnicos volver a estudiar el caso. Si bien el Directorio requirió que Antel no reitere sus conductas, resolvió que no surgieron “daños efectivos de las conductas denunciadas”. Por ese motivo, la CTU interpuso un recurso administrativo, ya que la decisión “dejaba de lado los antecedentes y se apartaba de los informes técnicos sin fundamentación alguna”.
En abril de 2014, la CTU volvió a denunciar a Antel, esta vez por brindar un paquete que incluía servicio de Internet en los hogares e Internet en los dispositivos móviles, algo que ya había denunciado Telefónica el año anterior. “Por medio de esta práctica, Antel ofrecía servicios en los que de hecho —e ilegalmente— es la única prestadora (transmisión de datos e Internet inalámbrico móvil), trasladando la posición de dominio que tiene en el mercado de Banda Ancha Fija de Banda Ancha Móvil”.
En este caso, en 2014, los servicios técnicos de la Ursec volvieron a considerar anticompetitivas las promociones de Antel y sugirieron el “cese inmediato” de esas ofertas comerciales. No obstante, en octubre de ese año, el Directorio de la Ursec —indica la denuncia—, “a sabiendas de la ilegalidad”, “de forma completamente arbitraria, sin fundamento ni argumento alguno” y “pese a lo sugerido en los informes técnicos”, dispuso la suspensión del asunto.
“No solo desoye los informes técnicos, sino que resulta omiso, dilata la consideración del tema, no motiva sus resoluciones y hasta intenta evitar su pronunciamiento”, dice la CTU en el texto.
“Extremadamente grave”.
La gremial asegura que tanto Claro como Movistar se quejaron por interferencias que estaban “afectando gravemente” los servicios, por lo que solicitó “medidas urgentes”. Las interferencias continúan, indica el texto, y la Ursec no “ha intervenido para corregir” la situación.
Además, el organismo otorgó “en forma prácticamente secreta” más espectro de frecuencia a la empresa estatal para la prestación de servicios móviles. “Asignar directamente implica una ventaja directa e ilegal para Antel” y, además, no se clarificó cuánto debió pagar el ente por ello, lo que fue “extremadamente grave”. Luego una empresa socia de la CTU hizo un pedido de acceso a la información pública.
“En definitiva, se desnaturaliza el proceso de asignación de espectro, no solo carece de cristalinidad y transparencia, sino que además, si no se hubiera realizado la acción de acceso a la información pública, no se hubiera podido saber si se pagó o no, hoy se sabe que no lo hizo”.
Es por toda esta situación que la CTU solicitó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia “intervenir” para hacer cumplir la ley. Representantes de la gremial consultados por Búsqueda no quisieron hacer declaraciones.
La Comisión no se expidió sobre el caso todavía. La ley le otorga competencia en las áreas que no están reguladas, dentro de las cuales no se encuentra el sector de las telecomunicaciones, que es regulado por la Ursec. Sin embargo, dada las circunstancias, empresarios del sector comentaron esta semana a Búsqueda que la gremial “espera” que la Comisión termine interviniendo. En los casos en donde tiene competencia, la unidad puede imponer sanciones —que incluyen multas—, prohibir conductas reñidas con la libre competencia y hacer recomendaciones.
Las fuentes dijeron que las autoridades de la comisión están divididas sobre la decisión que tienen que tomar.
Las denuncias que las empresas de telecomunicaciones han realizado contra la Ursec en los últimos meses han sido varias. Claro, por ejemplo, está en litigio contra el organismo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, e incluso hizo una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La empresa Italba Corporation también se encuentra en litigio contra el Estado uruguayo por decisiones que tomó el organismo, pero en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en donde se trató la denuncia de Philip Morris contra Uruguay, que terminó ganando el gobierno.