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En una decisión tomada por mayoría, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió “no formular observaciones” al contrato entre Antel y los tres canales privados de Montevideo. A través de este, la empresa estatal pagará US$ 1.230.000 por año a cada uno por un período de tres años, prorrogable a un cuarto, para poder transmitir su programación vía streaming a través de su servicio Vera TV en dispositivos móviles.
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La resolución 1704/2022 sobre esta contratación directa fue aprobada el 29 de junio por cuatro votos contra tres. El contrato también tiene una cláusula de exclusividad que impide a las emisoras —canales 4, 10 y 12— hacer acuerdos similares “con otros operadores de telefonía móvil”, en obvia referencia a Movistar y Claro. Esta cláusula sería uno de los elementos de discordancia para los ministros del TCR que votaron negativamente.
La resolución fue aprobada por la presidenta del TCR, Susana Díaz, y los ministros Álvaro Ezcurra, Francisco Gallinal y Darwin Machado, representantes de partidos integrantes de la coalición de gobierno. Los tres ministros del Tribunal designados por el Frente Amplio, Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Diana Marcos, manifestaron su opinión discorde.
La mayoría que votó por no observar el contrato coincidió con el informe jurídico del Tribunal de Cuentas, según dijo a Búsqueda uno de los ministros representantes del oficialismo. El análisis resaltó el artículo 33 literal D numeral 4 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que habilita contrataciones directas por excepción “cuando el bien o servicio integre de manera directa o indirecta la oferta comercial de una entidad pública que actúe en régimen de competencia”. Al mismo tiempo, se evaluó correctamente el carácter reservado que se pidió que tuviera el contrato. También se consideró “subsanable” que en el caso de uno de una de las empresas participantes, Monte Carlo TV S.A. (Canal 4), faltara la firma de uno de sus directores.
La resolución señaló que el interés en que Antel “ofreciera el contenido de sus señales para ser consumido a través de sus servicios móviles” surgió en julio de 2021 desde los tres canales abiertos privados y —originalmente— Tenfield S.A. Esta última finalmente desistió de participar de las negociaciones.
Discrepancias
Los ministros representantes de la oposición hicieron varias observaciones para justificar su negativa. La base fue la argumentación de Aumento. En primer lugar, este destacó que la falta de una firma en las partes es, a su criterio, “inadmisible”, ya que quien sí estampó su rúbrica por Monte Carlo “no posee facultades de representación” para dar el consentimiento por sí mismo. Si bien coincidió en que esto es algo subsanable, recordó que “también lo han sido múltiples situaciones que este órgano de contralor ha observado”.
En su desarrollo, Aumento destacó que Antel “no fundó ni motivó debidamente la calificación de reserva”. La postura mayoritaria consideró que la divulgación del contenido del contrato “generaría una pérdida de ventajas competitivas” para el ente telefónico. Para el ministro, no obstante, “no se ha demostrado la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de esta genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido”.
Otro cuestionamiento versó sobre la “exclusividad” del servicio solicitado por una empresa estatal en una competencia con privados. El ministro se preguntó si habría sido ajustado a derecho si Claro o Movistar hicieran lo mismo para utilizar “frecuencias de propiedad del Estado uruguayo, las cuales son usufructuadas por los tres canales de televisión abierta”.
Por su parte, Cabrera y Marcos agregaron que “no hay una justificación técnica” que asegure la exclusividad de los contenidos en los servicios móviles de Antel, destacando que hay “múltiples y diferentes tecnologías” que permiten derivar las transmisiones a otros dispositivos, como televisores. Vale destacar que el acuerdo expresamente excluye a los televisores, las PC y los dispositivos como Chromecast o Android TV para estas emisiones. “Es prácticamente imposible que Antel asuma la obligación de controlar que sus usuarios no casteen (emitan) el servicio que se comercializa”, indicaron.
Estos ministros también plantearon inquietud sobre una de las condiciones del acuerdo que establece que para que Antel consiga una bonificación del 30% del costo de publicitar en los canales, tendría que invertir en avisos más de US$ 500.000 en un año. Eso es “por lo menos el 50% del costo anual de este contrato”, que equivale a unos “12 millones de dólares (sin IVA)”, cuestionaron.
El contrato provocó repercusiones en el mundo político ni bien se conoció su existencia en junio. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “dar a los canales privados 1 millón de dólares por año por retrasmitir su contenido en celulares no parece ser una razón de peso”. La senadora frenteamplista Silvia Nane hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles. Incluso en el oficialismo, el senador blanco Jorge Gandini dijo que le llamó la atención el acuerdo. “No sé si será un buen negocio para el país”, dijo a Nada que perder, de M24.
