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Mientras las situaciones de acoso y abuso de poder en la Universidad de la República se encuentran en el centro del debate, la Comisión de Prevención y Actuación contra el Acoso y la Discriminación (CPAAD) enfrenta algunos obstáculos internos debido a los reparos del gremio de funcionarios de la universidad (Affur) con el nuevo protocolo para investigar las denuncias.
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En diciembre de 2020 la Udelar aprobó un nuevo reglamento para denunciar e investigar casos de violencia, discriminación o acoso en el ámbito universitario. La normativa, que comenzó a regir el pasado abril, buscó instalar un diseño institucional “más sólido, potente, garantista y expeditivo”, según las palabras del rector Rodrigo Arim. Para ello, creó un equipo técnico, con cargos rentados, responsable de dar trámite e investigar las denuncias con plazos más expeditivos.
Si bien el sindicato de funcionarios reclamó por años la incorporación de un equipo técnico que apoyara a la CPAAD en la investigación de las denuncias, hoy considera que el nuevo protocolo dejó exclusivamente el trabajo en manos de ese equipo, desdibujando el rol de la comisión.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que solo el equipo técnico defina los temas de acoso”, dijo a Búsqueda Cristina Álvarez, secretaria de Derechos Humanos de Affur y representante del gremio en la CPAAD.
“Se dejó todo en manos del equipo técnico”, reprochó Anahir Viera, exrepresentante de Affur en la CPAAD. La comisión “quedó atada de manos”. Por eso, contó, desde hace meses el gremio de funcionarios dejó de participar en las reuniones.
Viera cuestionó que los sindicatos quedaran por fuera del tema cuando fueron ellos, y principalmente los funcionarios, los que pelearon y lo impulsaron en primer lugar. “Ahora, después de toda la presión de los gremios, la Udelar crea un protocolo por fuera de la órbita de los sindicatos y pone al equipo técnico a trabajar solo. Para nosotros no tiene sentido. Estamos muy ofendidos”, afirmó.
Es que la nueva normativa quitó a la CPAAD su intervención en las denuncias concretas y le asignó funciones de difusión e información sobre la política de prevención del acoso de la Udelar. La comisión está integrada por representantes de Affur, de la federación de estudiantes y de la asociación de docentes, entre otros.
Viera planteó que el seguimiento y apoyo que daban los sindicatos a los denunciantes era muy importante porque a veces podían sufrir represalias o necesitar ayuda psicológica. En ese sentido, dijo que el “peso político” de los sindicatos era clave para dar respaldo y exigir medidas a las autoridades. También reivindicó que los sindicatos conocen el funcionamiento de los servicios y el contexto en el que se dan las situaciones. “Al quitarnos del medio lo que hace es reducirlo a la parte técnica. Pero ellos ven solo una parte”, acotó Álvarez.
Ambas señalaron que el acoso laboral o sexual puede derivar en situaciones muy delicadas, como la renuncia, la depresión o el suicidio. Por eso entienden que el acompañamiento es fundamental. “Hoy no nos da ninguna garantía”, afirmó Álvarez. “Las personas tienen más miedo de denunciar porque no sienten que están acompañadas. Y tampoco te da esa sensación de transparencia que te daba cuando estábamos todos los sindicatos metidos”, agregó.
