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Aquel cóctel del aeropuerto, bien helado (frappé), con el calor imperante y tras un vuelo de 9 horas, sabía de maravillas. Fue la copa de bienvenida a los miembros de la delegación uruguaya —cerca de 100 personas— que viajó desde Montevideo para participar en el Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe, convocado por Fidel Castro.
Destacaban en esa delegación, con mayoría de gente de partidos y movimientos de izquierda, el entonces indiscutido líder del Frente Amplio, general Líber Seregni, Rodney Arismendi, Alba Roballo, Oscar López Balestra, el dirigente sindical y periodista Héctor Rodríguez, entre los que me acuerdo, más legisladores, otros dirigentes del PIT-CNT, integrantes del MLN, y de organizaciones sociales, y algunos directores, editores periodistas.
Fui, como todos, uno de los invitados especiales —con carta personal, firmada, del propio Fidel— y como tal me fue asignado un agregado (un ataché) que me acompañó desde la mañana a la noche, a quien yo “pinchaba” preguntándole si él era el encargado de vigilarme.
“No, chico” —me decía. “Yo estoy para ayudarte en lo que sea, para solucionarte los problemas”. Y esa tarea realmente la cumplió bien durante las casi dos semanas que permanecí en la isla. Supongo que la otra también.
Se llamaba Enrique Bianchi, tenía 47 años (26 dentro de la revolución y 21 previos), era periodista de “Prensa Latina” y fue su corresponsal en Perú durante un tiempo. Charlamos mucho, estábamos casi todo el tiempo juntos, nos fuimos soltando, una o dos veces me invitó a su casa y yo le regalé unas cuantas botellas de ron, que compraba a buen precio en las tiendas para diplomáticos.
Uno de esos días le pregunté:
—¿Dónde vive Fidel? Llévame a ver la casa de Fidel.
—No, chico. El comandante no tiene casa.
—¿Cómo que no tiene casa? ¿En dónde duerme?
—En donde sea; en donde esté.
—Quiere decir, entonces, que no tiene casa pero ocupa las que necesita y en definitiva es dueño de todas —le decía, y Enrique me quedaba mirando.
—¿Cuánto gana Fidel? ¿Qué salario tiene?, le pregunté otro día.
—El comandante no tiene sueldo, chico. Es el único jefe de Estado del mundo que no gana un sueldo —afirmaba Enrique.
—¿Cómo que no tiene sueldo? ¿No tiene fondos propios para atender sus gastos personales o particulares? ¿Para un regalo a una sobrina o a un hijo, por ejemplo?
—Chico, de eso se encarga el Estado —me explicaba Enrique, extrañado de que yo no lo entendiera.
—Entonces quiere decir que tiene todo el dinero que quiera, o todas las cosas que quiera y que otros para conseguirlas tienen que tener dinero. Tiene le mejor tarjeta de crédito del mundo —le decía yo; y Enrique me miraba.
Algunos años después, la revista “Forbes” incluyó a Fidel entre los mayores millonarios del mundo. Algunos allegados se enojaron, pero es un hecho que en cuanto a conseguir todo aquello a lo que acceden solo los muy ricos y en cuanto a poder real, Fidel está entre los primeros. Más que la reina Isabel, por ejemplo, que tiene plata en pila.
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Los cargos en el Estado sin duda resultan atractivos y, además, los banca el Estado con el dinero de los ciudadanos.
Sobre lo que implican, basta con hacer algunas cuentas. ¿Cuánto le costaría anualmente a una empresa tener un alto ejecutivo o director con uno o dos autos con chofer, incluso custodios, con estacionamiento libre, más patentes y seguros, con un equipo de secretaría y asesores directos (no menos de cuatro o cinco), más alguno para servicios varios, viajes, oficina y despacho en edificios muy bien ubicados y licencias sin límite o a piacere, y además un buen sueldo y sus correspondientes montepíos y los de todo el resto del personal?
