Debate obligatorio

La propuesta del legislador promueve la obligatoriedad de debates públicos entre los candidatos a la presidencia de la República, los que deberían hacerse en vivo y durante el horario central por cadena nacional de radio y televisión, todo lo que será reglamentado por la Corte Electoral, debiéndose contar con la participación de uno o más moderadores que serán elegidos entre periodistas de prestigio profesional y reconocida trayectoria en medios de comunicación. En caso de que los candidatos se negaran a participar, serían sancionados, perdiendo el derecho a percibir el aporte que les da el Estado por cada voto recibido, equivalente a 87 unidades indexadas (aproximadamente $ 350 por voto).

Por lo tanto, y partiendo de esos fundamentos, parece obvio que cualquier demócrata estaría de acuerdo con aquella medida que pretendiera mejorar esa democracia, como por ejemplo, buscar toda forma tendiente a que los ciudadanos de un país tuvieran el mejor conocimiento de los candidatos que se postulan en una elección para ocupar cargos de gobierno. Con este criterio, tendríamos que concluir que corresponde apoyarla.

Entiendo que el debate entre presidenciables es bueno, pero no debe ser obligatorio.

El sistema democrático de gobierno tiene una base fundamental: el derecho de libertad, entendiendo por tal la posibilidad que toda persona tiene de hacer todo lo que no esté prohibido, siempre que se respeten los derechos de los demás. Este derecho es sagrado está metido en la esencia misma de la democracia, por lo tanto su reglamentación debe ser de excepción y no de principio, como también lo indica la Constitución; y esa excepción debe ser siempre con la intención de proteger la vigencia del sistema. Porque si se abusara en cuanto a la reglamentación de la libertad, se corre el riesgo de caer en definitiva en su limitación, y se estaría ingresando peligrosamente en un quebrantamiento de la democracia.

Proponer la obligación de polémicas públicas entre candidatos llevaría al país a crear como contrapartida del derecho, una obligación o deber, lesionando entonces el derecho a la libertad de cada candidato de decidir cuál sería la forma o el medio de difundir sus ideas. Menos aún imponer una sanción a quien omitiera esa obligación o deber. Pero además, la norma que así lo dispusiera, estaría ingresando en el campo de la ética del candidato, campo que es íntimo de cada persona, y que no debe ser limitado jurídicamente.

Todo ciudadano tiene sí el derecho de informarse, pero hay una enorme variedad de medios para hacerlo. Con el criterio expuesto por el diputado Amado, y a simple vía de ejemplo, podríamos obligar a los candidatos no solo a polemizar públicamente de la forma que se propone sino a realizar la propaganda de sus propuestas por medio de la prensa, las radios y la televisión conforme a lo que se reglamentará; a realizar un número mínimo de actos públicos antes del acto eleccionario en todos los departamentos del país, mediante giras programadas y claramente difundidas; a publicar de determinada manera que indicará la reglamentación su programa de gobierno; a realizar audiencias públicas con la participación de la ciudadanía que tendría derecho a hacer preguntas. Es decir, a facilitar a la ciudadanía el directo conocimiento de las propuestas de todos los candidatos presidenciables, y no solo mediante debates, sino por todos los medios y procedimientos posibles.

Dicho todo esto sin perjuicio de que a veces los debates públicos degeneran su finalidad y no siempre sirven precisamente para que los candidatos expongan sus propuestas. Muchas veces porque los presidenciables no colaboran realmente con el fin que se le quiere dar al debate, transformándolo en un enfrentamiento casi deportivo que a nada conduce; o quienes debaten se preocupan más por ser mejores actores que mediocres políticos; o no le hacen caso al moderador o este no puede dominar sus malos comportamientos; o el ciudadano lo único que busca es un “ganador” y un “perdedor”, sin importarle el contenido del debate. En estas situaciones, que son reales, el debate se transforma en un enfrentamiento demagógico contrario a la esencia misma de la democracia. Partamos de la base de que el mejor participante de un debate, entonces, no siempre es el mejor político.

Dejemos por tanto que los debates entre los presidenciables sean voluntarios, y que cada candidato corra a su propio riesgo, con la forma y el medio que haya elegido para dar a conocer sus propuestas.

Dr. Fulvio Gutiérrez