Marta Santos Pais, representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, estuvo la semana pasada en Uruguay para participar de la reunión de Niño Sur, el ámbito de coordinación de políticas para la infancia que tienen los países del Mercosur.
Durante su visita, Santos Pais se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, del Instituto del Niño y el Adolescente, del Poder Judicial y de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luego de recoger información e interiorizarse sobre la situación del país, la especialista hizo un diagnóstico y llegó a algunas conclusiones.
Hay datos sobre violencia contra niños y jóvenes que son “preocupantes” y de los cuales “no se habla mucho”, dijo la representante. Entre ellos, señaló la “altísima” tasa de internación de menores. La prohibición de la libertad tendría que ser una medida “excepcional” y un último recurso, dijo. En lugar de que los menores sean “criminalizados” mediante la reclusión, debería haber un sistema que ofrezca “alternativas”. Además, afirmó que es fundamental que los funcionarios se capaciten para tratar con menores y adolescentes, algo que, según evaluó, hoy no siempre sucede.
A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.
—¿Cómo encontró la situación de los menores en Uruguay?
—Uruguay es bien conocido por su liderazgo en la promoción de derechos de la infancia en las Naciones Unidas. También por haber adoptado importantes legislaciones de protección de los derechos de la infancia, como el Código de la Niñez y la legislación contra la violencia doméstica y los castigos físicos. Fue la primera nación de la región que las adoptó. Eso nos da mucha esperanza de poder prevenir y responder a situaciones de violencia en la niñez.
Al mismo tiempo, hay una población infantil muy pequeña, de unas 800.000 personas, y tenemos tasas bastante altas de violencia contra la niñez. De acuerdo con una encuesta de Unicef, más del 50% de niños de entre 12 y 14 años sufren disciplinas violentas en la familia que es responsable por ellos. Tenemos situaciones de violencia contra las niñas; una de cada tres mujeres recuerda que en la infancia sufrió violencia. Entonces, tenemos tasas que son preocupantes, pero de las cuales no se habla mucho. Creemos que es importante visibilizar el imperativo de prevenir y responder a situaciones de violencia.
Otro dato preocupante es que en Uruguay, si bien hay indicadores sociales bastante positivos, el 18% de los niños viven en la pobreza, en situaciones de privación, de vulnerabilidad. Entre los niños más pobres, solamente 11% completan la secundaria. Además, hay una altísima tasa de internación de niños, que están privados de libertad por actividades asociadas a la ley de Justicia penal juvenil. Eso significa que muchos de estos niños no se están beneficiando de medidas de prevención ni de apoyo, ni de alternativas que les permitan, justamente, encontrar mejores condiciones y ser responsabilizados en caso de que sea necesario, pero no criminalizados.
—¿Qué alternativas se pueden aplicar en lugar de la privación de libertad?
—Los niños pueden desarrollar un trabajo en favor de la comunidad, por ejemplo ayudar a cuidar un jardín, como una forma de expresar que reconocen las responsabilidades del daño que hicieron. Se pueden promover importantes procesos de justicia restaurativa, donde el agresor reconoce el daño causado y la víctima explica lo que sufrió y cómo lo siente. Todo con el apoyo de mediadores y del sistema de Justicia. Se puede encontrar un acuerdo en que todos se sientan satisfechos.
Muchas veces, además, los centros de detención funcionan en condiciones deficientes de ocupación, de capacitación y de acceso a la educación. Todo eso nos preocupa, porque cuando hablamos de una población tan pequeña seguramente sea posible alcanzar mejores resultados sin necesidad de recurrir a las soluciones de reclusión, que son drásticas y que deberían ser excepcionales y únicamente utilizadas cuando todas las demás no han servido.
—¿Las medidas alternativas que plantea pueden ser costosas o complicadas para implementar?
—No, no lo son. Por un lado, son menos costosas en términos de presupuesto que la privación de libertad. Después, han tenido mejores resultados en las países en las que se aplican, con tasas de reincidencia mucho más pequeñas, porque, justamente, logran que el joven agresor se sienta parte de una comunidad que está muy comprometida en apoyar su recuperación. Es importante que ganen una imagen aceptada por la comunidad, y no como una persona que se estigmatiza y que va a seguir siendo siempre culpable. Hay que capacitar a los funcionarios. Necesitamos operadores de Justicia especializados en niñez. Es difícil para un juez que está tradicionalmente ocupado con cuestiones criminales de adultos que se oriente para entender el interés de un niño y su contexto para encontrar soluciones que no sean necesariamente la penalización de la criminalidad, la detención.
Otro punto que me parece extremamente importante es que los niños pobres, manipulados por grupos criminales, no se benefician de un apoyo judicial o de la presencia de un abogado durante todas las etapas del proceso, que verdaderamente ayude al niño a entender en qué está involucrado. La idea es que entienda cuáles son las opciones, qué significa decir o no decir las cosas, para que el joven participe del procedimiento y que este no sea impuesto. El joven está en un laberinto que no entiende, y Uruguay puede desarrollar un sistema de justicia amigable para los niños y jóvenes, lo que en este momento no es una realidad, aún. Sé que la Suprema Corte está trabajando en mecanismos de esta naturaleza, lo que me parece importantísimo.
—Una de las dificultades es que luego de que los niños y jóvenes cumplen la condena vuelven a un ambiente de pobreza y vulnerabilidad. Esto ocurriría también con un sistema alternativo…
—La pobreza es una situación de la que nos podemos liberar, y eso pasa cuando podemos beneficiarnos de medidas de empoderamiento y capacitación. Eso pasa igualmente cuando el sentimiento de pertenecer a la comunidad, a la escuela, es una realidad. La pobreza significa no tener dinero para tener algunos servicios, pero sobre todo es sentirse marginado, excluido, sin oportunidades de participar. Cuando tenemos una tasa tan alta de deserción escolar en el secundario, y esa tasa afecta a los niños más pobres, significa que la inversión en el sistema educativo no se ha adaptado para poder contribuir a la reducción de las brechas sociales. La Justicia no puede aparecer al final como una solución que reemplaza la falta de un sistema de protección de la infancia y de apoyo a la familia, o simplemente para penalizar.
—¿Los funcionarios públicos que trabajan con niños están capacitados para tratar con ellos desde la perspectiva que plantea?
—Muchos profesionales que trabajan en instituciones con niños y adolescentes no tienen una capacitación específica para trabajar en esta área. Por ejemplo, en algunos de los centros en que los niños están por motivos asociados a la ley penal juvenil, los profesionales son personas que anteriormente estaban haciendo otro tipo de trabajo y ocupándose de adultos. Cuando las instituciones no reconocen la necesidad de esa especialización, claramente estamos comprometiendo el éxito de lo que se hace.
—¿Cree que Uruguay tiene condiciones para adoptar el nuevo paradigma que describe?
—Uruguay tiene muy buenas condiciones para hacer las cosas bien. Como decía, tiene una población muy pequeña, lo que significa que puede alcanzar buenos resultados con un esfuerzo que no es excesivo. Por otro lado, tiene buenas leyes contra los malos tratos, contra la violencia doméstica, contra el trabajo infantil. Está el Código de la Niñez y hay buenas políticas públicas, incluyendo de educación, pero se necesita una atención distinta y visible para prevenir y eliminar la violencia contra la niñez.
