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“Tropezó, dio un paso en falso. Es raro, porque se destacaba por su inteligencia y meticulosidad”. El comentario refiere al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. Y se lo hizo a Búsqueda una fuente cercana a la investigación administrativa que inició la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) por sus viajes al exterior en misiones oficiales con la contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Giuliana Pérez Muñiz. En las declaraciones de ambos surgieron contradicciones que no justifican la presencia de la contadora en los dos viajes a Roma, cuando fueron en el marco del juicio por el Plan Cóndor, ni en las misiones a Washington por el litigio con la minera Aratirí. Ambas durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
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El miércoles 7, El País informó que Toma no logró demostrar la idoneidad técnica de la contadora para acompañarlo en esos viajes. Y, según pudo saber Búsqueda, la profesional declaró que había ido a trabajar “como administrativa”, casi como una secretaria que “tomaba apuntes y notas” en esas misiones. Esto choca de frente con lo que Toma dejó por escrito cuando la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le pidió al exsecretario de Presidencia un informe sobre sus actuaciones y la de su delegación.
El documento, cuyo contenido divulgó Búsqueda el 17 de setiembre, es parte de un expediente que abrió la Jutep para analizar los viajes de Toma a partir de una denuncia anónima. El caso fue archivado casi sin investigación previa (Búsqueda Nº 2.089).
El informe detallaba que “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por el propio Toma, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y por una contadora de la Senaclaft que “oficia de asesor en daños civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.
Toma se detuvo en el trabajo de la contadora. Destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó entre los damnificados a Uruguay. Y explicó que, gracias a que Pérez Muñiz vio eso, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.
En otro pasaje, Toma dijo que la última misión oficial a Roma en la que también participó Pérez Muñiz significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.
“Los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, explicó el actual fiscal de gobierno.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron que esta contradicción entre Toma y la contadora “complica” al funcionario, quien ahora está al borde de la destitución de su cargo como fiscal de gobierno. Según las fuentes, el tema se resolverá “rápido”, porque ya declararon la mayoría de los involucrados.
Según dijeron fuentes políticas, Sánchez había advertido a Presidencia que esta información podía filtrarse, aunque negó que haya existido ese pedido a Toma.
Otros frentes
Mientras la investigación administrativa avanza, Toma tiene otros dos flancos abiertos.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner solicitó a la Presidencia de la República que envíe toda la información vinculada a los viajes de Toma, dijeron a Búsqueda.
Lackner tomó el caso después de que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le pidiera que analizara la información divulgada por Búsqueda y Así nos va e investigara si el exsecretario de la Presidencia incurrió en un delito.
La Jutep, por su parte, espera que la Presidencia de la República le envíe documentación complementaria que le solicitó después de reabrir su investigación sobre Toma. Entre otras cosas, le pidió los informes que debió realizar el funcionario con posterioridad a sus viajes.
