Para la Secretaría, “uno de los principales desafíos es aumentar la competitividad y reducir el costo del comercio”.
Los costos del comercio
Entre otros comentarios, observa que el país “continúa cobrando varias tasas al comercio, como la tasa consular y las portuarias por el manejo de la carga, que generan costos adicionales. Por lo tanto, “a pesar de los esfuerzos para reducir los costos”, durante 2018 y 2023 los valores del comercio del Uruguay fueron 1,4 veces más altos que en las principales economías del mundo, señala citando estimaciones de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
Rescata, de todos modos, algunas medidas específicas. Algunas, de “facilitación”, han tenido un “impacto positivo en la eficiencia del despacho aduanero. Entre 2018 y el primer trimestre de 2025, más del 95% de los documentos únicos aduaneros fueron despachados en menos de ocho horas en todos los puestos fronterizos del país, con la única excepción del puerto de Nueva Palmira, donde este indicador se mantuvo en torno al 80%. “Esta mejora refleja un avance sostenido en la agilización de los procesos aduaneros y en la reducción de tiempos logísticos”, celebra la Secretaría.
El promedio aritmético del arancel a la “nación más favorecida” aplicado por el Uruguay en 2024 fue del 9,0%. En materia arancelaria, el “principal cambio” en su estructura desde 2017 ha sido el aumento en las líneas arancelarias que tenían un nivel de 0%, que pasaron de representar 14,4% en ese año a 32,7% en 2025.
Además de los impuestos internos, las importaciones “continúan estando sujetas a la tasa consular, las tasas portuarias, la tasa única sobre las importaciones de papel de diario para las empresas en Montevideo, y la tasa Latu (Laboratorio Tecnológico) relacionada a la evaluación de la conformidad para los alimentos y bebidas”, enumera el informe. Detalla que la recaudación por concepto de la tasa consular se incrementó en 47% entre 2018 y 2025, cuando alcanzó a US$ 341,8 millones.
Régimen “relativamente abierto” para las inversiones
En el capítulo referido a las inversiones, describe que Uruguay cuenta con un régimen “relativamente abierto, con ciertas restricciones, ya que existen monopolios estatales en la telefonía fija, la internet fija (hasta 2022), la importación y refinación de hidrocarburos, los seguros para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la transmisión y distribución de electricidad. No obstante, durante el período examinado se eliminó el tope a la inversión extranjera en las líneas aéreas nacionales, que era del 49%, y la restricción al servicio de cabotaje y transporte aéreo interno”.
Competencia y monopolios
Durante el lapso que abarcó el examen, el Uruguay “actualizó su régimen de competencia para mejorar la eficiencia de los mercados”, repasa la Secretaría. Por ejemplo, se establecieron dos categorías de prácticas anticompetitivas —las prohibidas y las expresamente prohibidas—, con el objetivo de mejorar la certeza jurídica, y se incorporó el requisito de obtener una autorización previa para las concentraciones económicas. “No obstante, la Constitución permite los monopolios. Por lo tanto, las empresas estatales mantienen monopolios en ciertos sectores (energía y servicios) o una importante participación en otros (combustible y servicios financieros y telefonía móvil)”.
En 2025, señala, la “participación de las empresas estatales en la economía continúa siendo significativa”.
Analiza algunos sectores específicos.
A pesar de la “limitada competencia en el sector de las telecomunicaciones, que ha mantenido las tarifas relativamente elevadas”, Uruguay cuenta con una infraestructura digital de amplia cobertura, lo cual ha facilitado el desarrollo del comercio electrónico, apoyado por la introducción de nuevos medios de pago electrónicos. En particular, la nueva Ley de Inclusión Financiera desempeñó un papel determinante en la regulación del funcionamiento de las tarjetas crédito y débito y de los instrumentos de dinero electrónico, creando las condiciones necesarias para promover un mayor uso de los pagos electrónicos”, evalúa.
