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Por incumplir ciertas condiciones, como la de “residir en el predio” y “no tener ingresos por fuera” de la explotación agropecuaria, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) decidió rescindir el contrato de arrendamiento de un campo de 49 hectáreas en la colonia Benito Nardone con el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía.
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Esa determinación fue adoptada por el ente estatal en una resolución del miércoles 4 y ratificada el miércoles 11, según información a la que accedió Búsqueda.
En diciembre de 2017 el INC suspendió la condición de arrendatario de ese político del Partido Nacional (PN), pese a que la había confirmado en setiembre de 2016 (Búsqueda N° 1.903).
Esas decisiones tuvieron el voto en contra del representante del PN en el Directorio de Colonización, Rodrigo Herrero, quien discrepó con el criterio de dar marcha atrás y apoyarse en un decreto presidencial de octubre de 2016 con carácter retroactivo (N° 1.889).
Antía es el segundo político blanco al que el INC decide sacarle el campo; tras un proceso similar, el senador Álvaro Delgado entregó en 2018 un campo de 339 hectáreas en Paysandú.
Antía se desempeña en cargos políticos desde hace 19 años y actualmente tiene una remuneración de casi $ 500.000 mensuales. El intendente fernandino además participa en una sociedad civil con un arquitecto para el manejo de campo de 1.400 hectáreas, que incluye las fracciones del INC.
Este mes Colonización también tomó una nueva determinación sobre el caso del intendente de Flores, Fernando Echeverría (PN), que arrienda un campo de 90 hectáreas del Estado en ese departamento. La decisión implica que “en caso que su actividad pública se prolongue, dejando de ser la explotación agropecuaria su principal medio de vida, deberá entregar al INC las fracciones que arrienda”.
Esa medida es similar a la adoptada en 2018 con otro intendente blanco, Pablo Caram, de Artigas, quien es arrendatario de un predio de 707 hectáreas en la colonia Artigas.
Esos políticos pagan al ente estatal una renta diferencial, que supone un valor superior en casi 70% al que abonan en promedio los productores colonos.
Antía ya inició una acción de nulidad contra el INC en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por “manifiestas ilegitimidades, relacionadas con esa recisión”, declaró una fuente del entorno del intendente. “Este juicio ya se encuentra en etapa de alegatos, por lo que existe absoluta confianza que el TCA anule el accionar ilegítimo del INC”.