“Ni Jack el destripador es perseguido 40 años después”, se quejó el general, que ese mismo día presentó un proyecto para eliminar los efectos de la norma que anuló la ley de caducidad.
Además de las críticas al proyecto, formuladas por el constitucionalista Martín Risso y el esperado rechazo del Frente Amplio, la postura adoptada por CA expresa de forma más descarnada las diferentes sensibilidades que existen en el gobierno de coalición: el sector mayoritario colorado Ciudadanos, el Partido Independiente y el expresidente Julio Sanguinetti anunciaron enseguida su desacuerdo.
Para el expresidente y senador colorado, “reflotar” la ley de caducidad lleva a un “debate jurídicamente inviable”. En una charla vía Zoom organizada por la agrupación de Fitzgerald Cantero, exdiputado y actual director de Energía, opinó que “es un planteo de estos que desgraciadamente se lanzan desde Cabildo Abierto sin mucha meditación”, porque “intentar reflotar la ley no parece un camino lógico”. Para Sanguinetti, con este planteo no se va por el “buen camino”, salvo el de “reflotar heridas”.
Sin embargo, advirtió que “también es verdad que lo que se está aplicando hoy es muy arbitrario”.
“Los jueces le erran muchas veces porque están actuando con ese espíritu vengativo”, y puso como ejemplo el caso de la condena al extupamaro Héctor Amodio Pérez, luego revocada.
Después defendió lo que él hizo durante la primera presidencia, entre 1985 y 1990, cuando se votó la amnistía para los presos políticos y luego la ley de caducidad. “Se puede discutir lo que se quiera, pero está claro que la finalidad de las dos amnistías se cumplió, y el país se pacificó. Acá las leyes que se hicieron pacificaron, éxito y orgullo de nuestro partido”.
Sanguinetti habló también de los desaparecidos: “Desgraciadamente” es una “causa muy difícil de satisfacer. Cada gobierno hizo lo que pudo. (…) Todos los esfuerzos se han hecho, cada uno hizo un poquito y la prueba con todo el esfuerzo, el dinero que se ha gastado, las excavaciones, se encontraron pocos. Eso mantiene una llaga viva”.
A su vez, el propio presidente Luis Lacalle Pou había tomado distancia de la propuesta de Cabildo: “No forma parte del Compromiso por el País. El senador Manini habló conmigo este tema, me lo planteó, es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas”, dijo en rueda de prensa.
Manini Ríos siguió con su plan: declaró que el procesamiento del exsoldado Leonardo Vidal por la muerte de un tupamaro en 1972 lo decidió a presentar el proyecto y redobló sus duras críticas hacia el Poder Judicial, un rosario de reproches que había comenzado cuando aún era comandante del Ejército.
“Estamos ante un hecho muy grave que atenta nuestro Estado de derecho” había dicho entonces el senador de Cabildo Raúl Lozano, mientras el presidente del partido, Guillermo Domenech, propuso “una amnistía para dar vuelta la hoja”.
Para el politólogo Daniel Chasquetti, en cambio, el peligro para la democracia es la postura de Cabildo. El martes 4, en el programa La letra chica, de TV Ciudad, Chasquetti opinó que Cabildo “da un poco de tristeza” porque “está rompiendo el juego, y eso es muy grave: ¿cuál va a ser la próxima movida?”.
La casa de la calle Bacacay
La ofensiva de Cabildo coincidió en el tiempo con el pedido del senador nacionalista Jorge Gandini para desclasificar las actas de la comisión investigadora que actuó en 1985 y 1986 en la Cámara de Diputados para investigar los asesinatos en Buenos Aires de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, uno de los casos más sensibles de la historia reciente y cuyos autores materiales continúan impunes a pesar de que la Justicia procesó al expresidente Juan María Bordaberry y al entonces canciller Juan Carlos Blanco.
En 1976, cuando ocurrieron los asesinatos en Buenos Aires, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina operaba de forma clandestina un centro de torturas en Automotores Orletti. Muchos testimonios de sobrevivientes coinciden en que en ese extaller del barrio Floresta de Buenos Aires, junto con los agentes locales, actuaban oficiales uruguayos que pertenecían al Servicio de Información de Defensa (SID). Algunos de esos testigos mencionaban también la existencia de una casa de similares características en la calle Bacacay, que hasta hace unas semanas no había sido localizada a pesar de que el jefe “inorgánico” de la SIDE Aníbal Gordon, con nombre falso, había puesto una como garantía para alquilar la otra.
El juez federal Daniel Rafecas confirmó a comienzos de julio, en plena pandemia, que la segunda base utilizada por la SIDE en el barrio Floresta está ubicada en la misma manzana de Orletti.
