Como el Titanic

Los impulsores del referéndum tienen claro que resultará imposible obtener el respaldo de 25% del padrón electoral (unas 700.000 firmas) para someter a votación popular sus cuestionamientos a la LUC. Ante la certeza del fracaso, el 25 de marzo la Comisión Nacional pro Referéndum reclamó “ampliar el plazo correspondiente de recolección de firmas” invocando “el principio jurídico de que al impedido por justa causa no le corren plazos en similitud del corrimiento de la fecha de las elecciones departamentales”. Un manotón de ahogado mientras el barco se hunde.

El manotón para ampliar el plazo de recolección de firmas dejó en evidencia la realidad: la oposición está acorralada. Al comenzar ya sabían que no lograrían las firmas necesarias, pero el objetivo era otro: mantener movilizado y entusiasmado a su electorado cada vez más indiferente y esquivo. Al ciudadano, sin distinción de ideologías, le preocupa su salud, la de su familia y el riesgo de quedarse sin trabajo. El resto es papel mojado.

Los argumentos en favor de ampliar el plazo no solo son inconsistentes, sino inconstitucionales, lo que es más relevante. Veamos lo que dice la Carta en su artículo 79: “El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo (…)”. Es claro y no hay lugar a otra interpretación sobre cuándo se podrá interponer el recurso de referéndum. Es “dentro del año de su promulgación”, lo que ocurrió el 10 de julio del año pasado. En consecuencia, a los referendistas les quedan tres meses para anunciar que fracasaron.

Lo cierto es que las diferencias internas en el Frente Amplio —donde cada vez más los dirigentes miran por su futuro para no quedar colgados del pincel— determinaron que la recolección de firmas se retrasara para iniciarse recién el 29 de diciembre. No es que el proyecto de la LUC los haya tomado por sorpresa. Todo lo contrario. Durante la campaña electoral el ahora presidente Luis Lacalle Pou anunció más de una vez que ese sería el camino que seguiría su gobierno en el caso de ganar las elecciones, como ocurrió.

Por otra parte, durante el debate parlamentario el Frente Amplio votó 241 artículos de la LUC sobre un total de 476 artículos. ¿Acaso creen que los ciudadanos en general y sus adherentes en particular son nabos? No. Simplemente los menospreciaron a la espera de que, como ha sido habitual, las ovejas siguieran la ruta que les marcaban sus pastores e hicieran cola para firmar.

Un ejemplo emblemático sobre la descomposición en la oposición es Rafael Michelini, exsenador, secretario político del Frente Amplio y su representante ante la Comisión pro Referéndum. Al iniciarse la recolección de firmas afirmó que “la LUC fue un atropello y cuando te atropellan te quejás”. ¿Atropello? Como durante toda su carrera, seguramente estaba distraído cuando su partido votó esos 241 artículos. Ahora, mientras camina hacia el ocaso lanzó una amenaza en Caras y Caretas. Afirmó que si no se modifican los plazos la campaña de recolección de firmas generaría aglomeraciones prohibidas por las disposiciones sanitarias y los límites al derecho de reunión. Duró lo mismo que un lirio. El Frente Amplio lo destituyó. Lo patético de la situación es que se lo comunicó el presidente de su partido, Javier Miranda, otro que lo acompañará en el ocaso.

Los impulsores del referéndum debieron revisar el pasado, porque ni aun con el número de firmas necesario se aseguraban las derogaciones de la LUC. La historia permite mamar del pasado para entender el presente y proyectarse al futuro.

En 1989 la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue sometida a un referéndum con el objetivo de revocarla. Juntar las firmas no le representó al Frente Amplio, a los sindicatos y a las organizaciones sociales ninguna dificultad. Era un tema extremadamente sensible. Pero la votación —la primera de un referéndum contra una ley nacional— arrojó el siguiente resultado: El “voto amarillo” por mantener la ley obtuvo 57% de los votos y 43% el “voto verde” por la derogación.

El ciudadano uruguayo nunca aceptó que le marcaran el territorio de su voto. Había dado una clara muestra de su independencia cuando en 1980 en plena dictadura los militares convocaron a un plebiscito para perpetuarse en el poder mediante un nuevo régimen constitucional. El 57,2% votó en contra de la propuesta militar y a favor lo hizo 42,8%.

Entonces como ahora, a llorar al cuartito con el salvavidas en la mano.