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Uruguay Concursa es la plataforma electrónica para acceder a diferentes empleos disponibles en la administración pública. Por ley, muchos de esos trabajos deben estar dirigidos a personas con discapacidad, pero el entorno digital complica sus postulaciones. El gobierno pretende cambiar esta situación y la accesibilidad general de la población a los contenidos digitales del Estado con un decreto que establece exigencias para todos los organismos públicos. Específicamente señala que toda la información y otros contenidos disponibles mediante tecnologías web en Internet, intranets y cualquier tipo de redes informáticas, se hagan utilizables por el usuario, mediante el uso de equipamiento adecuado, más allá de su contexto y condiciones personales, incluyendo las personas con discapacidad.
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El decreto, publicado el 22 de diciembre con la firma del presidente Luis Lacalle Pou, reglamenta el artículo 88º de la ley de presupuesto de 2020, que establece que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán asegurar la accesibilidad para contenidos web de acuerdo con ciertas normas y requisitos.
Estos requisitos fueron definidos por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), en un documento que tomó como referencia las buenas prácticas y recomendaciones internacionales de la Web Accesibility Initiative del World Wide Web Consortium (W3C - WAI). La Agesic será la encargada de realizar un monitoreo periódico del cumplimiento de las normas y publicar los resultados, previendo mecanismos de reconocimiento para aquellos organismos que cumplan de mejor manera con lo estipulado.
“La accesibilidad digital es el resultado de diseñar y desarrollar servicios y productos digitales para que el mayor número de personas puedan usarlos, independientemente de sus condiciones personales y de su entorno”, estableció la Agesic en el texto fechado en abril de 2022, que sirvió de base al proyecto oficial.
El decreto presenta los requisitos que deben cumplir los servicios y productos digitales para ser considerados accesibles, indica la guía titulada Requisitos técnicos de accesibilidad Área: Programa de accesibilidad en entornos digitales, que además de ser obligatoria para todos los organismos públicos, en todos sus niveles, podrá también serlo para ciertos sectores específicos de la actividad privada. Forma parte de un programa más amplio de Agesic que busca mejorar el posicionamiento en buscadores (SEO) de las herramientas digitales del Estado y que las plataformas estatales “impacten positivamente” en la diversidad de usuarios y sus necesidades.
El decreto establece que todas las soluciones tecnológicas nuevas de los organimos públicos deberán cumplir con los requisitos minimos de accesibilidad. Para las herramientas ya operativas cada entidad deberá en el plazo de un año elaborar un plan de adecuación.
“Responsabilidad social”
“Impulsar la adopción de estándares y buenas prácticas de accesibilidad en entornos digitales es uno de los cometidos de Agesic desde sus inicios. Es parte de su alcance permitir un acceso universal a los entornos digitales, independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, localización geográfica y capacidades de las personas”, expresa otro informe de la agencia de enero de 2022.
El trabajo señala que la accesibilidad en sitios web públicos “demuestra la responsabilidad social” de un país y menciona en concreto la accesibilidad de los llamados a Uruguay Concursa. “Entre otros fundamentos, la nueva normativa apunta a atender los desafíos que persisten para garantizar el ejercicio de derechos de las personas en situación de discapacidad en condiciones de igualdad, y contribuir a derribar las barreras garantizando que la información y los servicios digitales del Estado sean accesibles”, apunta.
A partir del decreto, todos los organismos públicos tendrán que cumplir con requisitos técnicos mínimos y con sus correspondientes actualizaciones. Así, “todo contenido que no sea texto debe tener su alternativa textual —por ejemplo imágenes, iconos, gráficas, tablas y mapas de imagen deben tener un texto alternativo que describa el significado—, deben incluirse transcripciones para audio (podcast y archivos MP3), subtítulos para los videos, el contraste en la web será aumentado y se recomienda evitar los captcha, las pruebas desafío-respuesta utilizado por sitios y servicios web que intentan proteger del spam y del descifrado de contraseñas comprobando mediante identificaciones sencillas de letras, cifras o imágenes si el usuario es un internauta humano y no un robot”, establece el decreto.
“Si son indispensables, de preferencia deberá utilizarse captcha invisible. En caso de captcha tradicional proporcionar formas alternativas de captcha para distintos tipos de percepciones sensoriales, por ejemplo visual y auditivo”, agrega la reglamentación.
Otros requisitos establecen evitar instrucciones del tipo “haga clic en el ícono cuadrado para continuar” o “las instrucciones están en la columna de la derecha”, y utilizar el color como el único método para transmitir la información o distinguir elementos visuales. “Los enlaces deben distinguirse de los elementos y texto que les rodean. Si utiliza el color para diferenciar los enlaces, use una forma adicional para distinguirlos (por ejemplo, subrayado)”, plantea.
Este tipo de proyectos ya se aplica en otros lugares a los que Uruguay mira como referencia. En la Unión Europea el acceso a la información y los servicios públicos en línea ha mejorado desde 2018. Según una consulta realizada en 2021, las medidas que la comunidad impuso para desarrollar la accesibilidad han permitido “fortalecer la inclusión social y digital” ya que el nivel de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles del sector público “han mejorado y reducido las dificultades que experimentan las personas con discapacidad”.
