— Entiendo que él representa los intereses de las trasnacionales, cada uno opina desde su rol. Pero me pareció fuera de tono, sobre todo la acusación de falta de independencia, que considero muy injusta. Que nosotros no hagamos lo que las trasnacionales quieren es parte de la situación, no tenemos que hacer lo que la industria quiere, sino tener en cuenta todas las visiones de la industria, de la academia y de los consumidores, para formular la política del Poder Ejecutivo y establecer la estrategia regulatoria.
—¿Considera que hoy la Ursec funciona de forma independiente?
—Somos parte del Estado y debemos ceñirnos a leyes, que no hacemos nosotros. Desde esa perspectiva, somos profundamente independientes de las diferentes presiones que se dan, muchas de ellas del sector privado. Hemos sido justos en la aplicación de normas, hemos sancionado a privados y a públicos cuando han cometido transgresiones. Es verdad que la ley de presupuesto del 2010 le quitó algunas competencias a la Ursec para fortalecer al órgano de formulación de política, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Pero hay que atenerse a la ley. Si alguien dice que el regulador “es un apéndice del gobierno” muestra una mirada despectiva muy injusta al trabajo que hacemos y evidencia un desconocimiento de la ley.
—¿Piensa que la Ursec cuenta con potestades suficientes para llevar adelante su trabajo como regulador?
—Perdimos la potestad de disponer de los llamados para subastas de espectro. Es un tema discutible, pero las cosas se trabajan colectivamente. Hay una estrategia de despliegue de infraestructura que colocó a Uruguay en el primer lugar de la región, en la que hemos participado. Lo que se desprende de los comentarios de Sastre es la búsqueda desesperada del Triple, Cuádruple o Quíntuple Play (paquete de servicios de telecomunicaciones), que son herramientas positivas en algunos contextos históricos, económicos, demográficos y geográficos, pero en otros casos no. Tenemos una red de telecomunicaciones muy buena, reconocida internacionalmente. No necesitamos usar las redes de los cableros para llegar a la gente, porque la gente ya tiene Internet de buena calidad. Claramente es la defensa de un interés corporativo y un mensaje para el gobierno entrante, que si siguiera lo que dice Sastre contaría con información extremadamente sesgada y parcial.
—Desde Asiet acusan a la Ursec de no brindar igualdad de condiciones y favorecer en ciertos casos a la estatal Antel. ¿Qué piensa de eso?
—Es un eslogan. Al igual que cuando habla de la falta de independencia del regulador, no se basa en ninguna situación concreta. La única que marca es una promovida por el Poder Ejecutivo, para que Antel no participe en las subastas. Yo estoy de acuerdo con esa idea, porque no podes tener al Estado como juez y parte en un proceso competitivo. Es una garantía para ellos, porque Antel podría inflar el precio mediante ofertas en la subasta para hacerlos pagar costos por fuera de los parámetros internacionales, como un mecanismo recaudatorio. El Poder Ejecutivo planteó una idea en el último llamado para estimular que se compraran bloques de espectro, porque algunos de ellos no habían sido comprados en subastas anteriores. Estableció que si nadie compraba ese segmento el precio sería cero y Antel podría recibirlo. Es eso de “no come y no deja comer”, porque la decisión la tienen las corporaciones internacionales, que de hecho algunas compraron espectro y otras no. Nosotros estamos comprometidos en que Uruguay sea líder en la región en el despliegue de telecomunicaciones móviles de 5G, y para eso necesitamos disponibilizar el espectro que tenemos de manera transparente, justa, pero temporánea, no demorar artificialmente el despliegue de 5G. Atrás de eso hay una cuestión complicada, porque es verdad que el mercado uruguayo es chico y es difícil rentabilizar esas inversiones. Pero respecto a los cuestionamientos de igualdad, la lógica de un ente público como Antel es el servicio público, no la ganancia. Y la lógica de los privados sí es la ganancia, y en los dos casos está bien.
—Desde esa lógica, ¿es razonable que no haya igualdad de condiciones?
—A las empresas privadas no les conviene tener las mismas condiciones que Antel. Porque si fuera así, se les tendría que aplicar el estatuto de funcionario público, aplicarle el TOCAF a las contrataciones y no estarían amparados bajo la ley de promoción de inversiones. Además, el régimen cambiario es mucho más gravoso para Antel que para cualquier privado. Vuelca entre US$ 100 y US$ 120 millones al año de remesas al gobierno, además de los impuestos. Ellos no. Obviamente, la normativa establece, por ejemplo, algunos servicios que están monopolizados a favor de Antel, entre los cuales están los que Sastre pretende que sean brindados por privados. Entiendo que para un extranjero es difícil entender la historia de las telecomunicaciones uruguayas. Nos tenemos que adaptar a condiciones que son sui géneris. Hay muy pocos países occidentales con modelos como el uruguayo, modelos híbridos, con una fuerte participación pública y privada. Los principales países en conectividad del mundo tienen ese modelo: Corea, Emiratos Árabes, todos se desarrollan a partir de un proyecto de país que incluye un proyecto de telecomunicaciones. Atrás de esa idea hay un eslogan en el que la formulación de política pública, con metas efectivas para que los servicios para la gente sean de mayor calidad, queda subordinada a la competencia, que se ve como una herramienta que hará que todo sea mágico y bueno. Y la realidad es que en la región, cuanto más se liberó a la competencia, más atrasados quedaron los sistemas de los servicios de telecomunicaciones. Y más en el caso de un Estado como el uruguayo, que no tiene músculo como para hacer controles en un mercado totalmente liberalizado que ponga en el centro a la gente.
