Entre los uruguayos que buscan empleo los liberados del sistema penitenciario son los que se enfrentan a mayores dificultades para lograrlo. Así lo explicó en mayo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, durante la presentación de Red de Oportunidades, el último intento del gobierno para promover la inserción laboral de esta población mediante subsidios especiales. Durante el primer año de contratación en una empresa privada, el Estado se hace cargo del 60% del salario en los hombres y del 80% en las mujeres.
Al año, unas 9.000 personas salen de las cárceles —26 por día en promedio— y se enfrentan a la asimetría señalada por Mieres para acceder a puestos laborales a pesar de que trabajar es un derecho protegido por la Constitución, regulado en convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no discriminación laboral, así como contemplado en leyes con incentivos por integrar a exreclusos en las plantillas.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a los que accedió Búsqueda, hay alrededor de 300 exreclusos con oportunidades laborales a través de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), aunque es una cantidad “variable” por los trabajos zafrales y aproximada por un sistema de información “débil”, que impide realizar una puesta a punto a corto plazo. Es una cifra que no incluye a quienes obtuvieron un empleo por fuera de la Dinali. En cualquier caso, es mucho menor que el flujo de personas que recuperan su libertad.
El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, consideró que las “cuatro dimensiones” vinculadas a la reinserción laboral de las personas están recién “en los inicios del camino”, si bien consideró que “hay señales buenas”. Hizo referencia a la regulación de fomento al empleo de 2021 y a la obligatoriedad de contratar liberados en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos de 2005, así como los trabajos que se realizan dentro de los centros penitenciarios y el plan de dignidad laboral, que entró en vigencia en 2022 y permitió que las personas puedan vender productos que elaboran estando recluidas.
A las herramientas disponibles para intentar reducir la reincidencia se sumará el Proyecto de Inclusión Asistida, que comenzará a funcionar este viernes 1° de diciembre. La iniciativa aborda el vínculo que existe entre la delincuencia, la privación de libertad y la situación de calle. El plan piloto estará dirigido a 500 liberados que durante seis meses recibirán una tarjeta con $ 1.640 para cubrir las necesidades básicas, una de STM con $ 400 en boletos durante el mismo período, apoyo legal de ser necesario, así como información y recursos para alimentarse en comedores, dormir en refugios y acceder a un empleo. Luego de ese período se hará un análisis. En caso de verificarse un efecto de reducción de la reincidencia, el gobierno buscará ampliar el proyecto.
En línea con Petit, el extitular de la Dinali, Jaime Saavedra, actual asesor de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia argentina, afirmó que las recientes medidas del gobierno en relación con los liberados “van en la dirección correcta”, aunque cuestionó los recursos insuficientes asignados para la Dinali, un punto en el que hay coincidencia entre los distintos actores vinculados al sistema penitenciario y pospenitenciario.
El organismo, que pasó a depender del Mides a finales de 2021, cuenta con un presupuesto anual de $ 10 millones. “Tenemos una de las agencias públicas más débiles para resolver la reincidencia, que es uno de los problemas más complejos en la sociedad”, consideró Saavedra. Para el exjerarca de la Dinali, el “contexto general” es “completamente desanimante”, porque “Uruguay sigue sin hacer el conjunto de acciones necesarias para que las políticas tengan un impacto significativo, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo”.
Olvidado
Este año el Ministerio del Interior midió por primera vez el principal indicador utilizado para establecer la eficacia del sistema penitenciario, y los resultados, que fueron dados a conocer en setiembre, demostraron que la reincidencia alcanza al 70%. En ese contexto, emergieron nuevas iniciativas que buscan colaborar en la rehabilitación de las personas que son privadas de libertad al aumentar las oportunidades laborales.
Una de ellas es Derribando Estigmas, que comenzó en setiembre de 2023 y es liderada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), la Dinali y la consultora de recursos humanos ManpowerGroup. La propuesta consiste en un acompañamiento personalizado de 80 personas liberadas del sistema penitenciario. Durante cuatro meses reciben apoyo de especialistas, capacitaciones en habilidades laborales (como el armado de un currículum y el manejo de una entrevista), la construcción de hábitos que les permitan sostener un empleo, talleres deportivos y de finanzas personales.
