“El digesto es un cuerpo vivo, que se modifica todos los días”, explicó, y añadió que existe una oficina de Actualización Normativa que se ocupa de mantener el documento actualizado.
Pero mientras que periódicamente se agregan nuevos decretos y resoluciones que engrosan el digesto, emprender una revisión del documento para derogar las normas que están en desuso sería un “trabajo titánico”, dijo Beltrame.
Es que para derogar una norma debe aprobarse otra que así lo disponga, explicó. Esa no es una tarea que se realice habitualmente, y por eso, las normas se van acumulando con el correr de los años, aunque ya no tengan una razón de ser o hayan caído en desuso.
“En desuso”.
La normativa departamental exige que todas las bicicletas tienen que estar provistas de un timbre para poder anunciar su presencia en una emergencia.
Los transeúntes deben usar las veredas en forma ordenada “sin correr ni provocar molestias” a los demás peatones. Además está prohibido “sacudir y limpiar alfombras y cualquier otro objeto en la vía pública o en puertas, ventanas y balcones que miren a la misma, luego de las nueve horas”.
Tampoco se permite regar las plantas colocadas en las aberturas de las casas “sin la debida precaución y cuidado para evitar que caiga agua a la vía pública”.
También se prohíbe producir ruidos “molestos, innecesarios o excesivos” cuando por razón de la hora, lugar o intensidad afecten la tranquilidad y el reposo de la población. Los vehículos que produzcan ruidos molestos no pueden circular.
Otra norma prohíbe las manifestaciones ruidosas y gritos en la entrada o salida de salas públicas o privadas. Transitar en la vía pública o viajar en vehículos de transporte colectivo con radios en funcionamiento tampoco está permitido.
“Sería bueno que se realizara una limpieza” del digesto y se sacara “lo que está en desuso”, evaluó Beltrame. Pero la realidad es que en el día a día hay “temas más importantes” de los que ocuparse, afirmó. “Tenemos que legislar lo actual y no tenemos tiempo para revisar las normas pasadas”, concluyó.
“Caos normativo”.
Para el edil de Vamos Uruguay Martín Bueno hay “poca preocupación del gobierno de Montevideo por tener un cuerpo normativo claro y ordenado”, y ese “caos normativo” tiene claras consecuencias prácticas. “Existe una absoluta inseguridad jurídica de cuáles son las normas legislativas departamentales vigentes”, opinó.
“Hay normas que son letra muerta por cambios de las pautas culturales, otras que no se aplican por falta de gestión de la Intendencia que no las hace cumplir y hay normas que no se aplican por simple desconocimiento”, analizó el edil.
Pero en su opinión, si muchas de ellas se cumplieran, los montevideano vivirían en una ciudad mucho mejor.
Por eso, ayer miércoles presentó ante la Junta Departamental un proyecto de decreto que “apunta a una parte del problema, que son los derechos ciudadanos”.
“Quiero que los montevideanos conozcan sus derechos básicos así pueden exigir su cumplimiento”, dijo Bueno.
El proyecto tiene como finalidad atacar las causas principales que provocan que la administración, en diversas ocasiones, actúe de forma irregular y coloque en una situación de desventaja al ciudadano. Por eso propone que la Intendencia difunda derechos y obligaciones fundamentales para que las reglas de juego sean claras y no “discrecionales al funcionario de turno”.
Por ejemplo, según la normativa departamental, todos los funcionarios de la Intendencia deben llevar en un lugar visible al público un carnet identificatorio y su no uso es considerado una falta grave. Sin embargo, no es común encontrar a un funcionario que lo utilice.
Bueno plantea que esta y otras normas se especifiquen en el cuerpo normativo y se difundan. Desde el derecho a conocer de manera inmediata el nombre y apellido del funcionario que está tratando con el habitante, a la obligación del funcionario a dejar por escrito y entregar al administrado cualquier resolución o información que esté brindando, entre otras.
Además propone que estos “derechos y obligaciones” deban estar impresos al dorso de las facturas de la Intendencia y las multas, visibles en todas las oficinas de atención al público de la IMM, y en los recibos de sueldos de los funcionarios departamentales.
Penalizaciones.
Hay muchas normas que están vigentes pero no se ejecutan, señaló Beltrame. “¿Cómo multás a una persona que está tirando basura en la calle?”, planteó.
El inspector de la Intendencia debería preguntarle al infractor su nombre y la dirección de su casa para enviarle la multa, pero no tiene la facultad para pedirle que le muestre su documento de identidad, porque eso sólo lo puede solicitar la Policía, explicó. Entonces, depende de la voluntad de la persona de identificarse correctamente.
No obstante, Beltrame defendió la utilidad de ciertas normas aun cuando estas no se controlen. Al prohibir determinada acción se está dejando sentado que “esa conducta que se está desarrollando está mal y está penalizada, más allá que después la multa no se pueda ejecutar”.
La sola prohibición de una conducta hace que la persona se reprima y no cometa la infracción, o al menos lo hace sabiendo que está mal, afirmó.
Por ejemplo, las personas que no levantan los residuos de sus perros pueden ser sancionadas con una multa de dos Unidades Reajustables (UR, equivalentes a $ 1.086), aunque esto no es algo que la Intendencia fiscalice. También pueden ser multados con tres UR quienes paseen por la vía pública animales sin collar y correa.
No se permite colocar publicidad en árboles, pavimentos, columnas, plazas y parques.
Además, las personas que sean sorprendidas hurgando en los envases destinados a residuos, “retirando o transportando estos, incurrirán en infracción, y sin perjuicio de las sanciones que correspondieran, serán objeto de incautación de los materiales o de la carga que transporten, así como de los vehículos utilizados para ese fin”.