—¿Qué dice respecto a la acusación de que la Ursec es un órgano de consulta del gobierno más que un lugar de toma de decisiones?
—Habría que traerlo a Sastre y que vea cómo trabajamos a todo vapor. Hacemos un montón de cosas. Estamos trabajando en un reglamento de calidad de servicios, uno de los grandes temas regulatorios. Ya tenemos un primer borrador para que sea tratado en la primera sesión del directorio del año e iniciar el proceso. En febrero vamos a poner en consulta pública un reglamento para el control de las radiaciones no ionizantes, relacionado al vínculo entre el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y la salud humana, que permitirá establecer mecanismos para operativizar los controles y certificar cada transmisor y radiobase. Abrimos un procedimiento para fijar el precio de terminación en redes móviles. Estamos operando fuertemente en los acuerdos de roaming internacional y se están logrando reducciones sustantivas de precio que se ven en las promociones de las compañías. Entonces realmente no estoy de acuerdo con la idea de que estamos pintados. Obviamente, la estrategia de alta política no la definimos nosotros. Me gustaría debatir con Sastre estos temas, que explicara cómo Uruguay puede ser líder en la región, con esta política que es tan vieja y que requiere tanta modernización, y lo países que aplican lo que él quiere están en los últimos lugares.
—¿Cree que la Ursec ofrece una adecuada institucionalidad jurídica?
—Siempre se puede mejorar pero me parece injusto que se diga que no somos independientes, porque lo somos. Es extremadamente injusto que se diga que somos un apéndice, que se diga que en Uruguay no hay seguridad jurídica. Se trata de presionar al gobierno que entra para que en la composición de la Ursec estén representados directamente los intereses de las corporaciones internacionales en desmedro de los derechos de la gente, y eso está mal. Nuestro cliente es la gente, por supuesto respetando las garantías. Tenemos un fin muy importante que es la promoción del nivel óptimo de inversión en telecomunicaciones, público y privado. Es un equilibrio. Creo que se está apostando a que esa mirada de interés general ceda espacio a representantes de las corporaciones privadas nacionales e internacionales, que hagan prevalecer esos intereses.
—¿Cuáles son los desafíos principales que enfrenta actualmente la Ursec?
—Estamos revisando los procesos, lo que nos va a llevar a estar mejor, nos va a ayudar a emparejar, porque hay cosas en las que estamos muy bien y otras en la que estamos muy flojos. Necesitamos mejorar en tiempos de respuesta; también hay algo que no hemos podido desarrollar, que es un área de investigación, innovación y desarrollo, que sería un precioso desafío, pero no tenemos cómo. Veo que reguladores de otros países tienen un músculo de producción intelectual y de investigación excelente, y me gustaría ir por ese lado. Pero para eso se necesita mucho dinero y recursos humanos muy calificados.
—¿Se necesita una modernización en la Ursec?
—No me gusta hablar de modernización, sino de mejora. Somos un regulador moderno. Me da gracia porque en el exterior nos elogian y elogian al sistema de telecomunicaciones uruguayo por su éxito. Si modernizar es volver a los años 90 no, prefiero modernizar para adelante y no para atrás.
—Ha tenido discrepancias con otros directores de la Ursec sobre diferentes asuntos. ¿Esas discusiones internas dificultan la gestión?
—Es normal tener discrepancias, para eso existen los órganos colegiados. El tema es cómo se procesan esas tensiones. No podemos paralizar la Ursec porque va a haber un cambio de partido de gobierno, porque seríamos absolutamente dependientes. Los procesos tienen que seguir. Estoy esperando con ansias saber quiénes serán las autoridades que asumirán para poder conversar cuestiones más estratégicas, pero por ahora no tenemos novedades. El tema es no detener ni acelerar la marcha, simplemente hay que seguir los ritmos normales.
—¿Las nuevas autoridades de la Ursec deberían continuar con la misma línea de trabajo?
—Pienso que sí. Tenemos 31 proyectos esperando, que obviamente hay que rediscutir con las personas que vengan. Pero confío mucho en el trabajo conjunto, en el diálogo, no hay que tener prejuicios de ningún tipo, sino reconocer las diferencias de visión y sentarse a discutir. Hoy estamos en permanente interlocución con la sociedad y las empresas del sector, por eso es injusto que se diga que en la formulación de las políticas no los escuchamos. Pero una cosa es participar y otra imponer la mirada o intereses económicos al interés general, eso ningún gobierno o regulador tendría que permitirlo.
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