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El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentará un habeas corpus correctivo ante la Justicia para obligar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a instrumentar programas educativos en las prisiones.
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Petit envió una nota al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP el 29 de noviembre en el que alertó sobre el problema de la gran cantidad de presos analfabetos y semi analfabetos sincobertura educativa. No dio números porque el sistema no tiene el dato relevado, pero estima que son el 10% de la población en unos centros y 20% en otros, según consta en el recurso de habeas corpus al que accedió Búsqueda.
No es la primera vez que Petit recurre a la Justicia para intervenir en las cárceles. En junio, el comisionado presentó un recurso de amparo por cinco presos que presentaban signos de desnutrición y la Justicia obligó al Ministerio del Interior a dar respuesta.
El habeas corpus es una acción que quedó establecida en el artículo 351 del nuevo Código del Proceso Penal y que supone un mecanismo de “amparo de la libertad ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa”. También aplica “para la protección de la persona privada de libertad contra tortura y otros tratamientos crueles o condicionales de reclusión violatorias de la dignidad humana”.
La educación es un tema central para la recuperación de los presos y su posterior reinserción en la sociedad. En su último informe anual, Petit lo coloca como un foco a atender urgente porque “para buena parte de los internos del sistema, la privación de libertad se vuelve un espacio de tiempo sin sentido”.
De acuerdo con el informe anual del comisionado, el 33% de los centros de reclusión brindan tratos crueles, inhumanos o degradantes a los presos. Los celdarios 1 y 2 de Libertad, los módulos 8, 10, 11 y 12 de Santiago Vázquez, los pisos 4 y 5 del Femenino, el módulo 2 de Canelones y el sector A de Maldonado.
En esos centros, la falta de educación es total y son unos pocos los que pueden tener acceso. Si bien “la presencia de la educación formal en las cárceles, brindada por docentes del sistema educativo, ha aumentado en los últimos años, es totalmente insuficiente y es de justicia observar el rezago con que se viene construyendo en este tema olvidado largamente en el país”, dice el informe.
Según datos de la Coordinación de Educación del Instituto Nacional de Rehabilitación, en octubre de 2016 el número de estudiantes atendidos ese mes en educación formal fue de 2.126 personas —que asistieron a alguna actividad ese mes—, lo que representó el 21% de la población. De ellos, 1.917 fueron varones y 209 mujeres, lo cual indica que el 20% de todos los varones del sistema se encontraba realizando tareas de educación formal, mientras que en las mujeres ese porcentaje representó 37%.
Hay realidades muy diferentes. En Santiago Vázquez, por ejemplo, hay más de 3.400 presos pero solo 313 realizaron alguna actividad. Hay otros donde las diferencias se dan en el mismo penal. La cárcel de Maldonado tiene un buen centro educativo, incluso con acuerdos para la formación de nivel terciario, pero también tiene módulos muy violentos, con aislamiento y mínimas actividades de rehabilitación.
