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Un proyecto de decreto redactado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sobre el mercado mayorista de electricidad provocó cuestionamientos en UTE. El ente expresó sus reparos en una nota oficial que envió a esa cartera, en la que afirmaba que, de aprobarse, debería aumentar sus tarifas. También lo criticaron los directores Fernanda Cardona (representante por el Frente Amplio) y Enrique Pées Boz (Cabildo Abierto), quien lo consideró un “invento” que surge como resultado de los lobbies de los actores privados del sector.
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El decreto propuesto por el MIEM plantea modificaciones para promover una mayor competencia en el segmento mayorista y que lleguen nuevos inversores al país, según la explicación que dio ese ministerio. En concreto, crea un mecanismo para reconocer un porcentaje de “firmeza” de las energías renovables.
El decreto que regula este mercado rige desde 2002 y en su redacción quedan excluidas las fuentes de energía que se incorporaron después de esa fecha al mercado eléctrico: la fotovoltaica y la solar. Con la norma vigente, un generador de energía que quiere vender a partir de esas fuentes debe invertir también en energía térmica para asegurar el respaldo exigido. Así es que el nuevo decreto serviría para eliminar una “barrera de entrada” a las inversiones en provisión de energía, argumentó el ministro Omar Paganini.
Para Pées Boz, la publicación de este decreto es la culminación involuntaria de una “privatización” de UTE, dijo a Búsqueda. El jerarca cabildante fijó el inicio de ese proceso en la regulación del 2002, cuando a su entender se concretó el “primer paso” de la “influencia” de los “lobbies privados” en la Administración del Mercado Eléctrico (Adme). En ese ámbito están representados los grandes consumidores —que están “en juego” con este decreto— y los productores de electricidad. Ese organismo también está integrado por UTE, la Dirección de Energía del MIEM y un delegado de la represa de Salto Grande.
Ese proceso de “privatización”, según Pées Boz, tuvo su segundo paso cuando se firmaron, durante los gobiernos del Frente Amplio, los contratos con los generadores privados de energía propietarios de los parques eólicos y fotovoltaicos, que le venden la energía a UTE. Fue, dijo, la “consolidación de esa incorporación al mercado eléctrico del sector privado: llamale privatización”.
Según ese jerarca, los “problemas” se originaron cuando en los contratos PPA (Power Purchase Agreement) con los generadores privados se estableció el precio de compra de la energía fotovoltaica a US$ 124 el megawatt, un valor que se redujo y que hoy es cercano a los US$ 30. Por esos contratos, UTE les paga a los generadores privados US$ 500 millones anuales como costo fijo.
El decreto habilita a que un privado se instale y venda la energía —“compitiendo” con UTE— a US$ 30, cuando el ente tiene que pagar durante “15 o 20 años más” a US$ 124 el megawatt, interpretó Pées Boz. “Esto no es una política de mercado, es una competencia imperfecta”, opinó.
Posibles pérdidas y tarifas
Por su consumo eléctrico, las grandes empresas le generan a UTE ingresos por aproximadamente US$ 240 millones anuales y son los potenciales clientes de los productores privados de energía. Con un “cálculo rápido” y considerando que todos los grandes clientes dejaran de ser usuarios de UTE, la empresa pública debería aumentar 15% la tarifa “residencial” (la que pagan los hogares y las pequeñas empresas) para “compensar” esa hipotética pérdida, estimó Pées Boz.
Ese sería un escenario pesimista, que no se concretará porque hay “limitantes” para ser un gran consumidor, aclaró el director. Sin embargo, estimó como escenario más probable que de ese dinero que recauda de los grandes clientes UTE dejará de recibir US$ 100 millones si entra a regir el decreto. Según el director, para compensar eso se debería aumentar entre 5% y 6% la tarifa de los clientes residenciales.
En los considerandos del proyecto de decreto —al que accedió Búsqueda—, el MIEM afirma que es “necesario implementar otra metodología en el cálculo de la potencia firme de largo plazo que permita incorporar a su determinación las energías renovables no convencionales y futuras tecnologías”.
Para Pées Boz, en cambio, cualquier inversor que se instale no podrá “garantizar las 24 horas” la energía y “tendrían que hacer inversiones para complementar las horas en las que no hay sol, lo que no van a hacer”. UTE fue “el único” actor del mercado que “invirtió durante muchos años para tener sustentabilidad” y “potencia firme en serio”, agregó.
“El decreto es un invento. En 11 carillas, hay un jeroglífico donde en lugar de decir la sencilla, que sería ‘elimino la potencia firme’, la dibujan. Y hacen una cantidad de algoritmos y corren una cantidad de estadísticas y de comportamiento climático para ver en un momento pico cómo respondió cada una. ¿Qué tiene que ver eso con la potencia firme? Nada. Eso no es potencia firme, eso es aporte al sistema”, argumentó.
Otra pregunta que le surgió al director cabildante es qué pasará con las inversiones del ente en el nuevo escenario que propone el decreto. “¿UTE seguirá invirtiendo para todos o solo para UTE? Hoy tiene la obligación de todo el sistema nacional e invierte para todo el sistema. ¿Y después son giles que van a seguir invirtiendo para los privados, que están haciendo su negocio?”, se preguntó, refiriéndose a las autoridades de la empresa pública.
El ingeniero y el economista
Este no es el primer cuestionamiento de Pées Boz a una política del MIEM. En octubre había comparado los planes de inversiones en hidrógeno verde impulsados por esa cartera con el fallido proyecto de la regasificadora Gas Sayago.
El director sostuvo que piensa distinto al ministro Paganini, aunque se llevan “muy bien”. “Él sabe que yo voy de frente. Yo soy economista, cuando lo que más existe en el mundo de la electricidad son los ingenieros. Muchas veces la crítica es por diferencias de enfoque: el ingeniero quiere que haya electricidad y yo lo que quiero es que haya electricidad a un costo razonable”, comparó.
Pées Boz dijo que no tiene “directivas partidarias” desde Cabildo Abierto que le indiquen que debe “callarse la boca” por ser parte del gobierno. “Entonces tengo la obligación de decir mi verdad, que igual no pesa porque en la coalición somos cuatro”, comentó.
