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La Auditoría Interna de la Nación publicó este mes el informe de un relevamiento que realizó sobre los controles del Instituto Nacional de Colonización (INC) al cumplimiento de las obligaciones asumidas por colonos arrendatarios y propietarios. Luego de analizar las distintas áreas intervinientes y los procesos que emplean, el análisis concluye que el organismo está expuesto a una serie de riesgos.
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Entre ellos, el texto señala que podría darse una “utilización de los campos para fines distintos a los asignados”, “ventas y subarriendos” irregulares, una “desnaturalización de los objetivos” del ente con impacto en su imagen y “colusión de intereses entre las partes involucradas”. A eso se suma la posibilidad de que las obligaciones asumidas por los colonos se vuelvan “inexigibles” por errores en los datos de los contratos, de que directamente existan “ocupantes de tierras sin contrato” que los respalde y de que haya un “deterioro de los campos”.
Finalmente, se subraya que el sistema informático es vulnerable al acceso de personas no autorizadas y a la pérdida de información.
Todos estos riesgos son consecuencia de “ausencia y debilidad de controles”, “falta de integridad y oportunidad de la información” y “carencia de personal técnico”. La Auditoría Interna de la Nación, como complemento del relevamiento realizado y para verificar los problemas detectados, sugiere una “auditoría de aseguramiento”.
El análisis realizado abarcó a las distintas unidades intervinientes en el vínculo con colonos propietarios y arrendatarios. En el informe se señala, por ejemplo, que los gerentes regionales entrevistados dijeron que trabajan con personal insuficiente, lo que deriva en “atrasos en las inspecciones y los informes técnicos”. En ese sentido, se detalla que hay expedientes iniciados con más de un año sin movimiento en las oficinas técnicas.
Otras dificultades surgen del relacionamiento entre las regionales del instituto y la Subgerencia General, que debe controlarlas. Sobre ese vínculo se señala que no hay “garantías de que exista un seguimiento integral” del trabajo que realizan las regionales ni existen “manuales de procedimiento”. También se relatan varias debilidades de “comunicación”.
Por otro lado, del relevamiento surge que es usual que las oficinas centrales tomen decisiones sin participación de las regionales, que luego tienen inconvenientes para aplicarlas. Como ejemplo, se citan los requisitos para el llamado a jornaleros rurales o el control del pastoreo.
Los contratos con los colonos dan origen a otras dificultades. Luego de que el Directorio del INC asigna tierras, son las regionales las que deben confeccionar y firmar los contratos. Por falta de personal, a veces pasan más de seis meses hasta que se concreta la firma, período en el que muchas veces cambian las situaciones personales del colono previamente inscriptas (como su estado civil), lo que sin un debido control y actualización expone a la suscripción de contratos sin la “validez debida”. El informe también da cuenta de la existencia de cientos de contratos precarios vencidos, algunos de los cuales se explotan sin la prórroga necesaria del directorio.
Sobre el seguimiento de las obligaciones de los colonos se señalan numerosas debilidades. Las regionales, dice el informe, no desempeñan esa tarea por iniciativa o planificación propia, sino que lo hacen a instancia de trámites iniciados por los colonos, a pedido de la gerencia general o por denuncias. A eso se suma la falta de personal técnico de campo. La Auditoría Interna de la Nación apunta además que no hay una “rotación entre los gerentes regionales” a fin de evitar eventuales “colusiones de intereses”.
Del control a los colonos propietarios se señala en particular que están en un segundo escalón de prioridad, después de los arrendatarios, y que no hay “una base de datos confiable”.
