A su vez, se pretende que el sistema judicial, los políticos y los actores sociales tengan una “percepción compartida de las amenazas” a la seguridad y que haya una “capacitación continua” de la Policía.
El Círculo Policial emitió un comunicado el sábado en el que denuncia que el gobierno “ha destruido” la Jefatura de Montevideo al aplicar una reestructura que no sirve para combatir la criminalidad. La decisión del Poder Ejecutivo, según la organización, “generó” que “el monstruo” de la inseguridad “creciera a niveles insospechados y se haga cada día más difícil enfrentarlo y mucho más difícil derrotarlo”.
Consultado por Búsqueda acerca del comunicado, Guarteche dijo que está “de acuerdo con que hay un aumento de la delincuencia”, pero que los cambios que se están aplicando “son los correctos para enfrentar” el problema de inseguridad.
El jerarca sostuvo que al comienzo del actual período de gobierno se hizo una “análisis de la realidad” y luego las autoridades elaboraron una estrategia de seguridad.
¿Cuál es ese análisis? En primer lugar que la globalización y los “cambios sociales” provocan cambios en la delincuencia y, por ende, en la respuesta que debe dar la Policía.
Hace “algunos años”, según Guarteche, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRIT) advertía que las “modalidades delictivas” de otros países “demoraban en llegar a Uruguay” y sostenía que “no era aconsejable que estuvieran en el mismo lugar delincuentes que eran capturados por tráfico de drogas con nacionales uruguayos”, porque “se iba a hacer una transferencia de conocimientos, de modos de dirimir conflictos, nuevas modalidades delictivas hacia los uruguayos”.
“Tenemos información de que eso sucedió, de que hubo una prédica constante de gente que tiene más experiencia y que está mucho más organizada. Creemos que eso influyó en todo lo que nos está pasando en materia de violencia y seguridad”, añadió Guarteche, quien encabezó la DGRIT durante el gobierno pasado.
“Esa forma de dirimir las cosas se ha transmitido a la sociedad —continuó el director de Policía—, primeramente hacia los asentamientos, lugares donde habitualmente viven estos delincuentes, y ahí ha empezado todo este proceso de feudalización. Eso se nota claramente no solo en que los homicidios los tenemos localizados en determinadas zonas, sino que también han empezado a haber prácticas más agresivas hacia los policías, que son emboscados en algunos barrios y sus casas son atacadas”.
De acuerdo con el análisis de las autoridades, el 2012 fue un año clave porque “la violencia” se “ha generalizado en ciertas partes de la ciudad”. Es que los delincuentes intentan apropiarse de esas zonas para usarlas como base de operaciones.
Los criminales uruguayos, que solían actuar con independencia, están comenzando a trabajar en “grupos” siguiendo la experiencia internacional. Mientras, la “delincuencia común está en aumento”.
Ese incremento de los delitos menores es “producto de un deterioro que la sociedad está teniendo, en particular de un grupo de individuos que crecen más que el resto de la población y que a edades cada vez más tempranas están delinquiendo”, afirmó Guarteche. “Vemos que el menor tiene modelos dentro de la delincuencia y quieren corresponder a esos modelos haciendo acciones muy violentas”.
Interrogado acerca de si la actuación policial está mitigando la delincuencia, Guarteche sostuvo que el trabajo de la Policía se nota cuando “un rapiñero u homicida es detenido y tiene seis o siete antecedentes”. Y en seguida se preguntó: “¿Por qué salen tan rápido?”.
“Tenemos que tener en claro que hay gente que no es recuperable, eso hay que decirlo, y esa gente tiene que estar más tiempo en la cárcel. No puede ser que alguien con seis antecedentes, 23 años, esté afuera. Eso es una fuente inagotable de trabajo para nosotros”, añadió. “Hay primarios o individuos que ingresan por delitos menores que deberían tener otra oportunidad, pero hay otros individuos que recuperan la libertad y uno sabe que alguien va a morir, que van a salir a rapiñar, porque tienen ese formato en la cabeza que desprecia la vida”.
“No es que esté mal la Justicia”, dijo Guarteche, “sino que está mal el sistema y el cómo estamos entendiendo al delincuente. El delincuente como tal se siente absolutamente beneficiado por todas las cosas que le han dado en los últimos años sin pedirle nada a cambio. Si yo como policía hubiese recibido el apoyo que han recibido los delincuentes en los últimos años estaría pletórico”.
“¿Cuántas leyes se han hecho para favorecerlos, para tener la libertad más rápido y después afuera tengo una cantidad de beneficios?”, inquirió.
En 2006 el Frente Amplio aprobó en el Parlamento una ley de “humanización” del sistema carcelario que modificó el mecanismo de libertades anticipadas.
“Cuando la prensa habla horrible del delincuente, el criminal cree que hablan bien de él porque piensa con una lógica distinta a la del ciudadano común”, sostuvo Guarteche. “No digo que sea intencionalmente, sino que como sociedad algo estamos haciendo mal porque cada vez hay más procesados”.
Corrupción.
Las autoridades definieron que para responder al aumento y “territorialización” de la delincuencia, era necesario modernizar a la Policía y llevarla “más cerca de los barrios”. Por eso se dividió la Jefatura de Montevideo en cuatro zonas.
A la vez que inició la reestructura en la capital, el comando del Ministerio del Interior consideró necesario acompañar ese proceso del combate a un problema que, según Guarteche, ninguna administración había atacado: los focos de corrupción en la Policía.
“Han habido procedimientos en otros tiempo que indicaban que había toda una estructura corrupta organizada dentro de la Policía por la cual fluían dineros provenientes de la actividad criminal hacia cargos más o menos altos. Esa misma gente que participaba en la actividad criminal dejaba que ocurrieran una cantidad de malas prácticas, algunas delictivas, como el manejo inadecuado del dinero que entraba por el servicio 222 y el uso de los vales de combustible”, explicó.
Guarteche aseguró que “todo eso ha cesado” a partir del trabajo de las actuales autoridades, pero que “hay gente que se crió con esa lógica y que no puede estar de acuerdo con esos cambios, sino que está totalmente en contra porque le están impidiendo hacerse de determinado dinero proveniente de la corrupción”.
Voluntad política.
Si la corrupción es un problema para implementar la reestructura y mejorar el combate a la delincuencia, las autoridades creen que hay otro: muchos policías se oponen a los cambios por desconocimiento o porque están acostumbrados a trabajar de otra manera.
“Tenemos un personal que está acostumbrado a otras cosas, donde las tareas todavía no se hacen con un análisis profesional y con un manejo adecuado de la información antes de hacerlas”, añadió.
Cambiar la situación de la Policía requiere “trabajar con todos los actores, sobre todo los de adentro, para obtener mejores resultados”, dijo. Ese proceso “va a llevar años, porque tomó decenas de años llevar a la Policía a donde estaba cuando asumimos, decenas de años de malas conductas, de formas de manejar las cosas de manera errónea, de no trabajar coordinadamente”.
Guarteche dijo que están en un proceso que debió comenzar “hace mucho tiempo” y “que no va a tener resultados inmediatos”. Por eso, añadió, es “muy destacable” la decisión de las actuales autoridades políticas del Ministerio, encabezadas por Eduardo Bonomi, de llevarlo adelante. “Desde el punto de vista político —y yo no soy político— hay que tener mucha valentía para hacer estos cambios, porque si bien son transformaciones muy necesarias no van a traducirse en votos”.
“No podemos cambiar todas esas cosas en un período de gobierno, se requiere tiempo y que se siga por este camino”, concluyó el jerarca. “Después que tengamos todo eso reformado, los resultados van a venir”.