Cruzando diferentes testimonios y dibujos hechos de memoria, el juzgado pudo identificar la casa donde, entre otros, habría sido visto el médico argentino expulsado de Uruguay Manuel Liberoff, que continúa desaparecido desde la misma fecha en que fueron acribillados, al estilo de la Triple A, Michelini, Gutiérrez Ruiz y el matrimonio formado por William Whitelaw y Rosario Barredo.
Además de aportar datos acerca del caso de Liberoff, la investigación judicial argentina que lleva adelante Rafecas podrá contar con el testimonio de Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo y sobreviviente.
Cortinas de humo
La investigadora parlamentaria uruguaya actuó oficialmente entre el 8 de abril y el 13 de octubre de 1987, cuando se votaron los informes y se pasó el expediente a la Suprema Corte de Justicia.
Para ese entonces, después de fuertes presiones, ya se había votado la ley de caducidad y los cuatro asesinatos entrarían, algo a fórceps, en esa normativa.
La comisión investigadora recogió decenas de testimonios, entre ellos los de las enfermeras Haydee Trías y Juliana de Sarro, que estaban relacionadas con los oficiales del Ejército Manuel Cordero y Pedro Mato.
Según declaró Trías y ratificó una década después en una entrevista con el entonces periodista de El Observador Edison Lanza, en un momento de crisis emocional Mato le contó que había matado a su amigo Michelini a cambio de una recompensa económica.
La confesión, que Trías relató al Servicio Paz y Justicia y luego a los diputados, fue negada unos días después por De Sarro, a pesar de que, según su amiga, había sido una conversación entre los tres.
La declaración de la enfermera causó gran revuelo en la comisión y a los pocos días las actas, declaradas secretas, fueron publicadas por El País, luego de que Búsqueda no quiso hacerlo. En ambos casos, la fuente era muy cercana a Sanguinetti y al prosecretario de la Presidencia Walter Nessi.
Después de esa filtración, la comisión quedó inoperante y algunos meses después se votó la ley de caducidad.
En el libro Sabotaje a la verdad, la periodista Florencia Melgar recogió la versión de que Sanguinetti llegó a invitar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela a un largo viaje oficial a Egipto e Israel para demorar que la corporación se expidiera sobre una contienda de competencias entre la Justicia civil y militar en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.
Aunque no arribaron a una conclusión y tampoco hubo una investigación judicial seria, tanto la familia Michelini como Gutiérrez desconfiaron de la versión de la enfermera Trías y se inclinaron por una intervención de Cordero y el entonces mayor José Gavazzo como ejecutores de un plan dispuesto por los mandos y coordinado con sus pares argentinos.
La versión de que Mato hubiera ejecutado a Michelini, a pesar de que no existen testimonios de su presencia en Orletti, tenía cierta verosimilitud, ya que estuvo destinado en el SID y está requerido por la Justicia por la muerte, en mayo de 1972, de Luis Carlos Batalla, un militante democristiano que se considera el primer muerto en la tortura por el Ejército, mientras era interrogado en el 10° de Infantería en Treinta y Tres.
“La gente lo sabe”
Durante una larga entrevista con un periodista del diario holandés Algemeen Dageblad, cuatro días antes de las elecciones de 1989, el entonces ministro de Defensa, general Hugo Medina, negó que “ningún miembro del Ejército” hubiera matado a Michelini y a Gutiérrez Ruiz.
“Está probado que no es responsable de esas muertes ningún miembro del Ejército uruguayo. Nosotros lo hemos averiguado y la gente lo sabe. (…) No fueron ajusticiados por decisión nuestra ni por nosotros”, afirmó.
Sin embargo, además de los testimonios de las víctimas, el exministro de Defensa de la dictadura argentina José María Klix dijo en reserva que se trató de “una operación uruguaya”.
Los cables confidenciales del Departamento de Estado desclasificados en 1987 (ver Búsqueda N° 384), si bien no son concluyentes, hablan de una “coordinación” entre los gobiernos, que luego se conoció como Plan Cóndor, entre cuyos firmantes estaba el subdirector del SID, coronel José Fons.
A su vez, el periodista estadounidense John Dinges, en su libro Operación Cóndor, afirma que los cuatro asesinatos “fueron ordenados por el exjefe del Ejército uruguayo general Gregorio Álvarez y ejecutado por un subcomisario de la Policía Federal argentina”.
El régimen militar argentino, instaurado el 24 de marzo de 1976, había decidido expulsar del país a los legisladores el 26 de abril de ese año, “pero extrañamente la orden no se cumplió” y fueron ejecutados.
Otra versión manejada también por los familiares de las víctimas es que un mayor del Ejército (que no es Gavazzo) hizo de enlace entre Álvarez y el ejecutor y que debió viajar dos veces para recibir órdenes en Montevideo.
En mayo de 1976 el jefe del Ejército era Julio César Vadora, el director del SID Amaury Prantl, mientras Álvarez estaba al mando de la División IV con sede en Minas.
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