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Los diputados oficialistas sellaron una fórmula con el Poder Ejecutivo para redireccionar fondos y duplicar el presupuesto previsto para la Universidad de la República (Udelar) en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El “mínimo margen de negociación”, las diferencias dentro de la fuerza política de gobierno y las grandes exigencias de los gremios de trabajadores caracterizaron las negociaciones que tendrán su culminación cuando el proyecto se vote en el Parlamento a mediados de agosto y los blancos y colorados critiquen la “pésima gestión” del gobierno en “áreas claves” como salud y educación a pesar de tener un “presupuesto histórico”.
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El Partido Comunista (PCU) fue quien obligó a negociar. Sus legisladores amenazaron con no votar los artículos vinculados con la educación por entender que se debían contemplar los reclamos de los trabajadores. Ante la falta de la mayoría para lograr aprobar un área clave de la Rendición de Cuentas, la bancada oficialista decidió conformar una subcomisión interna y estudiar planteos para redireccionar fondos.
Las conversaciones terminaron ayer en un acuerdo entre los legisladores frenteamplistas y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Varias fuentes aseguraron que desde el principio de la discusión el margen de negociación es “mínimo”. El resultado no aumenta el gasto pero quita el presupuesto reservado para la futura ley de empleo juvenil (unos $ 60 millones) y lo distribuye entre tres puntos claves: Udelar, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Corte Electoral.
Si bien en ningún caso se llega a las pretensiones de los organismos, en el caso de la Udelar se entendió “oportuno premiar” el esfuerzo realizado por las autoridades en el 2011. Así se le duplicó el presupuesto inicial ($ 44 millones), destinándole un total de $ 84 millones.
A la Corte Electoral se le destinan cinco millones de pesos. Los $ 15 millones restantes están previstos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El organismo pretendía alcanzar U$S 136 millones. Esta cifra es apenas inferior a los U$S 140 millones que el Poder Ejecutivo fijó para cubrir todas las áreas gestionadas por el Estado.
“Si queremos contemplar ese planteo tenemos que congelar todas las demás áreas porque nos quedamos sin presupuesto”, dijo a Búsqueda el diputado Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular).
Por eso decidieron reforzar el plan “Tránsito estudiantil”, que hace un seguimiento de los estudiantes cuando salen de la primaria y pasan al liceo. El objetivo es disminuir la deserción estudiantil. A pesar de ello Sánchez explicó que el proyecto de empleo juvenil, que aún no ingresó al Parlamento, no se quedará sin presupuesto sino que será financiado con los fondos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
El proyecto comenzará a votarse hoy en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. La oposición no acompañará varios articulados y planea un “intenso” debate para cuando se discuta en cámara. El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo a Búsqueda que no es una Rendición con reformas importantes y que en ella se avanza en la “acumulación de poder”. “No es austera, no se tiene una visión del escenario internacional por lo que se debería ser más precavido, y tampoco se respeta el acuerdo educativo, porque no hay nada referido al Promejora”, dijo el legislador.
Diferencias.
Varios de los planteos plasmados en el proyecto generaron molestias en sectores del Frente Amplio. En las conversaciones previas a la redacción del proyecto de ley los sectores frenteamplistas acordaron no incluir planteos sobre la distribución y salarios de funcionarios públicos. Ese debate se reservaba para el proyecto de ley del Estatuto de los Funcionarios Públicos que aún está siendo negociado.
Eso no ocurrió y por eso el Partido Socialista y el PCU reclamaron que se quitaran todos los artículos vinculados a ese tema. Amenazaron con no prestar sus votos para cuando el proyecto se ponga a consideración de la cámara. Sin embargo la negociación con el Poder Ejecutivo llevó al compromiso de una nueva redacción “más general” del articulado. Además incluirán un aditivo que plasme el compromiso de que la entrada en vigencia de los artículos referidos sea después de aprobado el Estatuto de los Funcionarios Públicos.
La decisión del Ejecutivo de crear el Sistema Nacional de Inversión Pública bajo la gestión de la OPP —que lideran jerarcas del MPP— generó molestia en dirigentes de Asamblea Uruguay —sector político del vicepresidente de la República, Danilo Astori. Entendieron que la decisión “otorga y concentra poder” en los ámbitos dirigidos por personas de confianza del presidente Mujica. Sin embargo, tras priorizar el “compromiso de lealtad” con el gobierno, entendieron que no es el momento para instalar una nueva discusión interna que “alimente” las críticas desde la oposición.
Otra diferencia existió con la modificación de un impuesto sobre las exportaciones de carnes y productos lácteos, destinado a financiar campañas de prevención de aftosa. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, se molestó porque allí se incluyeron sectores industriales que están con graves problemas de competitividad y para los cuales la Secretaría de Estado ha definido medidas con el fin de evitar su desaparición. Se trata de las curtiembres, con cueros en avanzado proceso industrial, y el sector textil, en el que se grava a la lana peinada y lavada.
En la Comisión de Presupuesto del martes 31 el diputado blanco Álvaro Delgado dijo que le “sorprendió” la modificación, ya que han trabajado con las autoridades del Ministerio de Industria para encontrar soluciones a los problemas de competitividad de los sectores en crisis. Allí consultó a Kreimerman sobre su posición ante la modificación. “El Ministerio no participó en la redacción de este artículo”, afirmó el jerarca, y adelantó que de ser consultado su posición hubiese sido “contraria”.
