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Aunque, como en Uruguay, la izquierda y los sectores estudiantiles suelen simpatizar, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, se puso a la defensiva el viernes 2 cuando, de visita en la Universidad Federal ABC (Campus Santo André), alumnos mostraron carteles expresando rechazo al “marco fiscal” que impulsa el gobierno. En su discurso, ese abogado y exministro de Educación (2005-2012) les dijo que siguen teniéndolo como “aliado” y que no cambió “de lado, sino de edificio”.
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La administración encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está buscando la aprobación en el Congreso de una ley de control del gasto y la deuda pública. En resumen, la propuesta plantea que la expansión de las erogaciones no puede ser superior al 70% del crecimiento de los ingresos tributarios del año previo, aunque ese tope regiría recién después de 2024. Por esta regla, si incumple con los resultados fiscales fijados, el gobierno queda impedido de crear cargos públicos y se le impide ampliar los fondos para programas sociales o conceder nuevas exenciones impositivas. Algunos analistas consideran que la promesa de las autoridades de abatir a cero el déficit primario —sin considerar los intereses de deuda— el año próximo solo podrá cumplirse si hubiera un aumento considerable de la caja, recogió la cadena CNN Brasil.
Al mismo tiempo que se procesan esos debates, una decisión del Poder Ejecutivo encabezado por Lula está teniendo algunos efectos que llegan hasta Uruguay. Con la firma del presidente y del ministro Haddad, el 30 de abril se aprobó la Medida Provisoria 1.171, que modifica la tributación de las rentas obtenidas por personas físicas residentes en Brasil en inversiones financieras, entidades controladas y fideicomisos localizados en el exterior. Ese tipo de normas entran en vigor con “fuerza de ley”, aunque caen en 60 días —prorrogables por igual plazo— si no reciben el aval mediante decreto del Congreso.
Ya con ese vigor provisorio, en Montevideo algunos estudios profesionales están recibiendo inquietudes de brasileños afectados que exploran alternativas. “Las consultas están siendo parecidas a lo que fue la primera ola de argentinos” que en su momento optaron por cambiar su residencia a Uruguay, dijo a Búsqueda Javier Otegui, socio de Guyer & Regules y Grant Thornton Uruguay. Agregó que brasileños con altos patrimonios están realizando “llamados, preguntas sobre qué hacer y cómo tributar y algunos empiezan a avanzar en la compra de inmuebles o en los trámites para la residencia legal” uruguaya. Es un fenómeno “incipiente” pero que, estimó, “va a crecer” si dicha medida provisoria se aprueba en el Congreso tal como está o con modificaciones que no la alteren en su sustancia.
Escapando del kirchnerismo y poniéndose al amparo de condiciones fiscales más laxas y beneficiosas ofrecidas por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou —además de la “libertad responsable” vigente durante la pandemia de Covid—, la cantidad de residencias tramitadas por argentinos mudados a Uruguay pasó de unas 2.000 al año a mediados de la década pasada a 6.816 en 2020 y a 12.489 en 2021. En 2022 fueron 7.209, según datos oficiales publicados por El País.
Por las mismas condiciones fiscales ventajosas que disfrutan muchos de esos inmigrantes argentinos, ahora los brasileños consideran establecerse en Uruguay, que está “a dos horas de avión de San Pablo o Río y a una de Porto Alegre”, señaló el socio de Guyer & Regules, estudio que ofrece servicios legales, contables e impositivos. Los perfiló: en general son personas de “patrimonio alto” —usualmente mucho mayores que el de los argentinos— que tienen colocaciones financieras fuera de Brasil y que ya están alejados de su actividad empresarial o profesional.
Tras el tax holiday
Otegui señaló que si finalmente es ratificada en el Congreso, lo dispuesto en la medida provisoria cambiará de manera sustantiva las condiciones tributarias para los brasileños que cuentan con activos financieros fuera de su país.
Según explicó, la disposición establece que si la persona controla una sociedad con activos financieros en el exterior —un mecanismo usual para la gestión patrimonial o los procesos sucesorios— y esa compañía tiene más de 20% de rentas pasivas, como intereses o dividendos, se la considera fiscalmente transparente. En ese caso, se debe pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en Brasil año a año (sin la posibilidad del diferimiento hasta el momento en que la sociedad pagaba dividendo, como ocurría hasta ahora).
Las alternativas que se le abren a esa persona son dos: o empieza a pagar según lo dispuesto por la medida provisoria —con alícuotas que llegan hasta 22,5% para el tramo más alto de la renta— o muda su residencia a otro país. Si se hace residente fiscal en Uruguay, dejando de serlo en Brasil, podría seguir manteniendo esa sociedad, y si hace uso de la opción de los nuevos residentes de tributar el Impuesto a la Renta de no Residentes (tax holiday) implica que en la práctica no quedaría gravado por esas rentas financieras en Uruguay por 11 años (el año que se hace residente fiscal por primera vez más 10 ejercicios adicionales).
Para Otegui, las condiciones que ofrece Uruguay son muy ventajosas, si bien los brasileños alcanzados por la medida provisoria están considerando otras alternativas, como “irse para Italia, donde existe un régimen en el que se pagan 100.000 euros al año y nada extra por lo situado en el exterior”. Por razones idiomáticas y su régimen para residentes “no habituales”, Portugal también los atrae.
Según dijo, “más de un cliente” brasileño ya inició la gestión de la residencia legal en Uruguay y está evaluando pasar a residir fiscalmente en Uruguay a partir del 2023.
