Primero, algunas consideraciones generales. Una cosa es hacer ciencia (que puede incluir una comprensión epistemológica profunda o simplemente un manejo artesanal de los conocimientos y las mecánicas), otra cosa es entender la vinculación de la ciencia básica y aplicada con la tecnología y la vida diaria del ciudadano corriente, otra es la relación de la comunidad científica con la conducción política del país, y otra es la manera como se entiende que el desarrollo científico y tecnológico se debe financiar.
El rol de instituciones como la ANII no es lisa y llanamente remunerar a la actividad científica, sino buscar y encontrar los mejores caminos para que la ciencia haga una diferencia en la vida de los ciudadanos.
El tema es complejísimo y los distintos países lo han encarado de muy distintas maneras. Incluso los que han sido muy exitosos. Algunos son modelos a copiar, pero eso no es fácil porque el sustrato social es muy distinto.
A mi entender, es clave la manera como la sociedad ha aceptado, incorporado y utilizado el sistema capitalista para lograr sus objetivos. Hay infinitas definiciones de civilización. Una que me gusta mucho es “el grado en que una sociedad es capaz de identificar sus problemas y resolverlos”. En ese sentido, lamentablemente, somos una sociedad muy poco civilizada.
Podemos adquirir la maquinaria vial más tecnológicamente sofisticada y formar los mejores ingenieros civiles del mundo, pero si demoramos seis meses para asfaltar una cuadra de la calle Garibaldi, cosa que en el mundo civilizado llevaría una noche sin que los vecinos siquiera lo noten, eso debería prendernos todas las alarmas al considerar los tremendos obstáculos que existen para que los resultados científicos fluyan hacia la mejora de la vida diaria. (Me disculpo por el crudo ejemplo, pero es una de mis obsesiones).
Ahora a lo concreto. Primero, la situación del país.
No podemos ignorar que estamos transitando una enorme, brutal crisis económica, tanto por la pandemia como por el estado de las finanzas públicas.
Eso impone grandes restricciones en lo que se puede hacer. Una cosa es querer y otra es poder. Por suerte, todo indica que esta situación es circunstancial y que se resolverá pronto, aunque el tiempo que lleve la recuperación puede ser extenso.
Parecería una canallada culpar a este gobierno por no poder atender todos los flancos abiertos que requieren una inyección de fondos que directamente no están.
En recientes declaraciones, el Ing. Brum (expresidente de ANII) dice que “el rol del directorio es conseguir recursos y no justificar recortes”. ¿Cree seriamente Brum que en el contexto económico actual es remotamente posible conseguir nuevos recursos significativos – que no sean para atender la emergencia sanitaria– tanto sea del gobierno como de la sociedad?
Por otra parte, es tendencioso el uso de la palabra recortes, que es la que se ha venido usando en referencia a la situación. No ha habido recortes. El presupuesto anual total aplicado a la suma de todos los instrumentos es prácticamente el mismo. De hecho, fue gracias a la gestión de los directores políticos de ANII que se logró revertir la decisión de que se incluyeran en los ahorros definidos por ley las partidas destinadas a la ciencia, investigación e innovación.
Intentaremos a continuación explicar el porqué de los cambios.
Veamos en detalle lo que está ocurriendo en la ANII.
Soy el único que estuvo bajo el gobierno anterior y sigo en el actual. A mi ingreso a la ANII fui muy gratamente sorprendido por el excelente nivel de la gestión, por el formidable reconocimiento externo a la institución y por los resultados alcanzados en su breve existencia.
Creo que la gestión del Ing. Brum ha sido muy buena, su capacidad y conocimiento del tema es innegable, y el país le debe mucho.
No sé qué hubiera pasado si las elecciones las hubiera ganado el FA y Brum siguiera en la presidencia de la ANII. Es un ejercicio de ciencia ficción.
Yo puedo narrar lo que ocurrió, según mi óptica.
En los primeros años, la ANII dispuso de un presupuesto asignado importante, y el ritmo de ingreso de proyectos fue creciendo gradualmente desde cero. Eso determinó que fuera pasando de un año al siguiente un fondo remanente más que suficiente. Con el tiempo, fue creciendo la institución, se agregaron instrumentos, se incorporaron iniciativas más que interesantes, se hicieron alianzas externas de todo tipo, siempre asumiendo nuevas responsabilidades financieras y todo ello con un presupuesto prácticamente congelado en pesos corrientes, con algún refuerzo en casos limitados.
