Con caza de opositores y devaluación, Venezuela entra en nueva fase

“El gobierno ha tratado de decapitar al liderazgo opositor (y) acabar por la fuerza con la protesta popular”, sostuvo Alfredo Keller, analista de la encuestadora venezolana Keller y asociados. “Sin embargo, esa protesta popular continúa”, agregó en diálogo con Búsqueda.

Uno de ellos es Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, capital del estado de Táchira y cuna de las protestas opositoras. El otro, Enzo Scarano, del municipio de San Diego, ubicado en otro estado sacudido por las protestas con incidentes: Carabobo. Sus defensores argumentaron que son víctimas de una persecución por parte de jueces que responden a lineamientos políticos del Ejecutivo. 

Pero el caso que en los últimos días tuvo más repercusión es el de Machado. La diputada se volvió un referente local e internacional de las protestas venezolanas tras el encarcelamiento de Leopoldo López, acusado por el gobierno de incitar la violencia, algo que él niega. La semana pasada Machado aceptó una invitación de Panamá para exponer sobre la situación venezolana ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La respuesta llegó por parte del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el poderoso militar retirado y oficialista Diosdado Cabello, quien el lunes anunció que Machado había perdido su condición de diputada por haber actuado como funcionaria de un gobierno “hostil” a su país. La Constitución de Venezuela establece que los funcionarios públicos deben tener autorización legislativa para ejercer cargos de otros gobiernos. Pero también establece que los diputados sólo pueden ser cesados por muerte, renuncia, revocatoria de mandato o sentencia firme de un tribunal. 

En base a esto último, Machado afirma que aún es diputada y tiene inmunidad parlamentaria, aunque Cabello también pidió investigarla por presuntamente organizar las protestas callejeras. 

Asimismo, Maduro anunció sorpresivamente el martes el arresto de tres generales de la Fuerza Aérea acusados de conspirar para dar un golpe de Estado, aunque evitó ofrecer detalles de los mismos o de su supuesto plan. 

Semejante panorama ha colocado en una situación comprometedora a la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que el mismo martes llegó a Venezuela. El gobierno de Maduro aceptó tal visita siempre y cuando fuera para acompañar y apoyar una conferencia “de paz” que él mismo convocó y que fue rechazada por la oposición, que argumenta que faltan las garantías mínimas para tal diálogo. Los cancilleres se reunieron con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne a grupos opositores que expresaron su inquietud por la situación de los derechos humanos. 

Sin embargo, los expertos dudan sobre la utilidad de la iniciativa de la Unasur, que hasta ahora ha evitado criticar al gobierno de Maduro. “Depende en gran medida cuál es el propósito de la misión: si está definida para asesorar y apoyar al gobierno, no hay mucho que esperar”, sostuvo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de análisis hemisférico con sede en Washington. “En cambio, si realmente usa la oportunidad de tener una actitud más independiente, reconocer al gobierno legítimo pero también criticar y examinar las políticas contra manifestantes y otras acusaciones sobre derechos humanos, no descarto que pueda cumplir una función positiva”, añadió en declaraciones a Búsqueda. 

Según Shifter, Brasil “es el país clave” en esto, tanto por su peso regional como por ser la nación con mayor influencia en Venezuela. Hasta ahora el gigante sudamericano también ha evitado cualquier reproche al gobierno de Maduro, con el cual tiene varios intereses económicos en común. 

Dólares y bolívares.

En medio de la crispación política, Venezuela inauguró esta semana un nuevo mecanismo cambiario que busca combatir el mercado negro de dólares, aliviando los fuertes controles que había. La medida también tiene como objetivo permitir que las empresas accedan con más facilidad a divisas extranjeras. Tras la inauguración del sistema denominado Sicad 2, el dólar cotizó el martes encima de los 51 bolívares, una diferencia significativa respecto a los 6,3 bolívares que el billete verde valía en el cambio oficial preferencial. 

Algunos analistas saludaron esta mayor flexibilidad, pero hay algunos escépticos sobre la posibilidad de que así realmente se vaya a resolver el problema de falta de dólares en el país, que generó escasez de productos básicos como el papel higiénico. Muchos creen que el éxito o fracaso de esta medida pasará por la cantidad de dinero que se permita efectivamente pasar por el mecanismo, que tiene semejanzas con otro que fracasó hace tan solo cuatro años en Venezuela. 

Keller sostuvo que la economía sigue siendo la principal variable para proyectar escenarios y advirtió que la devaluación puede agudizar la crisis económica y el descontento social si sube la inflación en un país donde el índice llegó a 56,2% el año pasado. “Es posible que la protesta popular se expanda”, sostuvo. “Y la capacidad del gobierno para doblegarla pareciera haber fracasado, puesto que la protesta continúa independientemente de las bombas lacrimógenas, los perdigones y los muertos”.