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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar una investigación administrativa a la jueza penal de 5to turno de Tacuarembó Carla Gómez, quien fue denunciada por un constructor por amenazas y persecución.
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La investigación fue ampliada posteriormente a raíz de una segunda denuncia presentada por otra magistrada de Tacuarembó, que detalló a la Corte presuntas irregularidades y maltratos cometidos por la jueza Gómez.
Fuentes del Poder Judicial informaron a Búsqueda que la investigación está a cargo del ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno, Pedro Salazar, quien ya citó a declarar a ambos denunciantes.
Las presuntas represalias de la magistrada contra el constructor Rafael Pereyra —que fueron informadas por Búsqueda y por la radio de Tacuarembó La Kandela— se iniciaron debido al incumplimiento de un contrato que ambos firmaron para la instalación de tres casas de isopanel. Como Pereyra no terminó las viviendas en el plazo acordado, la jueza lo denunció penalmente. Poco después, el constructor fue formalizado por estafa, aunque más tarde un tribunal de apelaciones revocó la decisión porque entendió que no había delito (Búsqueda Nº 2.119).
Cerrada la causa penal, Pereyra decidió presentar una denuncia contra Gómez ante la SCJ por los “abusos y mentiras” que cometió en su caso. Según el escrito, la jueza lo amenazó con enviarlo preso y quedarse con sus propiedades si no le devolvía el dinero que le había pagado por las viviendas. El constructor también relató que Gómez fue a su casa y amenazó a su esposa. “Tu marido me robó, es un estafador, desapareció sin aviso”, le dijo la jueza según la denuncia. “‘Si no vuelve en 48 horas a terminar los trabajos, lo mando a lo penal y lo meto preso’, esas fueron sus palabras”, aseguró Pereyra.
Cuando fue consultada por Búsqueda en abril a raíz de la denuncia, la magistrada afirmó que los hechos relatados por Pereyra “no son verdad” y aseguró que respondería a las acusaciones ante sus “superiores”, los ministros de la Corte, “como corresponde”.
Luego de que se hicieran públicas las acusaciones de Pereyra, que la Corte resolvió investigar formalmente, una segunda denuncia fue presentada contra la magistrada. Esta vez la denunciante fue una colega de Gómez.
La jueza de Tacuarembó de 3er turno, Andrea la Paz, presentó un escrito en el que detalló varias irregularidades presuntamente cometidas por Gómez, según indicaron fuentes en conocimiento de la denuncia. Además, describió situaciones reiteradas de maltrato a funcionarios y un vínculo muy estrecho y problemático entre la jueza y la policía local. También hizo referencia a maltratos hacia víctimas de violencia de género, entre otras.
La Corte resolvió ampliar la investigación para incorporar la denuncia de La Paz.
Las situaciones de abuso en la actuación de los magistrados —en particular en el interior del país— son objeto de preocupación entre los ministros de la Suprema Corte. En abril, por ejemplo, la SCJ informó que inició un procedimiento disciplinario a la jueza letrada de Rivera de 6º turno, María Noelia Sánchez, con suspensión del ejercicio del cargo y retención de la mitad de su sueldo por seis meses, luego de que el Colegio de Abogados del departamento denunciara la “suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias”. A mediados de junio la jueza fue formalizada por los delitos de abuso de funciones, peculado y violencia privada a causa de las acciones que realizó para encubrir delitos cometidos por su pareja.
También en abril otra jueza protagonizó titulares de la prensa por su comportamiento. Según publicó el diario sanducero El Telégrafo, la jueza de Paysandú Ivanna Combe agredió físicamente a su pareja, un abogado, quien presentó una denuncia por el ataque. Según informaron fuentes judiciales a Búsqueda, la Corte inició una investigación administrativa y trasladó a la jueza al departamento de Treinta y Tres.
