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La designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Elena Martínez, generó polémica en la interna frenteamplista. Es que, entre marchas y contramarchas, la negociación con los partidos de la oposición avanzaba a paso lento, y buena parte de la bancada oficialista ni siquiera estaba al tanto de los nombres que encabezaban la lista de candidatos.
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Tampoco lo estaba el presidente Tabaré Vazquez. Por eso, cuando se enteró de que la próxima ministra sería Martínez —candidata a la que él se oponía— ya era demasiado tarde para desarticular el acuerdo.
Llamadas telefónicas mediante, el presidente quiso que los legisladores oficialistas que se aprestaban a votar a la futura ministra el pasado miércoles 2, conocieran “su opinión”. Pero la posición de la mayoría de los legisladores fue que ya no había margen para dar un golpe de timón. La moción para nombrar a Martínez tenía la firma de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria y no ingresar a sala para bloquear el acuerdo era un “papelón”.
Según relataron a Búsqueda varios legisladores consultados, el presidente Vázquez actuó a último momento porque se enteró sobre el acuerdo unas horas antes de que Martínez concurriera al Parlamento a asumir el cargo. Según las fuentes, el responsable del “cortocircuito” fue el secretario de la Presidencia, Miguen Ángel Toma.
Es que días antes de poner la firma al nombre de Martínez, las tres senadoras que encabezaron las negociaciones en representación del Frente Amplio (FA), Constanza Moreira, Lucía Topolansky y Mónica Xavier, se reunieron con Toma para comunicarle que el nombre que encabezaba la lista era el de Martínez.
De acuerdo a las fuentes, Toma les dijo que la Presidencia no tenía objeciones. No obstante, Vázquez no estaba al tanto y cuando se enteró era demasiado tarde.
El martes 8, en una reunión con el Secretariado Ejecutivo del FA, el presidente informó que se enteró sobre la fecha del acuerdo y que actuó cuando tuvo la información, relataron fuentes de esa fuerza política. “Yo quería que escucharan mi opinión”, explicó Vázquez.
La aspiración del presidente era que venciera el plazo de 90 días que tiene el Parlamento para designar a los ministros y que así ingresara Eduardo Vázquez por ser el ministro de Apelaciones con más antigüedad.
Algunos legisladores frenteamplistas vinculan a Eduardo Vázquez con la masonería.
Votación complicada.
El miércoles 2 Martínez juró ante la Asamblea General. Unos minutos antes de ingresar a sala, los coordinadores de la bancada frenteamplista mantuvieron una reunión en la que la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra informó a los legisladores que el presidente Vázquez estaba en contra de la designación y no quería que ingresaran a sala (Búsqueda Nº 1.831).
El vicepresidente, Raúl Sendic, también transmitió el mensaje de Vázquez, aunque afirmó que el “costo político” de no ingresar a sala era demasiado grande. Al mismo tiempo Toma se encontraba al teléfono con el ex presidente y actual senador José Mujica, para explicarle la posición de Vázquez y tratar de frenar la votación. Finalmente casi todos los legisladores decidieron votar la designación.
Martínez, ex ministra del Tribunal de Apelaciones Civil de sexto turno y esposa del diputado colorado Ope Pasquet, es vista con recelo por algunos legisladores frenteamplistas. Sostienen que está asociada al Partido Nacional y lamentan que una ministra de “derecha” esté diez años en la Corte.
Martínez cumplió 60 años el 19 de agosto, por lo cual podrá estar un década en la corporación (los ministros deben retirarse a los 70 años).
En el oficialismo también desconfían del “corporativismo” de la ministra, dijeron las fuentes. El año pasado Martínez, que integraba la directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), reclamó a los jueces “unidad” gremial frente a los “distintos y frecuentes ataques” que sufren por parte de “otros poderes del Estado”, porque “todo hace pensar” que esos embates “continuarán en el futuro” (Búsqueda Nº 1.776).
