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Cuando se encontraron el martes 13 en la residencia de Suárez, la noticia acababa de conocerse. Ancap anunció ese día que la empresa multinacional Schuepbach certificó reservas de hidrocarburos en la zona norte del país. Según contaron fuentes del gobierno, el presidente José Mujica y el mandatario electo Tabaré Vázquez conversaron sobre la necesidad de planificar las actividades petroleras en el país para dentro de cinco años.
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“Es un hallazgo favorable si tenemos la capacidad de trabajar a lo noruego y evitar la enfermedad holandesa”, dijo Mujica a Búsqueda. “Puede ayudar muchísimo al país y es un premio de haber tenido una política comprometida de buscar y buscar y buscar. Apareció porque se buscó”.
“A lo noruego es no despilfarrar ese dinero, que puede servir para las futuras generaciones y crear una especie de fondo de inversión y no un fondo de consumo. Dedicar ese dinero a desarrollar el país. Si no, nos pasa lo de Venezuela. Te acostumbrás a vivir en el día a día y no planificás”.
Noruega es el país que Uruguay toma como modelo para plantear un posible futuro petrolero: su gobierno conformó fondos intergeneracionales para destinar la mayoría de la renta petrolera a inversiones planificadas para el futuro.
A su vez, la “enfermedad holandesa” es el nombre que se le da a la consecuencia nociva que puede producir a una economía un aumento significativo y repentino del ingreso de divisas, como ocurrió en Holanda con el descubrimiento de yacimientos de gas en la década de los 60, lo que llevó a la apreciación del florín, perjudicando la competitividad de las exportaciones no petroleras.
El gobierno creó en el 2013 la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica para estudiar las alternativas tecnológicas disponibles para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, así como sus consecuencias económicas, sociales y ambientales, entre otros aspectos.
La Comisión, integrada por representantes de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente, además de Ancap, definió un plan y una agenda de trabajo para crear una política petrolera, dijeron las fuentes. Hay siete grupos de trabajo: para el manejo de la renta petrolera, el diseño institucional, los recursos humanos, la creación de una cadena de valor, lo normativo y regulatorio, seguridad y medioambiente. La idea es dejarle al próximo gobierno un “primer esbozo” para que pueda tomar decisiones en el próximo presupuesto.
Fuentes que integran la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica sobre el tema dijeron a Búsqueda que la idea del gobierno es que no más del 5% de la renta por explotación de hidrocarburos entre en el presupuesto del año, y que el resto se destine a financiamiento de largo plazo, como fondos de inversión, educación e investigación y desarrollo.
Desde el gobierno informaron que según cálculos que maneja el Poder Ejecutivo, dentro de cinco años Uruguay podría extraer petróleo en cantidades suficientes como para exportar a la región.
Hallazgos.
En marzo del 2011 se conoció la primera información sobre la existencia de petróleo en tierra firme uruguaya. Ancap encontró en sus exploraciones “petróleo libre” en rocas generadoras de hidrocarburos con un “excelente potencial”. Era la primera vez que se descubrían indicios de petróleo en el país (Búsqueda Nº 1.605).
Un año y medio después, Ancap anunció el hallazgo de petróleo en cantidades mínimas en la localidad de Pepe Núñez, en Salto. Aunque poco cuantioso, el hallazgo permitió confirmar la existencia de un sistema petrolero convencional.
El martes 13 la empresa australiana Petrel Energy Limited, accionista del 51% de Schuepbach Energy International (SEI), anunció la certificación de recursos prospectivos de petróleo en las áreas de Salto y Piedra Sola, según informó Ancap en un comunicado. En esas zonas Ancap tiene contratos con Schuepbach Energy Uruguay.
La certificación la realizó la empresa Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) tras analizar e interpretar los 597 kilómetros de información sísmica 2D que Schuepbach generó en ambos bloques durante el 2014. La certificación comprende 20 “situaciones exploratorias convencionales”, informó Ancap, y la interpretación indica que existe una sección devónica en las dos áreas.
NSAI estimó que los recursos para ambas zonas son de hasta 1.769 millones de barriles recuperables, lo que implica la existencia de 5.367 millones de barriles originalmente en el subsuelo, considerando un factor de recuperación del 30%. La estimación más conservadora es de 261 millones de barriles recuperables y la “mejor estimación” calcula 761 millones.
A esos números hay que agregarles el riesgo de descubrimiento y el riesgo de “comercialidad o desarrollo”.
Ancap aclaró en el comunicado que “no se está anunciando un descubrimiento”, ya que se trata de recursos prospectivos. Para determinar la existencia de acumulaciones significativas se requieren más trabajos y varias perforaciones.
“Sin embargo, estos resultados son sumamente alentadores, ya que implican la evaluación de un tercero, independiente y de alta reputación en la evaluación de recursos”, consideró Ancap en el comunicado.
Schuepbach informó formalmente a Ancap su decisión de avanzar a la siguiente etapa exploratoria en cada contrato, lo que a juicio de la petrolera uruguaya es un “hecho histórico que constituye un mojón en la exploración de hidrocarburos en Uruguay”. Eso implica que la compañía perforará dos pozos en cada área entre el 2015 y el 2017 para comprobar la existencia de los volúmenes estimados.
Ancap enfatizó en el comunicado que “solo se están considerando recursos convencionales”, lo que implica que en caso de que se descubran y desarrollen las reservas, se usarán técnicas de explotación convencionales, lo que no incluye otras como el fracturamiento hidráulico masivo (o fracking).
Si se descubriera una cantidad de petróleo comercialmente explotable, el contrato establece que Ancap tiene el derecho a asociarse hasta en el 50%. El Estado uruguayo recibiría parte de las ganancias (profit oil) más el impuesto a la renta que afecta las ganancias del contratista. Sumando la asociación, el profit oil y el impuesto, el Estado obtendría el 73% del beneficio económico, informó Ancap.