El núcleo de la gestión se materializa en el POA (Presupuesto Operativo Anual), que se confecciona a lo largo del año para su ejecución en el año siguiente. Su consideración es muy compleja porque la mayoría de los instrumentos, tanto de investigación (SNI, proyectos académicos, becas) como de innovación (proyectos de empresas, capital semilla), implican la firma de contratos a cumplirse en uno, dos, tres o cuatro años. Por lo tanto, se contraen obligaciones financieras que exceden largamente el presupuesto anual.
Eso genera un efecto de “arrastre” financiero, que determina que al arrancar un nuevo ejercicio, una porción más que significativa de los fondos disponibles ya está comprometida, dejando menos de la mitad para la firma de nuevos contratos entrantes por las múltiples “ventanillas” de la institución.
En los últimos años, el POA venía siendo deficitario, pero finalmente se lograba cumplir porque el porcentaje de ejecución nunca alcanzó el 100% por distintas razones naturales, y porque en algún año, por ejemplo, el 2018, se aplicaron fuertes medidas de contención de gastos y redefinición de instrumentos.
Y llegó el 2019, año electoral. Creo que la definición del ministro Da Silveira de “fiesta de gasto” es excesiva, pero sí es cierto que aun sin el efecto pandemia, el POA para el año 2020 era imposible de financiar. Peor aún, una proyección quinquenal hasta el 2024 arrojaba déficits crecientes acumulados de enorme magnitud.
Repito, no sé qué hubiera pasado si las elecciones las hubiera ganado el FA y Brum siguiera en la presidencia de la ANII, pero el legado dejado a la nueva administración fue un campo minado, lo que determinó la urgencia por tomar medidas drásticas e inmediatas para poder finalizar el 2020 sin incumplir obligaciones contraídas.
En resumen, y bien fácil para que se entienda, el desembolso anual realizado por ANII en el 2020, y previsto para el 2021 es el mismo o mayor que siempre. La diferencia radica en que la mayor parte se ha destinado a compromisos fijos o ya contraídos y por lo tanto se ha debido reducir temporariamente el monto destinado a la firma de nuevos contratos.
El cierre temporario de algunas ventanillas (la mayoría de ellas reabiertas al poco tiempo) fue una medida inevitable y obvia.
A eso siguió, luego de “ordenar la casa”, un proceso largo, meditado, de planificación estratégica para el futuro, que tuvo como comienzo una reestructura funcional y que seguirá con una gradual redefinición de algunos instrumentos (simplificación, unificación, etc.), metas más ambiciosas, y sobre todo, la negociación y obtención de nuevas fuentes de financiamiento que alivien la dependencia exclusiva del presupuesto público.
Ese proceso que llevó gran parte del año pasado, se hizo prácticamente entre el gobierno y los directores políticos. Los otros dos directores aportamos poco y cuando ya todo estaba definido. Eso no quiere decir que no compartamos los fundamentos de todo lo hecho. Por el contrario, en mi caso creo que es la dirección correcta. Quisiera destacar, además, que esta sería la cuarta o quinta reestructura que ha experimentado la Agencia.
Más allá de las apreciaciones que se puedan hacer respecto a la gestión anterior, es evidente que con el nuevo directorio ha habido un claro cambio de estilo.
En ese sentido, quisiera hacer notar un garrafal error de concepto en la manera como la prensa y los comentarios públicos se han referido a la reestructura.
La gestión anterior, más allá de sus buenos resultados, fue claramente verticalista. Las decisiones eran tomadas por el presidente y ejecutadas por el secretario ejecutivo. Si bien las opiniones del resto de los directores eran tenidas en cuenta, en general no había espacio para cambiar nada. De hecho, esto derivó en la renuncia de dos valiosos directores en un episodio bastante desafortunado.
La propuesta eliminación del cargo de secretario ejecutivo (en la práctica gerente general), hoy temporariamente vacante, y la asunción de funciones ejecutivas por parte del presidente, no significan, como se ha dicho, una “concentración de poder”, sino todo lo contrario. No es el caso que los anteriores secretarios ejecutivos hayan sido algún tipo de auditores externos, o que ejercieran algún tipo de “balance de poder”. En la práctica fueron una extensión del poder del presidente.
La nueva estructura que hoy se inaugura empodera especialmente a las gerencias de área, dándoles mucha más participación en la gestión desde la definición misma de los instrumentos hasta su evaluación de impacto.
Solo el resultado final al término de la gestión dirá si los cambios fueron acertados.
Ing. Hugo Donner
Director, ANII
