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Mientras investigan la conducta presuntamente irregular de jueces de Paysandú y Treinta y Tres, los ministros de la Suprema Corte de Justicia recibieron una nueva denuncia, esta vez contra un magistrado de Salto.
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La actuaria encargada de los juzgados penales de ese departamento presentó ante la Corte —con el apoyo del juez penal de segundo turno Enrique Ismael Falco y de 12 funcionarios— una denuncia por acoso laboral contra el juez penal de cuarto turno, Guillermo Royes.
De acuerdo a la denuncia, a la que accedió Búsqueda, el magistrado es “violento” en el trato con los funcionarios, tiene una “actitud autoritaria”, impone sanciones “desproporcionadas” y da órdenes “totalmente exageradas”, entre otras actitudes que “perjudican” el desempeño de los juzgados.
La Corte, que recibió la denuncia a mediados de octubre, ya comenzó a investigar los hechos, confirmaron fuentes de la corporación. Días atrás se trasladó la denuncia al juez Royes para que realice sus descargos. Luego de consultar a ambas partes, la Corte resolverá si inicia una investigación administrativa contra el magistrado.
En la denuncia, la actuaria adjunta Sara Luján —que está a cargo de los juzgados desde noviembre del año pasado debido a que la titular está de licencia por enfermedad— describe que desde que ingresó a la sede el juez Royes, en octubre de 2014, el clima laboral “se ha ido deteriorando”.
“A tal punto que todos los días, los funcionarios, actuarios y el juez de la sede de segundo turno llegamos al juzgado con una variedad de emociones negativas que perjudican nuestro desempeño laboral, afectando el servicio de justicia al que nos debemos”, dice la funcionaria.
Incluso, el juez de segundo turno expresó “preocupación y descontento” porque su sede se ve relegada para atender las demandas “constantes” y de “toda índole” del juez Royes, describe la denuncia.
El magistrado objeto de la acusación llegó incluso a ordenarles a algunos funcionarios “que no realicen tareas para la otra sede”, lo que genera “miedo” en ellos, que terminan priorizando sus pedidos para no hacerlo enojar.
Las discusiones con el magistrado han llegado a niveles “muy altos de tensión”, al punto que en una ocasión los gritos se escucharon desde la vereda del juzgado, relató la actuaria.
El magistrado tiene una “personalidad cambiante” y si bien por momentos es “amable”, de forma repentina se enoja y da “órdenes totalmente exageradas”. Estas actitudes provocaron “deserciones” de funcionarios que fueron certificados por “stress”.
Según describe la denuncia, el juez acusa a los funcionarios de equivocarse a propósito y para perjudicarlo. También ha trasladado funcionarios sin dar explicaciones a la actuaria e impone sanciones “extremas” que no se justifican.
La actuaria solicita a la Dirección General de Servicios Administrativos de la Corte que tome medidas “en forma urgente” para superar la “gravísima situación”.
El juez Falco, la otra actuaria adjunta y 12 funcionarios también firmaron el documento, en respaldo a lo expresado por Luján.
Otras denuncias.
Este caso se suma a las investigaciones que ya están en curso contra un magistrado de Paysandú y dos juezas de Treinta y Tres.
El juez penal de cuarto turno de Paysandú, Gerardo Raúl Azarola, fue denunciado por los tres fiscales de ese departamento (Búsqueda Nº 1835). Según informaron a la Corte, el juez ha dictado decenas de procesamientos fuera del plazo de 48 horas previsto por la ley. La Corte resolvió iniciarle un sumario con separación del cargo y retención de la mitad de su salario.
Por otra parte, la Corte inició sumarios administrativos contra dos magistradas de Treinta y Tres —la jueza Penal Mariela Tejera y la jueza de Paz María Virginia Bajac— que fueron denunciadas por el Colegio de Abogados por presuntas irregularidades y abusos de poder.
