Conflictos, políticas y redistribución intergeneracional

A lo largo de la historia, los desencuentros entre generaciones derivados de desafíos planteados por jóvenes han sido permanentes. Gracias a ellos los seres humanos habitamos en sociedades más prósperas, cohesionadas y cultas en las que la libertad, la igualdad y la tolerancia están mucho más extendidas. Por eso, tener una mirada despectiva o indulgente sobre las preocupaciones, las preferencias, las actitudes y los puntos de vista de los jóvenes actuales, así, de manera genérica, debería incomodarnos. Si no, basta recordar que las relaciones homosexuales eran un delito en el Reino Unido hasta 1967 o que en Occidente la discriminación de las mujeres en la educación, el trabajo y la política era mucho más intensa y generalizada hace apenas medio siglo de la que hoy existe.

La tesis que el libro sostiene es que, al menos en España, no hay programas políticos que beneficien a los jóvenes. Más bien es lo contrario. Aunque no se lo proponen deliberadamente, las políticas públicas persiguen objetivos que terminan por discriminar en contra de las personas más jóvenes. Tres ejemplos sirven para ilustrarlo. Primero, el sistema educativo español está obteniendo peores resultados que otros de países similares. Segundo, la precariedad laboral está concentrada en la población joven, dando lugar a elevadas tasas de temporalidad y desempleo juvenil. Tercero, el acceso a la vivienda para esas franjas etarias se ha vuelto cada vez más difícil en los centros urbanos debido a sus elevados precios. A raíz de lo anterior, la edad de emancipación de los jóvenes ha venido aumentando.

El ensayo argumenta que la economía política juega un papel importante en la discriminación de los jóvenes por parte de las políticas públicas. El envejecimiento de la población asociado a la mayor longevidad y al descenso de la tasa de natalidad, algo también relacionado con la incertidumbre y la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes, ha dado lugar a electorados en los que ellos no son mayoría. Esto es más evidente en regímenes en los que el voto no es obligatorio, precisamente porque quienes terminan votando son aquellas personas que creen poder incidir en las prioridades de las políticas. Definitivamente los jóvenes no lo perciben así. Debido a ello, el gasto destinado a proteger a los adultos y a los adultos mayores (pensiones, salud, cuidados, etcétera) ocupa porciones crecientes de los egresos públicos en varias democracias occidentales, en particular en España.

Como consecuencia de lo anterior, la inversión pública en I+D+I, educación, vivienda o el cuidado del medio ambiente, por citar solo algunos ejemplos, se ve restringida debido a la menor cantidad de recursos disponibles para financiarla. Ello es relevante porque, por un lado, ese tipo de inversiones incrementan la productividad de los factores, aumentan el crecimiento potencial de la economía y, al mismo tiempo, favorecen la sostenibilidad ambiental del proceso de desarrollo. Por el otro, porque el financiamiento del gasto ha requerido en los últimos tiempos aumentos de la deuda pública. Precisamente, ese mayor endeudamiento lo terminarán pagando las generaciones futuras que, por lo dicho, no son las que se están beneficiando del mayor gasto corriente.

El libro describe y analiza por qué la gestión de las finanzas públicas influye sobre la redistribución del ingreso intergeneracional y cómo a través de ella se afectan las expectativas, los incentivos y las decisiones de los jóvenes, las que, como es natural, terminan incidiendo sobre el crecimiento y la equidad. A raíz de ello, por ejemplo, diferir la estabilización de cuentas públicas que están concentradas en gestionar problemas del pasado en lugar de encauzar desafíos futuros puede ser un espejismo aun cuando su sostenibilidad financiera no esté comprometida. Por eso, un enfoque como el propuesto permite evaluar los aumentos de impuestos y el redireccionamiento del gasto desde una perspectiva diferente a la habitual cuando se diseña e implementa un ajuste fiscal.

En Uruguay, el debate sobre el papel de las políticas públicas en la distribución intergeneracional del ingreso no es frecuente. Por ejemplo, en las discusiones recientes sobre el financiamiento del sistema previsional, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) o el Fondo de Solidaridad (y su aporte adicional) no han ocupado un lugar destacado. Más llamativo resulta ser que el desbalance entre el total de recursos públicos afectados a la población adulta mayor y a la infancia y la adolescencia no haya sido hasta hace muy poco un tema más relevante para la agenda política. Sobre todo porque, como sabemos, en Uruguay hay casi 10 niños (menores de 12 años) pobres por cada adulto mayor (más de 65 años) pobre.

Como es sabido, durante este período de gobierno se promovieron cambios institucionales que podrían dar lugar a una política fiscal más eficaz para gestionar las restricciones macroeconómicas que Uruguay suele enfrentar. Sin embargo, sigue pendiente mejorar diversos componentes del ciclo presupuestal para atender objetivos relacionados con el crecimiento y la equidad. Entre ellos, uno de los más importantes es la reorientación de la inversión y el gasto público hacia la infancia y la adolescencia. Afortunadamente, el sistema político parece ser consciente de ello. Al menos así lo sugiere la reciente aprobación por unanimidad en comisión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de la diputada Cristina Lustemberg para fortalecer y reorganizar el marco de políticas dedicadas a atender la vulnerabilidad de esos grupos etarios.

Por todo lo anterior, el libro de “los Conde”, además de ser desafiante, claro y fresco, es oportuno. A pesar de estar escrito para poner sobre la mesa problemas de un país que no es Uruguay, su propósito, su estilo y sus menajes ayudan a pensar temas cotidianos de nuestra realidad desde una perspectiva diferente.

Nacho Conde visitará Montevideo el mes que viene. Será una oportunidad para que comparta con nosotros sus reflexiones profundas y su estilo irreverente.

(*) El autor es economista, doctor en Historia Económica y socio de la consultora CPA/Ferrere.