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El Frente Amplio, partido de gobierno con mayoría parlamentaria, presentó ayer miércoles en la Cámara de Diputados un texto para modificar el artículo del Código Penal que determina la figura delictiva de “abuso de funciones de la figura pública”. La iniciativa propone que para procesar al funcionario estatal se deberá probar que de la maniobra obtuvo beneficio económico para sí o para un tercero, informó el portal web de “El Observador”.
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El diputado encargado de redactar la propuesta, Daoiz Uriarte, que es el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Códigos, dijo a Búsqueda que la nueva fórmula se acordó con la bancada parlamentaria de gobierno y en consulta con el candidato presidencial del oficialismo, Tabaré Vázquez. “Él está en conocimiento de la propuesta y compartió la visión del Frente Amplio”, dijo el legislador.
Esa comisión de la Cámara de Representantes está en plena discusión del proyecto. Si bien todos los partidos políticos coinciden en que la figura de “abuso de funciones” es demasiado abarcativa y que se debe eliminar, la oposición reclamó no hacerlo luego de los procesamientos de figuras del gobierno de José Mujica por el “caso Pluna”. El ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República Fernando Calloia, fueron procesados sin prisión a principios de año por “abuso de función” debido a ese caso.
El nuevo texto del artículo 162 del Código Penal presentado por el Frente Amplio es el siguiente: “El funcionario público que abusando de las funciones de su cargo, realice u omita un acto, en violación de la ley, con el fin de obtener un beneficio económico indebido para sí mismo o para un tercero, en perjuicio de la Administración, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. En la redacción vigente, además de la penitenciaria y la inclusión de “beneficio económico”, se determina una multa, que va desde las 10 Unidades Reajustables (UR) a 3.000 UR. De acuerdo al precio de la UR actual, la multa sería de entre $ 7.307 y $ 2.192.130.
Uriarte explicó que para la propuesta de cambio se tomó como base la legislación internacional. “Creemos que la redacción propuesta resulta claramente compatible con las normas ratificadas por Uruguay, y al mismo tiempo, revisa la redacción actual del artículo 162, salvando las objeciones que tradicionalmente la doctrina penal ha planteado respecto de la existencia de una norma abierta que otorga una discrecionalidad al juez y facilita la judicialización de la política por temas que son de carácter administrativo”, argumenta la exposición de motivos del proyecto de ley.
La oposición adelantó que no apoyará la modificación y varios de sus legisladores han opinado que no es bueno tratar estos temas en medio de la campaña electoral. Con la nueva fórmula presentada por el Frente Amplio, los abogados de Lorenzo y Calloia podrán pedir al juez que analice el caso y lo ajuste a lo que plantea la nueva figura de “abuso de funciones”.
