Corte reitera a jueces que deben cumplir de “forma estricta” con visitas a cárceles para controlar condiciones de los reclusos

Si bien el Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, tiene un papel fundamental en la situación carcelaria, no es el único organismo del Estado con un rol para cumplir. Otro actor clave es el Poder Judicial, responsable de enviar a las personas a la cárcel y de hacer luego un seguimiento del cumplimiento de la pena a través de sus juzgados de Ejecución y Vigilancia. El artículo 288 del Código del Proceso Penal de 2017 incluye entre las competencias de los jueces de Ejecución “salvaguardar los derechos de los internos que cumplan condena”. Para ello, los mandata a realizar inspecciones a los establecimientos “por lo menos una vez cada treinta días”. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia, de marzo de 2019, especifica que los jueces de Ejecución con competencia exclusiva deben concurrir al menos cuatro veces al mes a las cárceles que estén dentro de su jurisdicción para entrevistarse con los presos, y deben enviar, de forma trimestral, un informe a la Suprema Corte de Justicia. El informe tiene que incluir un reporte sobre el estado del establecimiento, cambios positivos y negativos que observen y eventuales situaciones que afecten “seriamente” a los reclusos y las medidas que tomaron en consecuencia.

La Corte indicó que los informes presentados por los magistrados deben incluir los requisitos mínimos detallados en la acordada de marzo de 2019, y que no se admitirán los que estén incompletos. También subrayó la importancia de incluir las conclusiones de los propios magistrados sobre las situaciones observadas, y no adjuntar “sin más” los formularios que responden los reclusos. Asimismo, la circular, firmada por el prosecretario letrado de la Suprema Corte, Juan Pablo Novella, insistió en que se cumpla de “forma estricta” con el calendario de remisión de informes, y recordó que de lo contrario se incluirá una anotación en el legajo del juez.

Por otra parte, la Suprema Corte ordenó a los jueces que realicen las visitas “en forma presencial”, atento a que la situación sanitaria se encuentra bajo control, para poder “ponderar en forma íntegra las condiciones de los reclusos”.

Fuentes de la Corte consultadas por Búsqueda explicaron que el principal problema detectado es que el cumplimiento de las visitas varía mucho según las sedes. En Montevideo, donde hay nueve sedes con competencia exclusiva de Ejecución —la zona metropoliana tiene varios centros de reclusión y concentra la mayor cantidad de presos—, las visitas en general se realizan y se cumple con el envío de informes, aunque el nivel de detalle y profundidad con que se realizan es desparejo. “Hay de todo”, ilustró una fuente. Pero la preocupación mayor está en zonas del interior del país, donde la mayoría de los juzgados son multimateria (reunen varias competenecias) y el cumplimiento decae. “Depende de cada juez. Algunos lo cumplen de forma rigurosa, y otros ni siquiera envían los informes trimestrales, o los que envían son un mamarracho”, indicó una fuente. Una magistrada, por ejemplo, fotografía a los presos con los que se entrevista, les consulta si están pudiendo acceder a su abogado defensor, los interroga sobre las condiciones de alimentación, higiene. Otra magistrada, en cambio, apenas concurre a las cárceles y usualmente llama al director del centro para preguntarle si todo está bien, ejemplificó. “El objetivo de la circular es recordar a todos que tienen que cumplir ese trabajo y hacerlo con seriedad, y que de lo contrario tendrá consecuencias en el legajo”, añadió.

El juez de Ejecución de Montevideo de 1er turno, Martín Gesto, explicó a Búsqueda que entre las nueve sedes de la capital organizan un calendario para distribuir las visitas y no superponerse. Ese calendario no se comunica a las direcciones de las cárceles “para que la visita sea espontánea”, indicó.

Por un lado, detalló Gesto, se realizan entrevistas con los reclusos, que a veces se las solicitan a los jueces mediante notas escritas a mano. Cuando no hay peticiones, hacen entrevistas de forma aleatoria, o citan a los delegados de cada piso. Por otra parte, se hacen inspecciones a las instalaciones. “Recorremos las celdas, las cocinas”, explicó. “Esa observación se complementa con las entrevistas, donde aprovechamos para realizar un formulario sobre cuestiones básicas, como salud, educación, saneamiento”. Tras la visita, los jueces dejan recomendaciones por escrito para el director de la cárcel. Y luego envían el informe trimestral a la Corte.

La jueza de Ejecución de Maldonado de 2º turno, Mercedes Reyes, contó a Búsqueda que en ese departamento, donde está la cárcel Las Rosas, se turnan entre las dos sedes de Ejecución para hacer visitas semanales. Explicó que hacen recorridas por todos los sectores, y que también evitan que se sepa el día que irán. Con los presos se reúnen en el salón para visitas. La magistrada los entrevista sola, le pide al policía que espere afuera. “Les pregunto por datos personales, estudios, si tienen alguna queja, un problema con algún recluso o policía, si tienen sanciones, por qué motivo. También hablamos sobre la comida, la higiene. Y les informo cuántos días les quedan para el cumplimiento de la pena, que es lo que en general más les interesa”, detalló. Reyes opinó que se trata de una tarea “muy relevante”, sobre todo porque en Maldonado son unos 1.000 presos y hay solo un defensor de oficio para todos los penados que no tienen abogado privado, que son más del 90%. Entonces se hace imposible que pueda verlos a todos con frencuencia, y estas entrevistas logran suplir de alguna forma esa carencia.

La magistrada contó que algunos de los problemas más graves que observa es la falta de tratamiento para las adicciones, el hacinamiento o el acceso al agua. También es frecuente que los presos reclamen porque no tienen colchones, o por la mala calidad de la comida. En esos casos la jueza deriva el reclamo al INR para que les provea colchones o se asegure de que puedan acceder al agua. También realiza gestiones si algún preso no está recibiendo tratamiento médico por un dolor, ejemplificó. Reyes valoró que la tarea de los jueces de Ejecución “sirve” para ese tipo de “pequeñas gestiones”, aunque señaló que los problemas más estructurales dependen de “políticas de Estado” que exceden a los magistrados.