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La decisión del presidente Tabaré Vázquez de no realizar modificaciones al proyecto de ley “de los cincuentones” generó “malestar” y “preocupación” en el Ministerio de Economía y una crisis de resolución incierta dentro del oficialismo, que puede culminar con renuncias dentro del gabinete, dijeron a Búsqueda dirigentes y legisladores de primera línea del Frente Amplio.
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Los principales líderes del oficialismo siguen con mucha atención lo que está ocurriendo en torno a ese polémico proyecto y algunos de ellos manejan como una posibilidad que si la iniciativa es aprobada por el Parlamento antes de fin de año, como ya resolvió el Frente Amplio, Astori y parte de su equipo optarán por dar “un paso al costado”, al igual que semanas atrás lo hizo el exdirector de la Asesoría Macroeconómica Andrés Masoller, agregaron los informantes.
Según las fuentes consultadas, el ministro de Economía y su entorno consideran “fundamental” que se realicen cambios a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo porque evalúan que si se aprueba de la forma en la que fue elaborada, tendrá un “costo altísimo” para el Estado y pone en riesgo el mantenimiento por parte de Uruguay del grado inversor.
Al ser consultado por Búsqueda, Astori negó que en este momento esté evaluando renunciar junto a su equipo y evitó realizar cualquier otro tipo de comentario.
Vázquez dijo el lunes 27 en un Consejo de Ministros en Pirarajá (Lavalleja), que “el gobierno mandó un proyecto al Poder Legislativo, que lo estudió con los números que tenía en su momento, y ese es el proyecto de gobierno”.
“Nosotros no vamos a mandar ninguna modificación”, sentenció el presidente.
Astori manifestó a Vázquez y a la vicepresidenta Lucía Topolansky su discrepancia con el proyecto, relataron los informantes. Procuró además una reunión con el expresidente y actual senador José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (principal grupo político del Frente Amplio), que todavía no se concretó.
La intención de la mayoría del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista es votar a “tapas cerradas” el proyecto elaborado por el gobierno sin contemplar los cambios sugeridos por Astori, dijeron a Búsqueda otras fuentes políticas.
Es más, tanto el presidente como ministros y algunos de los principales legisladores del Frente Amplio tienen la idea de seguir adelante con “otras modificaciones” al régimen previsional mixto instalado en 1996 por el gobierno de Julio Sanguinetti, agregaron los informantes.
Los legisladores del Frente Liber Seregni (FLS), encabezado por Astori, se reunieron en la tarde del miércoles 29 para analizar la postura ante el proyecto. Entre el jueves 30 y el viernes 1º de diciembre, el grupo comunicará cuál es su posición final, explicó el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio). Asamblea Uruguay, el sector mayoritario del FLS, resolvió anoche no votar el proyecto, al igual que ya había anunciado a El País Pozzi.
Consultado por la prensa sobre la posibilidad de introducir modificaciones a la iniciativa, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se limitó a decir: “Habló el presidente”. El jerarca, crítico del sistema de administradoras de ahorro previsionales (AFAP), ya ha defendido la normativa.
Puerta de salida.
En el proyecto de ley “de los cincuentones” elaborado por el Poder Ejecutivo se habilita la salida de una AFAP a los mayores de 50 que fueron obligados a ingresar al sistema mixto de seguridad social tras la reforma de 1996 pese a que ya contaban con aportes jubilatorios. Esto porque al acercarse el momento de su retiro, encontraron diferencias con respecto a lo que hubieran recibido de mantenerse aportando solo al sistema de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social (BPS). La brecha se generó por la falta de reconocimiento de la totalidad de los aportes previos a 1996, sumado a la falta de tiempo de inversión dentro de una AFAP.
De aprobarse, la reforma sería la segunda puerta de salida del sistema mixto, luego de que en 2014 se permitiera la desafiliación para las personas de entre 40 y 50 años que hubieran optado por ingresar a una AFAP. Esas empresas son fuertemente criticadas por algunos sectores de izquierda como el PIT-CNT. En el texto que el Ejecutivo envió al Parlamento este año se crea un fideicomiso hacia donde se traspasarán los fondos de los “cincuentones” que decidan volver a aportar exclusivamente al BPS. Esto evitaría que ese dinero termine financiando el déficit del BPS, que el año pasado superó los US$ 400 millones.
En octubre el BPS estimó que el costo de la reforma sería entre US$ 1.260 millones y US$ 2.910 millones. Pero a inicios de noviembre el Ministerio de Economía presentó otros cálculos. Según informó entonces el diario El País, el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, dijo a la bancada frenteamplista que el gasto se acerca a los US$ 3.700 millones. La diferencia surge por utilizar distintas tasas de descuento para los fondos.
