Corrupto, pero también traidor

La columna de Raúl Ronzoni

5 minutos

Nº 2273 - 25 de Abril al 2 de Mayo de 2024

por Raúl Ronzoni

Claro que sí. La presunción de inocencia debe regir siempre hasta que quede firme una sentencia definitiva. Pero hay delitos en los cuales el cúmulo de indicios, de denuncias, de declaraciones de testigos e incluso de confesiones pactadas con la Fiscalía conducen inevitablemente a descartar la inocencia, en este caso por al menos 22 actos de corrupción sexual y violaciones a menores de entre 13 y 14 años.

Así ocurre con el corrupto exsenador blanco Gustavo Penadés, cuando a ese cúmulo de indicios se le suma la contundente sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno. Los expertos ministros Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo confirmaron mantener su prisión preventiva por otros seis meses, que se extenderán hasta el 7 de octubre, 20 días antes de las elecciones nacionales. Un momento complejo. Esa libertad y su repercusión en ese momento pueden transformarse en un lastre publicitario electoral para el Partido Nacional.

Su depravación sexual no es lo único que desde sus actuales 58 años arrastrará Penadés hasta el fin de sus días. Tan importante como esos actos criminales es la traición histórica a varios de los principales dirigentes de su partido, desde el expresidente Luis Lacalle Herrera (con quien se inició) hasta el actual Luis Lacalle Pou y el exministro del Interior Luis Alberto Heber, que fue su mayor respaldo en los últimos años. Hasta que tuvo la soga legal al cuello, les negó los delitos que se le imputan. Pero también traicionó a sus colegas de bancada y, tal vez especialmente, a quienes lo votaron y confiaron en él para que rigiera su futuro legislativo.

Como ocurre en muchos otros casos y en varias áreas —pero en este en particular por sus características—, han resaltado las adhesiones partidarias incondicionales: “Porque sí”, “Porque es de los nuestros”, “Porque no vamos a dar el brazo a torcer…”. Irresponsables afirmaciones reiteradas más propias de pasionales barras bravas que de personas serias y racionales. Así nos va.

Es comprensible en cambio que sus abogados, Laura Robatto y Homero Guerrero, lo defiendan con todas las armas legales. Sin embargo, todo parece indicar que su esfuerzo no tendrá el resultado que esperan y que el exsenador será condenado a varios años de prisión. Al igual que su principal cómplice, Sebastián Mauvezín, quien seguirá en prisión por el mismo lapso como lo ordenó la jueza Marcela Vargas.

El trabajo previo de investigación que realizó la fiscal Alicia Ghione hasta llegar a los encarcelamientos fue minucioso y a fondo. Pero asumir, como pretendían sus amigos y defensores, que Penadés pasara a prisión domiciliaria era absurdo.

Ghione argumentó que una de las razones centrales para mantener la prisión preventiva es preservar “la integridad de las víctimas”, porque debido a lo ocurrido y a las manipulaciones que desarrollaron Penadés y sus colaboradores hoy también corren riesgos “reales y concretos”.

Pero junto con los actuales imputados en los próximos seis meses seguirán cayendo otros involucrados, como lo adelantó la jueza Vargas al recoger el pedido de Ghione con la prisión preventiva: “En cuanto al tiempo que queda por investigar (y) gente por citar, no dan los tiempos para hacer seis condenas (de quienes por ahora están imputados) y, además de la trama, quedan personas que todavía no están identificadas, entre ellas un hacker”. Y la fiscal muestra un ángulo de la baraja: “Seguramente Penadés sabe de quién se está hablando”.

Entre quienes investigará Ghione hay un legislador, varios allegados que trabajaban con el exsenador (Ximena Portillo y Horacio Tejera) y algún familiar. Desestimó conceder la prisión domiciliaria porque lo que se investiga no se trata de “una presunción” sino de “una sospecha fundada”.

El principal articulador para rescatar a Penadés de sus depravaciones fue su amigo, el exdirector del Comcar, el policía Carlos Tarocco, quien con ese fin utilizó a colegas de diverso rango, la colaboración de una familiar del investigado y a particulares integrantes del Partido Nacional, que utilizaron el sistema informático de la Corte Electoral para obtener información de las víctimas.

Tarocco ya está entre rejas, mientras Penadés, impotente desde una cárcel de Florida, siente cómo se hunden en el barro su prestigio personal y una carrera política que inició en 1982. Carrera que terminó dominada por un irrefrenable instinto sexual que lo llevó a utilizar la ayuda de terceros y a distribuir promesas y dinero entre menores sin recursos.

Cuando en el proceso penal haya una sentencia de condena, el exsenador aún deberá hacer frente a varios juicios por daños y perjuicios que seguro muchas de las víctimas iniciarán alentadas, razonablemente. Vale recordar que la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género establece la obligación de pagar 12 sueldos o 12 salarios mínimos por cada víctima. Pero esta norma ha sido poco efectiva. Tal vez por esa razón Ghione solicitó un embargo de $ 25 millones. La misma responsabilidad deberán enfrentar otros eventuales condenados por su colaboración en estos delitos.

Penadés es una persona con sólidos recursos económicos capaz de enfrentar esas eventuales deudas indemnizatorias. No tiene descendientes y ha sido prudente con su dinero y sus bienes, algunos de los cuales heredó. En consecuencia, muchas de sus víctimas, por uno u otro camino, seguramente cobrarán por los daños sufridos. Los económicos, porque los otros nadie los podrá reparar.