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La llegada del nuevo año legislativo aprieta las agendas de senadores y diputados. Muchos proyectos de ley esperan su aprobación con la presión extra de que es el año preelectoral y que, a medida que pasen los meses, las discusiones pueden contaminarse con especulaciones de cara a 2024.
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En ese grupo está el proyecto de ley de “corresponsabilidad de crianza” o “tenencia compartida”, aprobado el miércoles 28 de diciembre en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados.
La idea en aquel entonces era votar el proyecto en marzo, según declararon varios de ellos a medios de prensa. Pero la agenda parlamentaria pasó por encima los planes. En las dos sesiones de la semana que viene, la cámara aprobará dos proyectos considerados urgentes que fueron enviados por el Poder Ejecutivo: la rebaja impositiva anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada y una iniciativa que busca reemplazar la ley que cambió la gobernanza de la Utec, aprobada mediante un procedimiento de inconstitucionalidad.
El lunes, durante una reunión interpartidaria de coordinadores de la coalición, el representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, pidió saber en qué estaba el proyecto de tenencia compartida e insistió con que se trate “lo antes posible”. El legislador admitió a Búsqueda que si bien “todos dicen que va a salir”, no sabe si están o no los votos.
Al día siguiente, en la reunión de coordinación interpartidaria de la Cámara Baja, el tema fue mencionado por uno de los representantes de la bancada nacionalista, Álvaro Viviano, que citó el proyecto entre una serie de iniciativas que están para aprobarse y que es necesario resolver cuanto antes. Otras propuestas que integraban esa lista eran la que regula el juego online, de ciberdelitos y de reparación de víctimas de la guerrilla, al que el oficialismo quiere darle celeridad.
Los blancos resolvieron ayer proponerle al resto de la coalición que la votación del proyecto de tenencia compartida se realice en la primera semana hábil de abril.
El problema del proyecto es que, además de ser rechazado por el Frente Amplio, no cuenta con el apoyo de los 56 diputados oficialistas. Iván Posada (Partido Independiente) y los colorados María Eugenia Roselló y Felipe Schipani anunciaron que no lo votarán. Además, Nibia Reisch y Jorge Alvear, otros dos diputados de ese partido, aún no se han expresado al respecto. Por su parte, el legislador escindido de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo que no acompañará varios de los artículos. El nacionalista Alfonso Lerete dijo a Búsqueda que sí votaría el texto en general, pero mantiene reparos en la redacción de un artículo cuarto del proyecto, que entre otras cosas define los criterios que deben seguir los jueces para establecer los regímenes de visitas en caso de aplicarse medidas cautelares, uno de los aspectos más cuestionados del proyecto. Por último, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, reiteró a Búsqueda lo que planteó en diciembre: en principio no apoyará el proyecto, aunque está abierto a debatir su postura.
Sin los votos totales o parciales de estos legisladores, la iniciativa tendría 50 votos para la totalidad de sus artículos, el mínimo necesario para garantizar la mayoría. Para un diputado oficialista, “llevarlo al plenario en estas condiciones es un peligro”.