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Fue poco antes del mediodía del viernes 2, cuando buena parte de la atención mediática estaba puesta en el partido que la Selección uruguaya iba a disputar con Ghana por el Mundial de Catar.
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Por esas horas, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) comunicó una resolución, con cuatro votos contra uno, que determinó que el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos; su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira, no son colonos propietarios de un campo que poseen en el departamento de Artigas.
Y, entonces, después de tres informes internos que sostenían lo contrario y de dos estudios externos que le dieron la razón a Manini Ríos, para el gobierno quedó finalmente zanjada una larga polémica que incluyó discutidos capítulos a lo largo de todo el 2022.
Hubo varios mojones. Búsqueda informó en marzo los resultados de un estudio de la Inspección Oficial del INC que concluyó que el grupo familiar era colono. Se trató de una inspección que tenía como objetivo saber el estado de ocupación y explotación de determinadas fracciones e inmuebles del predio para aclarar quiénes eran los propietarios de esas tierras y si cumplían con la normativa vigente del INC.
Luego de ese informe, el Directorio del organismo envió el expediente a la Asesoría Letrada. Se procuraba definir si cabía exigirle al grupo familiar los títulos de las fracciones que supuestamente estaban en situación irregular. En junio, la jurídica del INC ratificó la condición de colonos. Y en noviembre la Sala de Abogados también elevó un informe en el mismo sentido.
Sin embargo, con las tres conclusiones internas en contra de la posición de Manini Ríos, el Directorio del INC aguardó a conocer los resultados de una asesoría jurídica externa que fue solicitada a Horacio de Brum, catedrático de Derecho Agrario de la Universidad Católica del Uruguay. El informe concluyó que ni el senador Manini, ni su esposa ni su suegro son colonos. Y el viernes 2, con el único voto en contra del director en representación de la oposición, Andrés Berterreche, se respaldó el informe de De Brum y se comunicó la noticia.
Según el análisis del abogado, se concluye que es “indiscutible” de acuerdo a las expresiones del Directorio de la época que el “bien inmueble número 511 de la cuarta sección judicial del departamento de Artigas no reunía las cualidades necesarias para ser destinado a los fines de la colonización”.
“Esta condición esencial de la aptitud del bien inmueble para cumplir con los fines de la colonización determina que este no puede ingresar dentro del sector reformado y, como consecuencia de ello, los titulares en la adjudicación y los negocios sucesivos y supervinientes en el tiempo no pueden ser considerados dentro del ámbito de la colonización como está establecido en la normativa aplicable en nuestro ordenamiento jurídico”, agrega.
Tras el dictamen, el líder de Cabildo Abierto se expresó en la red social Twitter. “Quedó comprobado que los reiterados informes de los militantes de jurídica del instituto carecían de fundamento”, escribió. Y cuestionó el “sesgo político” de los anteriores documentos presentados por los abogados de Colonización.
Berterreche coincidió con el senador en lo de lo político por sobre lo jurídico. Pero al revés. En una entrevista con En perspectiva, dijo que la decisión del directorio es “absolutamente política”. Y agregó que si De Brum “hubiera llevado una hoja en blanco hubieran votado lo mismo”. Para Berterreche, por las “condiciones” en las que se realizó el informe, no le “deja ninguna duda”: se hizo en “cinco días”.
“Se hace el contrato un viernes y el miércoles ya lo tiene terminado”, argumentó. Y recordó que a los servicios técnicos del INC les llevó un año y medio analizar el mismo caso.
Fachada del Instituto Nacional de Colonización. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Liberar información
En tanto, en las últimas horas el Frente Amplio reaccionó al fallo de Colonización y se movió políticamente para profundizar en la resolución. El diputado Alfredo Fratti elevó una solicitud para que el organismo exponga a la opinión pública el contenido de los informes internos que fueron finalmente desestimados por el directorio. Asimismo, reclamó conocer las actas completas de cada una de las sesiones en donde se trataron estos asuntos.
“La idea es conocer en detalle qué es lo que dicen esos documentos”, dijo el legislador a Búsqueda. Y agregó, con base en su experiencia, que en este tipo de instituciones “los cuerpos jurídicos son los que más saben y más memoria tienen para actuar. Son técnicos de las instituciones y no de los jerarcas de turno. Son confiables”.
Para Fratti “está claro” que hubo una “decisión política” y que en una resolución “inédita” se contrató a un abogado externo para “fallar a favor” de quien estaba siendo investigado.