Sin dudas, eso suma centenas de miles de dólares al año. Y dos o tres millones en un lustro.
Aclaro que no estoy propugnando una rebaja de sueldos a los funcionarios gobernantes. Todo lo contrario. Creo que deben ganar bien y muy bien. Trabajan para el resto de la ciudadanía, lo hacen —o deberían hacerlo— con dedicación completa y desatendiendo sus intereses personales y descuidando su futuro.
Es bueno y necesario que a los mandatarios y a los representantes de la ciudadanía se les pague de forma que no tengan apreturas económicas —si no, solo los ricos podrían ser gobernantes— y que gocen de una serie de privilegios y facilidades para su tarea.
Todo eso debe ser así en la medida en que quienes pasan a ocupar esas posiciones sean legítimamente elegidos por sus mandantes. Esto es, que no hayan hecho trampas ni se hayan valido de ventajas indebidas para conseguir ser electos.
Tanto es así que, por algo, en las constituciones democráticas hay prevenciones al respecto para frenar a los ventajeros, a los trampeadores o a los que usan el Estado para “seguir en el empleo”. Por eso se limita o reglamenta la propaganda del gobierno para que no beneficie al candidato oficial o al propio presidente, si va por la reelección. Por eso cada vez hay más control de los aportes y “donaciones” para las campañas electorales.
En nuestra Constitución son harto elocuentes en ese sentido las prohibiciones que rigen para los directores de entes autónomos y el Banco de Previsión Social.
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Lo que ocurre en Brasil con el impeachment tiene que ver directamente con medidas de gobierno cuyo propósito o efecto era favorecer la reelección de Dilma, como ocurrió. No se le acusa de corrupción; ella y sus amigos lo declaran a voz en cuello y, efectivamente, es así. O sea, no ha cobrado coimas, no ha recibido dinero por pago de favores, no se ha metido plata en el bolsillo, como sí sucede con una gran cantidad de dirigentes y políticos brasileños, muchos de los cuales son los que la juzgan. Todo es cierto.
Ahora, no es menos cierto que lo que hizo le sirvió para, de forma indebida, abusando de su poder y con ventajas no legítimas, continuar en el poder.
¿Y eso cómo se llama? Se trata del uso de los bienes, los servicios y los instrumentos del Estado en beneficio propio, de sus amigos o correligionarios. Eso, aunque no aparezcan los billetes (como ocurre en Argentina), también es corrupción. Porque continuar en la Presidencia es flor de beneficio. ¿O no?
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Tampoco Uruguay está libre en esa materia. En una entrevista con “El País” del 30 de abril, Esteban Valenti criticó muy severamente los “gastos” del vicepresidente Raúl Sendic cuando estuvo en Ancap. Habló de “viajes caviar” y dijo que lo hecho ”no tiene matriz de izquierda”, en directa alusión a lo afirmado por Sendic en México de que si se es corrupto, no se es de izquierda. Y Valenti dijo más, responsabilizó a Mujica por haber promovido los feudos en el gobierno y añadió textualmente: “Pero estoy absolutamente seguro de que Mujica no le dijo a los que estaban al frente de los feudos ‘hagan una fiesta de un millón de dólares’. Lo que se pone muy peligroso es cuando los señores feudales quieren usar el feudo para llegar al reino. Se llegó a gastar U$S 10 millones en publicidad de Ancap. ¿Es una casualidad? Todos sabemos qué pasó y por qué. Eso es inmoral”.
Si es como afirma Valenti, Sendic corrió con ventajas indebidas; tanto frente a sus correligionarios en las internas del Frente Amplio como respecto a los candidatos del resto de los partidos, en las elecciones generales.
El desastre de Ancap costó al país y a los uruguayos uno 900 millones de dólares y se asegura que el vicepresidente no se metió un peso en el bolsillo. Yo creo que efectivamente es así, pero decir que se trata solo de una “chambonada” ya es más discutible. Algún retorno hubo.
