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Corte solicitó a defensores públicos datos sobre la asistencia que brindan para analizar si hay “fallas” en el servicio
Los abogados de oficio reclaman que la falta de recursos les impide asistir a todas las personas y denuncian una Justicia “para pobres y otra para ricos”
Quienes pueden contratar a un abogado privado, ¿reciben una defensa de mayor calidad? ¿Tienen la posibilidad de conseguir un trato más justo o benigno en la Justicia? La discusión se instaló desde hace semanas en ámbitos judiciales y políticos, luego de que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmara que hay denuncias de abuso policial que no son investigadas porque son hechas por “hijos de pobres”. Las autoridades del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia discreparon con esa afirmación. John Pérez Brignani, presidente del máximo tribunal, rechazó “terminantemente” que exista una Justicia para “pobres y otra para ricos”. Y dijo, en conferencia de prensa, que el trato era para todos igual.
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Sin embargo, desde la Asociación de Defensores de Oficio —que representa a los abogados que trabajan para el Poder Judicial brindando asistencia gratuita a las personas de bajos recursos—, plantean un panorama diferente. Llevan años pidiendo más recursos y denunciando que la sobrecarga de trabajo les impide prestar una asistencia adecuada. Los defensores afirman que la situación se agravó tras la reforma del Código del Proceso Penal de 2017, que implicó un crecimiento de recursos y funcionarios para la Fiscalía y dejó en desventaja a una Defensa Pública que no acompañó ese fortalecimiento. A fines del año pasado, la asociación advirtió en un comunicado que en el 90% de los procesos de violencia doméstica los denunciados no tienen abogado porque no hay suficientes funcionarios y se prioriza la asistencia legal a las víctimas (Búsqueda Nº 2.132).
“En Uruguay no hay un acceso efectivo a la Justicia de las personas más vulnerables que necesitan la asistencia de un defensor público. Desde ese punto de vista estamos muy mal”, afirmó el presidente de la Asociación de Defensores, Joaquín Gamba, en el programa Relatos de TV Ciudad. “Estamos muy lejos de lo que debería ser una defensa técnica. Intentamos ir apagando los incendios”, dijo. Gamba informó que los 291 defensores públicos del país atienden a unas 350.000 personas al año. “Es imposible dar una defensa adecuada en esas condiciones”, advirtió.
La Suprema Corte de Justicia, organismo del que depende la Defensoría, decidió tomar cartas en el asunto. Semanas atrás aprobó una circular en la que solicitó a todos los defensores del país que brinden información estadística detallada sobre el servicio que brindan, la cantidad de personas que asisten y las presuntas situaciones de indefensión debido a la falta de recursos.
“Quiero saber exactamente cómo está marchando el servicio”, dijo a Búsqueda el presidente de la Suprema Corte. El ministro explicó que tras la discusión sobre una Justicia diferente para “pobres y ricos”, decidió hacer un relevamiento para tener información precisa y comprobar si las situaciones que se denuncian son así. “Vamos a ver dónde estamos parados. Y si falla el servicio, tenemos que saber por qué falla. Si es un problema de falta de gente, o si es un problema de gestión o de organización de los recursos”, explicó.
“¿Queda gente sin atender? ¿Por qué? Si es así, hay que buscar una solución, porque no puede ser. ¿Qué requerimientos hacen falta? Eso es lo que quiero saber”, detalló. Pérez Brignani destacó que su impronta es tomar decisiones con base en información y datos. Por eso este es un primer paso para examinar el servicio y evaluar qué medidas son necesarias.
El presidente indicó que la Corte ya reunió la mayor parte de la información y que en este momento se encuentra sistematizando las respuestas.
Cuestionario
El cuestionario que la Corte envió a los defensores de Montevideo y del interior del país incluyó preguntas como el horario que cumplen, la cantidad promedio de personas que atienden a diario, la cantidad de audiencias a las que asisten por mes y el tiempo promedio que insume cada audiencia.
También les consultó de qué forma registran la atención que prestan a cada persona, cuántos escritos presentan en promedio por mes y qué tipo de escritos son (según la materia de la que se trate, si es una demanda, una contestación, un recurso, un acuerdo con Fiscalía u otros). Además, los defensores deben informar la cantidad de procesos en trámite que están patrocinando en la actualidad.
Los abogados públicos con competencia en las materias Penal, Ejecución Penal y Adolescentes deben responder también si realizan visitas a los centros de reclusión y con qué frecuencia. En caso de que no concurran a las cárceles, tienen que explicar cómo se entrevistan con sus defendidos.
El cuestionario interroga a los defensores sobre si han participado en audiencias por Zoom en juzgados que se encuentren en una ciudad diferente y si los del interior tienen que rotar entre distintos lugares.
Finalmente, la Corte consulta a los defensores si en su experiencia “existen casos de personas que al concurrir a Defensoría no pueden ser atendidos”. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la Corte pide que se detallen las causas por las que estas personas no son atendidas.
“No todos somos iguales”
“Claramente existe una Justicia para pobres y otra para ricos”, dijo Gamba en Relatos. Y citó el ejemplo de la materia Familia Especializada —que atiende las situaciones de violencia de género—, donde faltan abogados para los denunciados. “Si tenés la posibilidad de contratar a un defensor, no vas a estar en esa situación de indefensión”, ejemplificó.
El exfiscal de Corte Jorge Díaz coincidió en el programa televisivo en que “no todos somos iguales” ante la Justicia, ya que hay diferencias en el acceso y en el funcionamiento del sistema. Semanas antes había tuiteado su posición sobre la polémica. “Nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, analfabetos y adictos. Lamentablemente el sistema penal es selectivo y las posibilidades de acceso a la Justicia no son iguales para todos”, escribió, y añadió: “El enorme esfuerzo de nuestra Defensa Pública no es suficiente con los recursos que hoy día tiene”.
