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El narcotráfico no es un fenómeno nuevo en Uruguay. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha concitado una mayor atención de autoridades, sistema político y población en general. Si bien el creciente interés ha favorecido la comprensión de esta problemática, es importante aclarar algunos puntos centrales en su diagnóstico y, por ende, en el debate sobre las políticas de seguridad necesarias. Sin pretender ser exhaustivos, se pueden plantear cuatro puntos clave.
En primer lugar, la situación que vive Uruguay no es única y, por lo tanto, existe mucho para aprender de experiencias internacionales. Si bien es cierto que en Uruguay los niveles de violencia a causa del tráfico de drogas están muy por debajo de los registrados en otros países de América Latina, el comportamiento criminal de sus bandas de narcotraficantes emula estrategias tempranas ya documentadas para otras partes del continente. Un buen ejemplo es la búsqueda de control territorial y mercado que se viene observando en Uruguay y que constituye un comportamiento observado en países como Colombia, México y El Salvador.
En segundo lugar, Uruguay es principalmente un país de tránsito en el mercado de drogas. En las últimas décadas el Puerto de Montevideo ha visto incrementada su participación como ruta de salida hacia Europa, con una relevancia comparable a otras ya consolidadas (como Brasil y Venezuela). Sin embargo, no es solamente un punto de paso en las rutas del narcotráfico. En efecto, Uruguay es el mayor consumidor de cocaína (en términos per cápita) de América Latina y uno de los principales del mundo.
En tercer lugar, el narcotráfico aprovecha fallas en mecanismos de socialización habituales, como la educación y el empleo. Contextos económicos adversos favorecen el reclutamiento para este tipo de actividad, en particular en contextos de baja educación, desempleo, informalidad, desigualdad y pobreza. En el caso de las mujeres que ingresan al sistema penal uruguayo por microtráfico se destacan situaciones de altísima vulnerabilidad económica. A la vez, el propio contexto en el que viven hace que consideren el narcotráfico como una alternativa real para mejorar su situación económica y social. El crimen organizado, y en particular el narcotráfico, tiene capacidad de seducir con trayectorias de socialización atractivas en el corto plazo.
Por último, y tal vez uno de los puntos más importantes, la violencia no es inherente a las transacciones de la producción y tráfico de drogas, aunque sí su externalidad más negativa, variable y volátil. Por tanto, la reducción de la violencia asociada al narcotráfico y la reducción del narcotráfico son dos metas diferentes, que es importante considerar en forma independiente.
Este diagnóstico tiene algunas implicancias para la definición de políticas públicas. Primero, no podemos esperar que haya una política o programa que solucione el tema de buenas a primera. En otras palabras, no hay “una bala de plata”. Cuando los problemas son complejos, requieren de soluciones multidimensionales que ponen en juego distintas estrategias.
Segundo, las soluciones que Uruguay plantee son vulnerables al contexto internacional y a lo que suceda en otras áreas del crimen.
Tercero, es clave que la clase política entienda que, al no haber soluciones mágicas, es importante que lleguen a acuerdos de largo aliento que trasciendan los intereses político-electorales de corto plazo. Además, es relevante fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a este problema e incrementar el diálogo entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y el sistema político para que la definición de las políticas esté basada en evidencia, sea de experiencias de otros países o de los resultados de las políticas que se van implementado en Uruguay.
Cuarto, no se puede centrar el relato en que la violencia generada por el narcotráfico no es evitable y menos aun cuando se trata de homicidios. Esto puede llevar a que la sociedad perciba el narcotráfico como un problema alejado y no se busquen las soluciones estructurales al problema. Finalmente, el endurecimiento de las penas a los delitos de tráfico de drogas, y en particular al narcomenudeo, causan un aumento de la población carcelaria que no soluciona el problema, sino que lo agrava. Si hay algo que parece estar claro, no solo en Uruguay sino en muchas otras partes del mundo, es que la saturación de las cárceles y su peligrosidad generan condiciones que fomentan el crimen organizado.
Las brechas estructurales, las fallas en los mecanismos de socialización e integración y las rupturas en el tejido social son las fisuras por las que hoy se “cuela” el delito en su expresión más o menos organizada. La búsqueda de soluciones es responsabilidad del Estado como garante de la seguridad ciudadana, pero también de los distintos actores de la sociedad civil, la academia, y los organismos internacionales.
*Profesores e investigadores del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, integrantes del equipo de autores del estudio Crimen y narcotráfico: un análisis exploratorio de Uruguay (serie Ideas para Agendas Emergentes, PNUD, 2022).
**Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay.
