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Tras una década en vigencia de la ley de promoción y defensa de la competencia, 16 empresas fueron multadas y 10 recibieron apercibimiento por infringir la normativa. La comisión que se encarga de su aplicación investigó 78 denuncias de prácticas anticompetitivas e hizo media docena de actuaciones de oficio. El total de sanciones aplicadas hasta el momento fueron por US$ 3,5 millones. Además, dirigió 14 recomendaciones a organismos públicos sobre disposiciones restrictivas de la competencia.
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“El balance es positivo, considerando que es un país donde hay poca cultura y desconocimiento de los valores de la competencia, y que tiene mercados muy concentrados”, señaló a Búsqueda Luciana Macedo, integrante de ese órgano. Más allá de eso, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —que comenzó a funcionar en 2009, dos años después de aprobada la ley 18.159 — pretende “impulsar” una “reforma legal” para mejorar su funcionamiento y darle “más jerarquía”, informó.
Comentó que dados los recursos “limitados” que tiene, la forma de trabajo de la comisión ha sido “reactiva” y no pudo “armar una agenda” de actuación. “Viendo cómo se mueve la economía, y las inquietudes y planteos en varios sectores concentrados —como el de las farmacias, la carne, la cerveza, el forestal—, habría que jerarquizar el tema de la defensa de la competencia”, sostuvo. En esos rubros “no necesariamente tiene que haber conductas anticompetitivas, pero son ámbitos más proclives para que ocurran, ya sea por colusión o abuso de posición dominante”, señaló.
En el sector público, mientras tanto, “hay grandes contradicciones, porque el propio Estado promueve que haya una oficina que aplique la ley, pero permanentemente está haciendo actos anticompetitivos”, opinó.
Los cambios.
En 2016, Uruguay recibió una serie de recomendaciones por parte de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por su sigla en inglés), tras someterse voluntariamente a un examen entre pares del marco jurídico en materia de competencia. El organismo internacional identificó varios problemas (Búsqueda Nº 1.890). Entonces, el Ministerio de Economía (MEF) señaló que los resultados de dicha revisión servirían de insumo para mejorar el marco legal, pero hasta ahora no presentó propuestas. En ese contexto, la comisión decidió plantear tres cambios que requieren modificación de la ley 18.159.
El primero apunta a lograr una mayor independencia presupuestal y administrativa, anunció Macedo. Explicó que hasta ahora la comisión no puede ser “ordenadora del gasto y decidir cómo usar los fondos”, ya que como órgano desconcentrado ello es resorte de la Dirección General de Secretaría del MEF.
Otra modificación apunta a ampliar las potestades de la comisión.
Respecto a las concentraciones de mercado por parte de las empresas, su único cometido es el de recibir las notificaciones, pero no el de autorizarlas. Macedo dijo que se busca darle intervención en dichas autorizaciones, lo que a su juicio sería un cambio significativo. “En una economía como la nuestra, donde los mercados se siguen concentrando, no tenemos esa atribución, ni tampoco para poner ciertas condiciones. Eso requiere reforma legal, tiene que haber voluntad” política, afirmó.
Según la ley, cuando una empresa alcanza —por haberse fusionado o comprado otros establecimientos comerciales, industriales o civiles, etc.— una facturación bruta anual igual o superior a 750 millones de unidades indexadas a la inflación, o bien llega a una participación equivalente al menos de 50% del mercado relevante, debe comunicarlo a la comisión. De 2009 a 2016 recibió 39 notificaciones de concentraciones, informó.
Para la comisionada, una posibilidad es que esos umbrales sean elevados pero que dichas operaciones pudieran ser analizadas y autorizadas, como sucede en otros países. En Uruguay, solo se prevé que la comisión autorice una concentración cuando se conforme un monopolio de hecho (100% del mercado). Según Macedo, dicho porcentaje también debería revisarse porque hay sectores que “se siguen concentrando y hay planteos e inquietudes de que en los mismos los precios son más elevados”.
El tercer aspecto de la reforma que planteará la comisión refiere a la limitación que tiene para actuar en aquellas actividades reguladas por un órgano especializado, como el Banco Central o las unidades reguladoras de energía y agua, y la de comunicaciones. Macedo explicó que si bien la oficina tiene una interpretación “muy estricta” de esa disposición, su redacción ha generado “muchos problemas” en estos años por dejar una “zona gris” (al establecer que la actuación de los órganos reguladores especializados incluirá actividades que tengan lugar en “mercados vertical u horizontalmente relacionados” con aquellos bajo control en la medida en que afecten las condiciones competitivas). En su opinión, es preciso delimitar mejor cuáles son los sectores fuera de competencia, para que haya “certeza jurídica” al respecto.
Sanciones.
La comisionada evaluó que “queda muchísimo por hacer” para difundir la normativa sobre competencia, si bien parte del empresariado y los grandes estudios jurídicos la conocen: “Probablemente, lo que exista ahora es mayor cuidado de parte de los empresarios cuando van a infligir la normativa; tal vez en años anteriores era hasta más fácil probar las conductas”.
Macedo planteó, a título personal, otro aspecto que a su entender debe ser repensado: el beneficio que obtiene una empresa por realizar una conducta anticompetitiva en relación con la sanción que recibe. “Capaz, eso nos indica que hay que hacer más duras las multas para desincentivar” esas prácticas, sostuvo.
Informó que se realiza un estudio para fijar criterios “más claros” a efectos de calcular las sanciones, por tipo de conducta, agravantes y atenuantes.
