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No es una “embestida baguala”, es mucho peor. Las acciones perpetradas —en primer y destacado lugar— por el Frente Amplio, partido de gobierno, y sus organizaciones sindicales y sociales afines, contra la Constitución, la Suprema Corte de Justicia y la separación de poderes, no se prestan a esa demasiado benigna metáfora campestre. Hechos y análisis de este nuevo “febrero amargo” están contenidos en un excelente editorial del último Búsqueda, titulado: “El ataque al Poder Judicial” y por tanto holgaría repetirlos. Además, hubo otros aportes sustantivos en medios que no están atemorizados por el gobierno ni por lo “políticamente correcto”, así como una firme declaración de los expresidentes Sanguinetti, Lacalle y Batlle.
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Porque criticar las sentencias de la Corte cuando contradicen —no ya la ideología, que no es ni clara ni unánime— la voluntad frenteamplista, es “políticamente correcto”. Como lo fue callarse o apoyar a la Justicia cuando esta dictaminó, en el pasado, la inconstitucionalidad de la “Ley de Caducidad o la constitucionalidad del IRPF a los pasivos”.
Pero a lo que quiero llegar es a un párrafo específico del editorial de marras: “…Así es como han empezado los regímenes de fuerza a lo largo de la historia: hablando y despotricando contra las personas o contra las instituciones que son el último refugio para asegurar la vigencia plena de los derechos humanos y de las garantías individuales. Hay quienes están jugando con fuego, Esto es muy peligroso y la ciudadanía debe estar muy atenta”.
Y para estar atentos, es bueno recordar antecedentes históricos. Por ejemplo, Hitler llegó al poder (a través del voto) y sin embargo fue demoliendo concienzudamente y sin pausa, el andamiaje del Estado de derecho. Y dentro de esa actitud, anuló al Poder Judicial de la República de Weimar, con la instalación del Tribunal del Pueblo, que desplazaba de su esfera a los juzgados penales.
Pese a tener a connotados juristas para plasmar sus designios, principalmente a Carl Schmitt y Hans Frank (ejecutado en Nuremberg), el Führer odiaba a los hombres de leyes y sostenía que el Derecho es un concepto artificial que establece categorías y reglas, y, por lo tanto, representa una inaceptable restricción.
En 1933, a pocos meses de asumir, dirigiéndose a ellos—los juristas— les afirmó: “El Estado total no debe conocer diferencia alguna entre la ley y la ética y llegará el día en que esta identidad va a convertir en innecesaria a la primera” (citado por Hannah Arendt, “Los orígenes del totalitarismo”). Porque, por supuesto, la ética la decide el Führer. Lo cual es muy parecido al “moralmente tengo razón” o a que “lo político prima sobre lo jurídico”, de nuestro presidente de la República.
Otro y último ejemplo (aunque hay más), en mayo de 1973, la Corte Suprema de Justicia de Chile reprochó por escrito al Poder Ejecutivo de Salvador Allende, porque en diversas oportunidades sus resoluciones habían sido desobedecidas por los funcionarios o carabineros llamados a cumplirlas, lo que “conduce a una crisis del Estado de derecho que este tribunal no puede silenciar”. Ese mismo mes, el 28 de mayo, la Corte le recrimina al Ejecutivo que ya no se trataba de una crisis del Estado de derecho, “sino de una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país”.
Luego vino lo que todos sabemos, el 11 setiembre de 1973, el golpe de Estado del general Augusto Pinochet. Y una de las varias justificaciones que dio el dictador para sustentar el quiebre institucional, fue precisamente el desconocimiento de las resoluciones de la Corte de Justicia chilena.
Obviamente, no quiero decir que las situaciones sean iguales y que la actitud de la izquierda uruguaya lleve a un golpe militar, pero lo que sí aspiro a resaltar es que toda esta peligrosa arremetida al Estado de derecho, fomentada y propiciada por el Frente Amplio, por el espectro entero frenteamplista, porque luego votan siempre, juntos y abrazados, señala el espíritu antirrepublicano y antidemocrático de la coalición de gobierno.
Ese espíritu que revive nefastas épocas pretéritas, en las cuales se hablaba de “libertades formales”, de “democracia burguesa” y de “políticos corruptos”, para justificar los asesinatos, secuestros y robos perpetrados por la guerrilla urbana terrorista.
