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“Estamos bajo ataque”, “nos están haciendo una cama para quemar dirigentes”. Con frases como estas, en agosto del 2008 los convencionales del Partido Colorado hacían una catarsis ante la serie de acusaciones de corrupción que recibían del primer gobierno del Frente Amplio. Además de ir a juzgados, algunos dirigentes colorados debieron asistir a una comisión del Parlamento para explicar su gestión.
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En ese momento los colorados reivindicaron su honradez y señalaron que fueron ellos quienes impulsaron la “ley anticorrupción” en la década de 1990. Con la idea de seguir en esa línea, los convencionales del Partido Colorado analizarán el sábado 1º en Durazno un proyecto de “Código de Ética y Conducta Política” en el que se plantea evitar la “conjunción del interés público con el privado” y que una comisión actúe de oficio cuando un dirigente es denunciado ante la Justicia penal.
“Esto no se hace con la finalidad de decir ‘qué buenos que somos’; simplemente consideramos que este es un tema del que nos tenemos que ocupar. Un partido que se dé a sí mismo un código de ética tiene que ser juzgado adecuadamente por la ciudadanía porque se está velando por la actuación proba de todos sus miembros y se muestra que el Partido tiene los mecanismos necesarios para actuar ante situaciones de desajuste”, explicó a Búsqueda el dirigente Roberto Yavarone, uno de los responsables de la elaboración del proyecto.
Dentro del Partido Colorado “siempre hubo una Comisión de Ética y Disciplina”, pero no tenía “un código que regulara el procedimiento de lo que pueden ser faltas, sanciones —recordó el dirigente—. A lo largo de la historia existieron lineamientos generales a los cuales todos los afiliados y todos los que ejercen alguna dirección tuvieron que ajustarse. Hasta la existencia del código nos regulamos por lo que son las cuestiones de principios generales, de lo que es la actuación normal con el concepto de buen padre de familia en la actividad política”.
Según Yavarone, la aprobación de un código es un “paso muy importante que da mayores seguridades y garantías a todos”, ya que quienes sean dirigentes en algún órgano partidario, afiliados u ocupen cargos de confianza sabrán a qué “reglas clave deben sujetarse”.
El proyecto establece normas de conducta y sanciones para quienes incurran en faltas éticas. También indica que los afiliados al Partido Colorado tienen la “obligación de respetar, tanto en la actividad partidaria como en el ejercicio de cargos públicos de cualquier naturaleza, los principios de honestidad, lealtad, probidad y dedicación”.
El principio de honestidad, se agrega en el proyecto, impone a los afilados que ejerciendo la actividad partidaria y desempeñando cargos públicos deben actuar “con absoluta transparencia en beneficio del interés público, debiendo evitar cualquier conducta que implique la conjunción del interés público con el privado”.
Además, se los obliga a “rechazar todo provecho o ventaja indebida, de cualquier naturaleza, obteniendo por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros”.
El proyecto propone que al menos una vez al año, quienes ocupen cargos políticos o “de particular confianza” deberán “informar a los órganos partidarios sobre su gestión”.
En otro artículo del proyecto se prohíben “acuerdos electorales, de cualquier naturaleza, que celebren los afiliados al Partido, al margen o en contra de las autorizaciones que pueda realizar la Convención Nacional del Partido Colorado”.
La iniciativa crea la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política, que tratará las denuncias. El procedimiento disciplinario ante la comisión —que tendrá cinco integrantes— se podrá iniciar por el planteo de un afiliado al Partido, por iniciativa del Comité Ejecutivo Nacional o, de oficio, en “aquellas situaciones que por su gravedad a su juicio lo ameriten”.
Además, en el proyecto se señala que si se presentara una denuncia penal contra un afiliado al Partido Colorado o contra quien ocupe cargos públicos en su representación, la comisión deberá “actuar de oficio”.
La comisión podrá aconsejar a la Convención Nacional la aplicación de distintos tipos de sanciones como advertencia o apercibimiento, observación escrita, amonestación, suspensión por seis meses de los derechos y cargos partidarios, solicitud de renuncia o remoción de los cargos partidarios o públicos que ocupe en representación del Partido Colorado, desafiliación e inhabilitación a afiliarse por un plazo de entre 12 y 36 meses y, por último, la expulsión.
De Rivera a Batlle.
En el proyecto se incluyen disposiciones generales que indican que los afiliados deben “defender y promover los principales valores políticos que el Partido Colorado ha fomentado desde su fundación por el general Fructuoso Rivera y reafirmados por don José Batlle y Ordóñez, como son la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, y la solidaridad con los más débiles”.
Se establece que quienes integren cualquier órgano de conducción de la colectividad deberán estar afiliados y aportar la cuota correspondiente.
A la vez, en el proyecto se indica que quienes forman parte del Comité Ejecutivo Nacional o Departamental, la Convención Nacional, la Convención Departamental y otros órganos de conducción, no podrán aceptar cargos políticos o de particular confianza que les sean ofrecidos por gobiernos de otros partidos, sin que previamente se informe al CEN colorado.
Las normas sobre conducta ética no serán incluidas en la Carta Orgánica —como en otros partidos—sino que pasarán a formar parte de la vida partidaria como una norma aparte.
En los demás partidos también existen textos vinculados al cuidado de la ética de los dirigentes políticos. El Frente Amplio tiene su Comisión de Disciplina. El Partido Nacional, en su Carta Orgánica, también establece la existencia de una Comisión de Ética. Esta comisión —se dispone—“entenderá en los casos de violación flagrante de la Carta Orgánica, y en general, en cualquier desviación de conducta que comprometa valores éticos, de cualquier integrante del Partido, en el ejercicio de una función pública o partidaria”.