En los mercados en los cuales compiten con operadores privados, ciertas sociedades comerciales públicas “mantienen participaciones importantes”, consigna la Secretaría. Menciona, como ejemplo, que la participación de la UTE en el mercado de la generación eléctrica es superior al 99%. El Banco de Seguros del Estado (BSE) tiene un 33% de participación en el mercado asegurador y esta es “particularmente alta en el rubro del seguro rural; en este segmento el BSE capta el 70% de las primas. Además, el BSE “aún mantiene el monopolio” de las pólizas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, que representan más del 10% de las primas.
En el sector bancario, el Banco República (BROU) “sigue siendo el principal banco y capta un 45% de los depósitos”.
La “alta participación” de los bancos públicos en el sistema financiero uruguayo “indica que existe una posible concentración”. Durante 2018 y 2024, las tres principales instituciones —el BROU y dos privados— mantuvieron más del 70% del total de los activos y de los depósitos. Eso se refleja en un Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) “por encima de los 2.500 puntos, mostrando una alta concentración”.
A su vez, el porcentaje del crédito otorgado por ese trío de entidades se situó entre el 64,7% y 71,2%, con un IHH de entre 1.784 y 1.933 puntos. Acota que, en 2025, hubo una “leve reducción” de la participación de estas entidades en el negocio crediticio, que llegó a ser del 69,5% del total de préstamos (con un IHH de 1.906 puntos).
Recomendaciones de la OMC
Como conclusión, la Secretaría afirma que durante el lapso estudiado Uruguay “continuó beneficiándose del comercio exterior y de la inversión extranjera, al mantener una política comercial estable y transparente y a un régimen favorable a la inversión. No obstante, para continuar fortaleciendo su inserción en los mercados internacionales”, el país puede seguir “profundizando sus esfuerzos por reducir los costos y aumentar la competitividad, por ejemplo, reduciendo la dolarización de la economía —mediante un mayor uso del peso uruguayo en precios y contratos, el fortalecimiento del mercado financiero en moneda local y la ampliación de los instrumentos de ahorro e inversión en pesos—, lo cual contribuiría a aumentar la competencia en el sistema financiero y a mejorar la previsibilidad de costos para las empresas y los hogares”.
Agrega que un marco regulatorio que “incentive la competencia en sectores clave también ayudaría a contener los costos internos y a dinamizar la productividad”. A su vez, la “modernización de la infraestructura, expandiendo el uso del transporte intermodal y multimodal, permitiría disminuir los costos logísticos y acortar los tiempos para los exportadores, en especial para las mipymes”.
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Vicecanciller Valeria Csukasi.
OMC
Al mismo tiempo, la Secretaría de la OMC entiende que Uruguay “puede seguir promoviendo la diversificación de sus exportaciones, incorporando más bienes producidos por mipymes y ampliando la participación de la mujer en el crecimiento de los servicios, no solo en actividades tradicionales como el turismo”, sino también en otros “modernos y digitales —como consultorías, programación o soporte especializado—, donde “ya existen incentivos y una oferta académica alineada con estas competencias”.
Dado que el Uruguay tiene una economía “altamente expuesta al cambio climático, resulta fundamental consolidar la ventaja comparativa asociada a su matriz energética renovable, aprovechándola para atraer mayores inversiones, potenciar sectores verdes y promover cadenas de valor bajas en carbono. Esta combinación de competitividad, resiliencia y diversificación permitirá al Uruguay mantener un crecimiento inclusivo y con mayor inserción internacional”.
Como presidente de esta instancia de examen, Erwin Bollinger, representante permanente de Suiza en la OMC, subrayó en una declaración que los miembros de la organización “alentaron a Uruguay a preservar un régimen de inversión abierto y predecible. Sin embargo, observaron que las empresas estatales seguían siendo actores importantes en la economía y que la competencia continuaba siendo limitada. Por lo tanto, acogieron con beneplácito los esfuerzos de Uruguay por mejorar su régimen de competencia para promover la eficiencia del mercado. Asimismo, instaron a Uruguay a garantizar la neutralidad competitiva. Los miembros invitaron a Uruguay a revisar su régimen de contratación pública y a considerar la eliminación de los márgenes preferenciales, las reservas de mercado y el requisito de contenido local”. En este contexto, expresaron su apoyo a la intención del país de adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública como observador.
