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Amparada por una orden judicial, la Dirección General Impositiva (DGI) clausurará por seis días un estacionamiento de automóviles en Pocitos por haber emitido facturas apócrifas que motivaron una reliquidación tributaria, dijeron a Búsqueda fuentes que conocen el caso.
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Por otra parte, dos casos de defraudación tributaria —uno conexo a delitos en la Armada Nacional— tuvieron recientemente una conclusión en el ámbito judicial con la sentencia de condena de los responsables.
En noviembre de 2014 el Juzgado de Crimen Organizado de 2º turno había procesado con prisión domiciliaria a una mujer por el delito continuado de defraudación tributaria y por el uso de documento privado falso. Su empresa, proveedora del Comando General de la Armada, compró facturas falsas a los efectos de descontar gastos indocumentados. También procesó sin prisión a dos hombres, uno por la falsificación o adulteración de un documento privado, y a otro por la coautoría en esos delitos.
En una sentencia reciente la mujer fue condenada a 24 meses de prisión, uno de los hombres a 20 y el otro a 17 meses, todos por el delito continuado de defraudación tributaria.
La defraudación había sido denunciada por la DGI a partir de las auditorías en las compras de la Armada que ameritaron diversas causas en la Justicia.
En otro caso, una sentencia judicial ratificó el proceso sin prisión por el delito continuado de defraudación tributaria de un empresario que había emitido más de 500 facturas apócrifas y sin autorización para su expedición por parte de la Impositiva. El organismo recaudador estimó un perjuicio fiscal de más de $ 1,5 millones, más multas y recargos por mora, entre el período setiembre de 2005 a marzo de 2012.