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El informe que presentó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, sobre la situación de las cárceles en 2016 mostró un panorama complejo. Un tercio de los centros son alentadores, otro tercio está a mitad de camino, con algunas actividades para los presos y bajo nivel de hacinamiento, y una tercera parte tiene una situación alarmante, donde los presos viven bajo un “trato cruel e inhumano”.
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En el documento, Petit dejó un listado de recomendaciones que podría adoptar el Ministerio del Interior, entre ellas, la adopción de lo que denominó una “Política Criminal” que busque “promover un ámbito donde periódicamente puedan intercambiar perspectiva los diversos actores”.
El Ministerio vio con buenos ojos la propuesta y decidió implementarla. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo a Búsqueda que están trabajando para “crear un Consejo de Política Criminal que sea asesor, pero cuya opinión no sea vinculante”.
Un tema que preocupa al Ministerio y que pretende abordar en ese ámbito es el escaso uso que los jueces hacen del sistema de penas alternativas a la prisión. “Al parecer, hay falta de confianza en ese sistema y se termina procesando con prisión a una persona que podría mantener su libertad e iniciar un proceso de rehabilitación” fuera de la cárcel, explicó Charles.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió el jueves 17 con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y le propuso que el Poder Judicial forme parte del Consejo.
Chediak dijo a Búsqueda que Bonomi le planteó la conformación de un “foro” entre el Ministerio, la Corte, la Fiscalía General y el comisionado penitenciario, para analizar “la situación de los establecimientos carcelarios y de los privados de libertad”.
El objetivo es hacer “un análisis coordinado de esos temas, para ver qué medidas podríamos ir coordinando entre todos para mejorar la situación general y avanzar hacia la protección de los derechos humanos de los privados de libertad”, añadió.
“La propuesta del ministro es instrumentar este ámbito interinstitucional, que se iniciaría como un foro y la aspiración del ministro es que termine en algo más institucional, en una suerte de consejo”, explicó.
El presidente de la Corte señaló que parte del desafío es el incremento sostenido del número de presos: el año pasado cerró con 11.150 y hoy hay alrededor de 11.300, lo que exige aumentar el número de plazas en establecimientos de reclusión ya saturados.