El segundo eje de la iniciativa incluye a las empresas, con el objetivo de “concientizar” sobre las dificultades de los liberados para acceder a un trabajo. “Cuanto más se produzca ese rechazo, van a tener menos chances de reinsertarse, que es lo que claramente genera un impacto en la reincidencia”, señaló a Búsqueda el gerente de Consultoría en ManpowerGroup, Alejo Acosta, para quien los liberados “generalmente son olvidados” porque “las empresas no los suelen tomar en las políticas de diversidad”.
Desde 2018 Manpower trabaja junto con el Inefop en el proyecto Templar, para que exreclusos mejoren las denominadas “habilidades blandas”, que incluyen la comunicación y el trabajo en equipo, “sirven para todos los trabajos” y son de las “más valoradas” por los eventuales empleadores. Acosta agregó que también ponen foco en mejorar la tolerancia a la frustración y reducir la conflictividad en el ámbito laboral. “En estos perfiles, esas condiciones son un problema para mantener un trabajo estable y una inserción en la sociedad”, explicó.
Para el representante de la empresa ManpowerGroup y para la coordinadora de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Teresa Cometto, que lleva adelante otro proyecto denominado Liberados, en Uruguay existen “muchas iniciativas” centradas en trabajar con las personas que salen de las cárceles, pero suelen ser “aisladas” o “puntuales”. Por esa razón, con el objetivo de “fortalecer” a la Dinali, trabajan como “articuladores” entre las empresas, las entidades del gobierno involucradas y las organizaciones no gubernamentales.
Acosta coincidió en que existe una “desconexión” entre las diferentes instituciones involucradas, como el Mides y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), porque las personas no reciben un seguimiento y cuando salen de prisión son ellas las que deben acercarse a la Dinali. Para revertir esa situación, junto con la ACDE trabajan con el INR en una oficina del polo de la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar, en un plan piloto para realizar evaluaciones de los reclusos y un acompañamiento, “para que la persona cuando sea liberada tenga un camino posible”.
Comunicación
Uno de los grupos que comenzó a funcionar en mayo de 2023 está enfocado en la digitalización de los datos y en la construcción de una “hoja de vida” de las personas privadas de libertad, así como de las necesidades de las empresas. Según explicó Cometto, actualmente hay limitaciones para integrar la información. “Los datos están, pero están separados en cada uno de los organismos y en formatos diferentes”, explicó, y contó que avanzan en la conexión de la base del INR, de la Dinali y el Departamento de Informática del Mides.
Por otro lado, elaboraron un proyecto de ley que presentaron al Poder Ejecutivo para modificar la ley vigente de promoción del empleo para la contratación de personas vulnerables, entre los que están los liberados, porque plantean que los requisitos actuales limitan su contratación. En ese sentido, critican que falte una ley específica.
Los puntos que cuestionan, que fueron planteados al subsecretario del Ministerio de Trabajo, son la exclusión de las empresas que hayan mandado a personas al seguro de paro a trabajadores de la misma categoría, una “carencia” que deja por fuera oportunidades en el sector de la construcción, que es “común” que tengan empleados en seguro de paro.
También señalan como inconveniente que haya un impedimento de contratar a quienes tienen entre 30 y 45 años, amparados en la ley vigente (que es para menores de 30 y mayores de 45). Al respecto, Acosta planteó que la normativa es genérica en el entendido de que las personas de ese rango etario no tienen dificultades para acceder a un empleo, pero eso sí ocurre con los liberados.
Por tanto, reclaman que se promueva una categoría específica que abarque a las personas liberadas del sistema penitenciario sin distinción de edad.
Al respecto de las limitaciones para la reinserción de los liberados, Saavedra planteó que el país “no va a tener buenas políticas pospenitenciarias que tengan incidencia hasta que no haya cárceles razonables”. El exdirector de la Dinali aseguró que “no alcanza” con la presencia del Estado en las prisiones, por lo que es necesario recurrir al sector privado. Para ello, consideró que se deben “generar las condiciones para que sea atractivo”, que podría ser la creación de “zonas francas” en las unidades penitenciarias donde las empresas desarrollen los negocios en lugares libres de impuestos.
“Tenemos personas que todos los años salen del sistema penitenciario a la sociedad y muchos de esos reinciden por falta de oportunidades laborales”, dijo la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, en 2020, cuando anunció la presentación de un proyecto de ley que genere “incentivos para que las empresas contraten” a personas que estuvieron privadas de libertad.
